Revista Planeo Nº 53; Crisis hídrica y comunidades, Septiembre 2022
[Por: Diego Carvajal]
Mayarí Castillo es académica del Centro de Economía y Políticas Sociales, Universidad Mayor, Chile. Es Master en Ciencias Sociales por la Facultad de Estudios Latinoamericanos (FLACSO – México) y Doctora en Sociología por la Freie Universität Berlin. Sus áreas de conocimiento son desigualdad y pobreza, conflictos urbanos/ambientales y justicia ambiental, pueblos indígenas y metodologías cualitativas. Es también investigadora del Centro Interdisciplinario de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR), fellow en The Maria Sibylla Merian Center for Advanced Latin American Studies (CALAS) e investigadora asociada al Observatory for Socioeconomic Studies Max Planck. Actualmente se desempeña también como Directora de Doctorados de la Universidad Mayor.
Consuelo Biskupovic es Socióloga y Antropóloga, Université París X, Nanterre. Master en Ciencias Sociales, mención Sociología, Ecole Normale Supérieure. PhD en Antropología, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales y Universidad de Chile. Desde el 2006 sus investigaciones se centran en las relaciones entre sociedad civil y medio ambiente. Actualmente, investiga sobre participación y cambio climático. También se interesa por la escritura etnográfica y metodologías cualitativas. Es profesora asistente del Centro de Economía y Políticas Sociales de la Universidad Mayor, investigadora de la Línea 4 del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres e investigadora responsable del Proyecto Fondecyt Iniciación Nº11200545 y del Proyecto ECOS-ANID C20H01. También es co-investigadora del Fondecyt Regular Nº1210858.
Mayarí Castillo
Las cuencas en donde hay crisis y conflictos, como sucede en el norte, son territorios extractivizados y, por ende, están muy presionados, afectando a las comunidades, por ejemplo, atacameñas en el norte, con la explotación del litio de la gran minería, y perjudicando practicas prehispánicas, como las labores de los pequeños agricultores y regantes
¿Cómo se manifiesta el interés por investigar desde la antropología los “recursos naturales”, y en especial los hídricos?
Consuelo: No estamos tan de acuerdo con el concepto de “recursos naturales”, porque esto implica seguir viendo la naturaleza como un recurso que sirve a los humanos. Nos gusta pensar, en tanto investigadoras, en las relaciones humanas con sus entornos, las que transcurren un mismo plano, incluyendo distintas entidades. Desde un enfoque antropológico, pensamos entonces lo hídrico en relación con lo social, y los “hidropoderes”.
En el proyecto FONDECYT regular en el que estamos, trabajamos con una conceptualización que incluye la perspectiva social, lo “sociohídrico” o “hidro social”, que justamente da cuenta de esta relación entre los distintos elementos en relación con la naturaleza e interacciones humanas. De ahí que los enfoques teóricos con los que estamos trabajando son de carácter interdisciplinar. Al trabajar sobre manejo de agua en riego y escasez, necesitamos un enfoque como este que incluya a la vez distintas perspectivas, desde lo comunitario, hasta las ingenierías. También nos gusta pensar la importancia de la dimensión comunitaria y de cómo las labores que se realizan desde ahí son sumamente importantes para el cuidado del agua y la mantención de ella.
Pensando en el agua como entidad explotable, pero también como fuente de interacción social en comunidades rurales, por ejemplo. ¿Cómo se van transformando las prácticas comunitarias y el territorio en zonas de escasez?
Mayarí: Hay una transformación del mundo comunitario y en los territorios de larga data, en la cual la escasez es uno de los elementos en un contexto de cambios productivos y sociales a nivel general. La escasez en Chile tiene que ver, por un lado, con falta de precipitaciones, pero también con estas transformaciones en la matriz productiva desde hace un tiempo ya largo, que han empujado usos más intensivos del agua, una mayor concentración de la tierra y una concentración de los derechos de agua. Y en ese marco podemos ver dos tipos de transformaciones comunitarias frente a la escasez. Por otro lado, vemos una un fortalecimiento de la red comunitaria en torno a la administración de cuenca y fuentes de agua. Hay casos que son bien emblemáticos de eso, como la cuarta región Petorca, Chiloé, Aconcagua, donde las situaciones críticas han empujado, en el fondo, a una mayor red organizacional y una respuesta comunitaria importante frente a la crisis.
