Revista Planeo Nº 53
[Por: Pilar Phillips; Trabajadora Social. Directora Ejecutiva Mesa N°1 Compromiso País: Personas que no cuentan con agua potable ni servicios sanitarios básicos]
Resumen
En la actualidad, según la última encuesta CASEN, más de un millón de personas en Chile no cuentan con servicios sanitarios básicos como agua potable o alcantarillado domiciliario. Esto significa un desafío muy importante para la construcción de un país que busca el desarrollo y la reducción de desigualdades basales de nuestra sociedad, cómo lo es el acceso a servicios sanitarios básicos en el hogar.
Para esto, la mesa de Agua Potable y Servicios Sanitarios de Compromiso País ha levantado un diagnóstico sobre la problemática, y planteado líneas de trabajo para su solución. En términos generales hay una deuda especial con las localidades rurales dispersas, quienes se ven enfrentadas al desafío de no cumplir los parámetros necesarios para ser parte de los programas existentes. Quienes sí pueden acceder a agua potable mediante el programa de Servicios Sanitarios Rurales (SSR), ex de Agua Potable rural (APR) [1]enfrentan trámites que pueden llevar hasta 5 años promedio, sin que estos programas contemplen la entrega de servicios sanitarios básicos.
Este es un desafío enorme, y su responsabilidad no recae exclusivamente en el Estado. Se requiere una articulación de actores y voluntades desde el diálogo y el trabajo colectivo para superar de manera conjunta esta tremenda deuda nacional.
Palabras claves: Servicios sanitarios básicos, Programa Agua Potable Rural, desigualdad territorial.
[1] Regulado por la ley N°20.998
Localidad de Piure. Fuente: elaboración propia
Hoy en Chile existen más de un millón de personas que viven sin servicios sanitarios básicos. Son cerca de 400.000 hogares que carecen de acceso a agua potable o a alcantarillado en sus hogares. Son familias cuyas necesidades más esenciales no están resueltas, y sobre las que rara vez leemos en la prensa o vemos en la televisión.
Esa fue la dura realidad que la Mesa N° 1 – de Agua Potable y Servicios Sanitarios – de Compromiso País se abocó a analizar. La instancia, liderada por el Ministerio de Obras Públicas y que está integrada por representantes de la Fundación para la Superación de la Pobreza, Fundación Huella Local, Quiñenco y la Pontificia Universidad Católica de Chile, realizó un crudo diagnóstico que permite tener mayor claridad del origen del problema y, por lo mismo, las potenciales soluciones que están disponibles.
Aunque parezca increíble, actualmente más de la mitad de la superficie que se encuentra dentro de los límites urbanos a nivel nacional no cuenta con una concesión sanitaria, dejando a más de 67 mil hogares urbanos con un acceso deficitario a los servicios sanitarios básicos. Evidentemente, la situación es aún más crítica en el sector rural, donde cerca de 311 mil hogares registran un acceso deficitario a los servicios sanitarios básicos.
Si bien la sequía y los efectos del cambio climático han profundizado esta problemática, la realidad es que el problema es de larga data y preexistente al contexto hídrico actual. Un ejemplo claro de ello es que la región con mayor déficit de acceso a agua potable y servicios sanitarios es La Araucanía, la cual no está priorizada dentro de los catastros de estrés hídricos a nivel nacional y, por otra parte, es una de las regiones más pobres de nuestro país. [1]Situación similar ocurre en las regiones de Biobío y Los Lagos, tal como se visualiza en el siguiente gráfico:
[1] Desde perspectivas de pobreza multidimensional y con brechas de acceso y calidad en otros derechos fundamentales como educación, salud entre otros.
Img 1. Distribución regional de personas sin acceso a agua potable. Fuente: Diagnóstico Mesa 1 Compromiso País: Personas que residen en una vivienda sin servicios sanitarios básicos, 2019
[1] Desde perspectivas de pobreza multidimensional y con brechas de acceso y calidad en otros derechos fundamentales como educación, salud entre otros.
