[Por Isabel Serra]
La construcción de la ciudad es el resultado de la interacción de diversas visiones que no siempre confluyen en una misma dirección. Sectores divergentes entran en pugna para imponer su postura: intereses públicos, privados, y ciudadanos establecen un juego de poder durante la negociación urbana. Esta transacción es finalmente el resultado de un proceso de toma de decisión que define una posición ideológica y una lógica económica que determina su modelo de crecimiento.
El objetivo de las políticas públicas de ciudad, es dar gobierno a estos intereses y orientar la discusión en un marco regulatorio transparente que dé garantías de igualdad de condiciones en un juego que no siempre es equilibrado. En nuestro país la falta de una Política Nacional de Desarrollo Urbano que enmarque este proceso ha dificultado esta discusión y por ende, el desarrollo armónico y sustentable de nuestras ciudades. La ausencia de política ha generado a través del tiempo instrumentos de planificación obsoletos, una institucionalidad debilitada, autoridades poco idóneas que establecen negociaciones discrecionales y que finalmente dan como resultado la construcción del polémico proyecto Costanera Center.
En primer lugar, este proyecto revela la obsolescencia del instrumento que debió prever esta situación. El Plan Regulador Metropolitano de Santiago no fue capaz de establecer que este predio tenía un carácter metropolitano, que era un lugar estratégico para la ciudad y una oportunidad única de construir un proyecto urbano de calidad. A su vez, no logró definir que esta era una zona saturada que debía ser planificada con mayor detención. El instrumento público fue incapaz de hacer frente a la fuerza del proyecto de inversión privado, que con una mirada de corto plazo, respondió únicamente a intereses económicos e inmobiliarios, el Estado abandonó su rol regulador y le confirió al mercado las decisiones urbanas sin cuestionarlas.
Estableciendo que el PRMS no logró responder a los requerimientos de una ciudad en constante crecimiento, el principal problema que plantea este proyecto, es la pertinencia del lugar donde se toman las decisiones urbanas, en este caso, la decisión de escala metropolitana fue resuelta a escala local. Esta pieza estratégica de gran magnitud y que se emplaza en el vértice de tres importantes comunas de Santiago se aprobó en la Municipalidad de Providencia casi sin ninguna coordinación intersectorial o intercomunal que regulara su condición de proyecto metropolitano y velara por la mitigación de sus externalidades en un contexto mayor a su radio inmediato. A esto se suma que la negociación se realizó de manera disgregada en el tiempo y en el espacio lo que impidió obtener una mirada integral del proyecto y su impacto.
Claramente la disociación en la toma de decisión fortaleció los enormes beneficios privados y consolidó los altos costos públicos que género su construcción. El órgano local no tuvo las herramientas suficientes para enfrentar la complejidad del proyecto y a su vez, los esfuerzos desde el gobierno central que se hicieron para abordar esta problemática resultaron infructuosos frente a la fuerza del proyecto privado. La descoordinación, la multiplicidad de esfuerzos desconcentrados y finalmente la falta de voluntad política impidieron la realización de una negociación óptima para la ciudad.
Esta fragilidad institucional se consolida con la inexistencia de una autoridad central que coordine los asuntos de ciudad. Actualmente las autoridades que tomas las decisiones urbanas carecen de legitimidad técnica y política. Estos representantes no poseen las competencias suficientes para tomar decisiones de largo plazo en materia de inversiones urbanas y tampoco responden a mecanismos de accountability que incentiven la ejecución eficiente y eficaz de los proyectos. Las negociaciones que establecen carecen de la transparencia necesaria para establecer un monitoreo lo que permite un alto grado de discrecionalidad en la transacción con el privado. Es una realidad que nuestras autoridades juegan un rol poco tranparente que no responde al bien común, sino a una relación de compromiso con una industria que al mismo tiempo regula.
Este proyecto nunca consideró al tercer sector durante los años de negociación, lo que es un grave error. Los procesos de toma de decisión pública en materias urbanas que no consideran la participación ciudadana en igualdad de condiciones, no permiten conseguir la legitimidad del proyecto ni el consenso de una visión de ciudad. En este sentido, es de vital importancia que la discusión que se está llevando en estos momentos sobre la nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano PNDU, incluya la participación activa, informada y vinculante de la ciudadanía en los procesos de negociación. Finalmente, los ciudadanos son los que gozan y padecen estos proyectos de gran envergadura que se elaboran y deciden de manera poco transparente a manos de expertos, pero que luego de este resultado, pareciera ser que no lo son tanto.