En otros lados lo que hemos podido observar es un aumento de la conflictividad de los actores, porque evidentemente cuando hay menos agua hay también un mayor conflicto entre ellos, gatillados en algunos casos por ciertas conductas ilegales o poco éticas por parte de ciertos actores del sistema, como lo que han sido los robos de agua que han sido documentados en varias cuencas, y que evidentemente tensionan la convivencia. Pero en ambos escenarios, creemos que podemos resumir los cambios de más larga data en la forma de producir, en la importancia que tiene la agricultura en el ingreso familiar, pero también en la mayor importancia que algunos elementos culturales y organizacionales en torno al agua comienzan a adquirir, como pueden ser la limpieza comunitaria de canales o las comunidades de regantes, que hoy en día frente a la crisis son claves para asegurar el manejo de la poca agua que queda.
¿Cómo se pueden describir las desigualdades y tensiones sociales que se dan en contextos de alta explotación y de precariedad por acceso? ¿Existen recepciones críticas y/o resistencias en las zonas de crisis hídrica?
Mayarí: Antes de hablar de las resistencias, es bueno plantear el escenario de donde estas nacen. La desigualdad en términos de distribución del uso y usufructo del agua en Chile es importante, alrededor del 70% del volumen de agua es usada para la agricultura, y dentro de este sistema, el 1% de los titulares de agua concentra el 79% del volumen total del agua. Eso quiere decir que estamos observando una desigualdad por dos lados, por una parte, el agua se concentra en un cierto sector, que en este caso tiene que ver con la agricultura intensiva y extensiva para la exportación, primordialmente. Por otro lado, se concentra también en ciertos usuarios de este sistema de producción agrícola que son los grandes productores. Esta concentración del agua impacta, no solo en términos del acceso que tienen las comunidades al agua, sino también en desigualdades de acceso de poder y de influencia en la toma de decisiones respecto a qué es lo que se va a hacer con el agua. Eso creemos es súper relevante: los diferenciales de poder de los actores. Esto se ha observado también en tanto en las discusiones de la reforma del Código de agua, como en las discusiones de la reforma de la ley de riego, en donde hemos visto actores que tienen una visibilidad mucho mayor, un poder de lobby y un acceso a los tomadores de decisiones, que es bien distinto de lo que tienen otros actores.
Consuelo: Para complementar, un punto importante es que las cuencas en donde hay crisis y conflictos, como sucede en el norte, son territorios extractivizados y, por ende, están muy presionados, afectando a las comunidades, por ejemplo, atacameñas en el norte, con la explotación del litio de la gran minería, y perjudicando practicas prehispánicas, como las labores de los pequeños agricultores y regantes. Entonces, la misma cuenca que abastece a la pequeña agricultura, con huertos familiares, hoy provee mayoritariamente de agua a la explotación del litio. Entonces ahí está la desigual distribución del agua, en un contexto de extrema fragilidad, además.
Mayarí: Respecto al tema de la organización y la resistencia, creemos que lo que estamos observando es que cada vez hay comunidades más organizadas en torno al uso del agua, proceso que va aparejado de un nivel de conflictividad importante que se manifiesta en la última década. Chile es uno de los países que tiene mayor cantidad de conflictos socio ambientales según EJAtlas, y eso tiene mucho que ver con esta presión extractiva sobre agua, la tierra, los bosques, las zonas costeras. El caso del agua ha sido bien emblemático porque precisamente esta conflictividad se hizo evidente en el espacio público el 18 de octubre, en donde pudimos ver que una de las cosas que se levantó con fuerza en ese ciclo de protestas, fue la demanda por el agua. Esto se vio también en el proceso constituyente, en donde independiente del resultado, la cantidad de firmas que obtuvieron durante el proceso constituyente las iniciativas que tenían que ver con el derecho al agua, siendo de las más votadas y luego consagradas en varias secciones del escrito. Esto fue producto de un trabajo importante que se hizo a nivel comunitario para tratar de incidir en espacios de toma de decisiones.