Lo mismo ocurre con la situación de alcantarillado domiciliario:
Img 2. Distribución regional de personas sin acceso a sistema de eliminación de excretas. Fuente: Diagnóstico Mesa 1 Compromiso País: Personas que residen en una vivienda sin servicios sanitarios básicos, 2019
Esta radiografía, que se puede revisar en mayor detalle en el libro de diagnóstico elaborado por la Mesa, [1] nos lleva a la primera gran conclusión: la falta de acceso a agua potable o baño no está relacionada exclusivamente con la creciente escasez hídrica en el país, sino con problemas en la capacidad de gestión del agua y de los procesos administrativos asociados a las soluciones disponibles, como los sistemas de SSR – APR.[2]
El programa de SSR, si bien ha disminuido ampliamente la brecha existente desde antes de su creación, es insuficiente para atender la demanda y presenta problemas de gestión importantes. El primero de ellos, dice relación con los tiempos de tramitación. Según el diagnóstico levantado, el desarrollo de un APR/SSR MOP toma, en promedio, cinco años, correspondiendo más de la mitad de este período a trámites administrativos y el resto a la ejecución de las obras. Además de la burocracia asociada a su desarrollo, tampoco existe una unificación de los criterios de diseño respecto al programa, por lo que las distintas entidades involucradas (MOP – MIDESO – SALUD), operan con fundamentos autónomos, complejizando y ralentizando el trámite.
Adicionalmente, la Mesa N°1 de Compromiso País evidenció que existen importantes brechas de acceso a los recursos destinados a estos programas. Los costos asociados a las postulaciones, las capacidades técnicas requeridas para levantar la información de base o las características geográficas de las localidades dificultan que municipios rurales de menores recursos puedan postular a este programa, siendo que son justamente los más afectados por esta realidad.
[1] Disponible en http://www.compromisopais.cl/mesa1.html
[2] El programa de agua potable rural se ejecuta en Chile desde el año 1964, en dónde el Ministerio de Obras Públicas, ejecuta infraestructura que permite el acceso a agua potable para comunidades rurales concentradas y semi concentradas a lo largo del país.
A lo anterior se añade que existe un número importante de familias y localidades dispersas que ni siquiera pueden optar a un sistema de SSR. Éstas son localidades que abundan en el campo chileno, cuyas características demográficas y geográficas hacen que la implementación de estos sistemas no sea factible dado los criterios utilizados por los organismos gubernamentales para aprobar su ejecución. Al no existir otro programa similar, esas familias quedan fuera de las posibilidades de acceso a agua vía política pública, significando no solo una merma en su calidad de vida, sino también altos costos para los municipios rurales donde residen estas comunidades.
La normativa hídrica existente, no facilita el escenario. Existe escaso o nulo incentivo a la innovación o a probar otro tipo de sistemas y tecnologías, y la normativa es poco flexible en torno a la reutilización significativa de las aguas grises para consumo humano. Esto genera que los costos de implementación de infraestructura adecuada, no sean equiparables con los beneficios de reutilización asociados. Además, impide reutilizar el agua para consumo domiciliario. Esto es especialmente complejo dado el contexto de sequía actual, en dónde no abunda el recurso, y esta alternativa pudiese solucionar y/o aminorar a largo plazo el problema en comunidades que hoy no cuentan con fuente disponible.
Sin duda nos enfrentamos a un escenario de profundos desafíos. El acceso a agua potable y servicios sanitarios es un derecho humano básico según consignan los tratados internacionales firmados y ratificados por el gobierno de Chile, tales como el pacto internacional de derechos civiles y políticos y el pacto internacional de derechos sociales, económicos y culturales en sus artículos 11 y 12 (1966), además del art. 11 del protocolo San Salvador de la convención Americana de Derechos Humanos (1988), y resulta un criterio ineludible para el desarrollo de las naciones en condiciones de dignidad y justicia mínimas, por lo que, pese a los esfuerzos, Chile está claramente al debe. Si bien se han hecho avances significativos, como la conformación de una mesa nacional del agua, que está tratando de manera intersectorial y coordinada muchos de estos problemas presentados, y los proyectos impulsados por la mesa de N°1 que van en la línea de solucionar las problemáticas previamente enunciadas, queda un largo camino por recorrer para permitir que el agua y el saneamiento sean un bien incuestionable para todos los chilenos, especialmente para aquellos más vulnerables. Creemos de manera ferviente, que la única manera de poder hacer esto, es desde el diálogo y desde la articulación de todos los actores de la sociedad en soluciones innovadoras y colaborativas.