¿Existen alternativas o estrategias para sobrellevar esto desde los diferentes actores involucrados? ¿hay sinergias entre entidades institucionales, comunitarias o académicas?
Mayarí: Justamente el proyecto que tenemos es sobre la “interfaz” entre política pública y los distintos actores en relación con la escasez. La principal herramienta del Estado hasta ahora se ha concentrado en aumentar el acceso riego tecnificado o revestimiento de canales para enfrentar la crisis. Sin embargo, eso sabemos que no ha beneficiado de igual manera la pequeña agricultura y a la agricultura indígena. Para tratar de aumentar la cobertura de la pequeña agricultura, y protegerla frente a los efectos de la escasez, hay algunas iniciativas exitosas de coordinación entre INDAP; CONADI y CNR en la novena, cuarta y séptima región. También hay experiencias bien importantes de colaboración entre actores comunitarios, estatales y actores de otros tipos, en torno a los programas de agua potable rural, que finalmente es ahí donde nosotros podemos ver también comunidades organizadas con instituciones estatales para mejorar el acceso y ahí hay casos r en todo el país. En términos del acceso de agua potable rural este es un programa que, si bien no tiene tanto “bombo”, por así decirlo, es súper exitoso en términos de la colaboración frente a las problemáticas de la escasez y los problemas en el acceso al agua.
Finalmente, pudimos ver en el proyecto, que también hay otras instituciones que tienen coordinaciones con organizaciones de la IV región, donde también se han intentado estos manejos utilizando ciertas instituciones a nivel estatal, pero a nivel municipal, donde hay un apoyo decidido de ciertas autoridades municipales en realizar acciones que protejan a población frente a la amenaza de la escasez, que en esta zona en particular es bien grave. En la región de la Araucanía y también del Maule, también hemos visto una gestión de distintos actores de distintas escalas de producción que también participan o que son parte de las “Asociaciones de Canalistas”, que son muchas organizaciones de usuarios del agua, donde todos tienen una participación diferente obviamente, pero les permite de alguna manera tener acceso al agua en momentos de crisis.
¿Cuál es la incidencia y el rol de las políticas públicas en Chile en contextos de escasez hídrica? ¿existen lógicas o trabajos intersectoriales en materias tan transversales?
Mayarí: Lo que sucede con el Estado es que en Chile hay poco trabajo para enfrentar la escasez hídrica como un tema que llegó para quedarse, y donde también hay poco trabajo de prevención frente a los efectos que esto tiene en las comunidades. Más allá de los subsidios de riego y los decretos de escasez, no existen planes orientados a esto. Eso es un problema porque finalmente lo que esto implica es que no existen hoy día políticas públicas orientadas a pensar en temas de agua en miras de los cambios que vamos a observar en la próxima década en relación con el cambio climático. Creemos que aquí hay un diagnóstico y una acción que viene tardía, por ejemplo, el año pasado, que fue uno de los años más graves de sequía y que fue muy crítico en las zonas que hemos documentado, se hizo un plan que se llamó el “plan sequía”, que básicamente consistía en fortalecer las asignaciones de riego y algunas formas de revestimiento temporal de canales. Pero esto llega tarde a las comunidades que ya está con problemas de escasez declarada.
Consuelo: Por otro lado, una falta de precipitación sostenida, no se soluciona necesariamente solo con el “riego tecnificado”. Entonces, quizás falta una política a nivel estatal con capacidad de mirar la matriz productiva y agrícola que tenemos y ver cuáles son las posibilidades reales de “producir”, de intervenir los territorios. Necesitamos una política más comprensiva orientada a la adaptación a una escasez sostenida. Quizás ahí podemos destacar el hecho que el Estado ha tenido un rol también importante en producir y reproducir ciertas situaciones de injusticia hídrica porque en las instituciones domina “la mirada ingenieril”, donde básicamente se hacen los proyectos más baratos y de menor costo, no pensando el problema de base que se da en la experiencia y gestión comunitaria del agua. La “mirada ingenieril” predomina hacia producir un riego tecnificado y macro-intervenciones, siendo la lógica que ha dominado las políticas públicas.
Para cerrar si pudieran hacer una síntesis de lo conversado y pensar en cómo proyectan estos temas hacia el futuro
Consuelo: Lo primero, lo fundamental, es cambiar la Constitución, para que el agua deje de ser un “recurso” privado, y sea un derecho el acceso al agua, y que, en el fondo, en la gestión del agua pueda intervenir el Estado, pero desde una perspectiva diferente a la que hemos hablado respecto a la gestión hídrica, que se focaliza en el riego. Apuntar también a conciliar y revertir mejor el diagnóstico que ya existe, y que están viviendo hace varios años las comunidades. No podemos hacer que llueva más, pero si podemos pensar en la articulación de los distintos actores que están en el territorio y en particular apuntando a una mirada hacia él, sobre todo, en los contextos de mayor tensión, como el contexto minero, forestal, agrícola. Es ahí donde hay que apuntar y poner más apoyo desde las políticas públicas.
Mayarí: Hay que observar en qué estamos usando el agua, y sí es que realmente queremos seguirla usando en lo que la estamos usando, porque básicamente casi toda el agua que tenemos hoy día la estamos dedicando a la agricultura intensiva y de agroexportación, lo que nos plantea una pregunta que va más allá del uso del agua ¿cuál es el modelo de desarrollo que queremos instalar? ¿cuál es el tipo de agricultura que queremos? Porque hay una arista que también estaba súper vinculada a los temas de agua, y que tiene que ver con la producción de alimentos. Por eso es que es importante pensar en que tipo de agricultura queremos, porque el agua hoy en día no se está usando ni para ducharnos en menos de tres minutos, ni para ni para regar el pasto, sino que para esto.
Esa maraña también tiene que ver con que los actores del sistema hoy se encuentran en una situación muy asimétrica en términos de poder. Entonces es difícil pensar una redistribución de usos del agua en un contexto de crisis, sino modificas dos aspectos fundamentales: por un lado, el modelo de desarrollo, es decir, para qué quieres usar el agua y, por otro, la legislación que tenemos. Sobre el segundo punto, la reforma al código de aguas ayudó, pero sigue siendo el agua un bien que se vende en un mercado y eso implica que, cuando tú tengas muy poca agua, vas a tener que decidir a quién tienes que entregársela y mientras exista un derecho de propiedad inviolable sobre ella, es difícil que tú puedas redistribuir a quien más lo necesita. De manera adicional, código de agua no es una reforma retroactiva, por lo que aplica sobre alrededor de un 6% que tú todavía puedes entregar.
Otro de los desafíos es comprender rol que tiene el agua, no solo en temas productivos, sino también en temas culturales y en temas ecosistémicos, como ha quedado referido en los artículos del borrador de la nueva Constitución que están específicamente pensados en como garantizar no solo el agua para el uso humano, sino también el para el uso los ecosistemas. Creemos que eso es clave, porque finalmente eso tiene que ver con los efectos que esto va a tener en la población que vive en estos ecosistemas. Sin duda que el cambio constitucional es, no sé si es la solución definitiva al tema de escasez, pero son los primeros pasos decididos a hacer eso posible, porque yo creo que todos sabemos que esto no va a pasar de un día para otro, pero finalmente son los primeros pasos que se deben tomar, antes que esto empiece a afectar el acceso de agua potable a la población de manera grave.