[por Gino Pérez Lancellotti]
Introducción
A fines del mes de Mayo se realizó en la ciudad de Antofagasta, el Seminario “Nueva Política Urbana para Chile”, actividad que se está llevando a cabo en varias ciudades del país dentro de un trabajo en conjunto entre el PNUD, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y las Secretarias Ministeriales del MINVU de todas las Regiones. El Gobierno se propone generar un nuevo marco legal en materias de ciudad, considerando que la Política de Desarrollo Urbano en Chile fue derogada el año 2000[1].
Uno de los objetivos que persiguió este Seminario específicamente, fue dar a conocer algunos estudios estadísticos urbanos sobre al crecimiento y desarrollo de nuestras ciudades, sus proyecciones y desafíos para el futuro y recoger las opiniones de la comunidad para posteriormente poder elaborar un documento con un diagnóstico por región para la formulación de una Nueva Política Urbana para Chile. En este mismo sentido, interesaba sobre todo recoger las opiniones en una primera etapa y hacer converger las actuaciones de los diversos organismos públicos y actores privados que intervienen en la planificación y desarrollo del territorio y nuestras ciudades para lograr a futuro una mejor planificación, compatibilizando los diversos usos con una administración eficiente del territorio.
El territorio de la región de Antofagasta
Algunas de las temáticas que se expusieron y discutieron fueron, en primer lugar, la necesidad de reconocer las diferencias existentes en todo el territorio de nuestro país y especialmente en la macro zona norte, y resaltar la importancia que tienen los Oasis, los cuales son fundamentales para los asentamientos humanos emplazados en uno de los desiertos más áridos del mundo y de esta manera incorporar y asumir también la variable riesgo que el territorio le imprime a estos asentamientos tanto en la costa como en el interior.
En segundo lugar, se impone generar nuevos instrumentos de planificación territorial más eficiente flexible y estratégicos. Sin duda que el proceso de aprobación de nuestros Instrumentos de Planificación territorial (IPTs) no van a la misma velocidad que la trasformación de nuestras ciudades. Junto con lo anterior, y una vez aprobados, los IPTs suelen quedar inmediatamente obsoletos y carentes de mecanismos de gestión para su implementación. Ejemplo de esto es la imposibilidad de urbanizar suelos fiscales en áreas de extensión urbana que den cabida no solo a los programas habitacionales, sino a todo el crecimiento urbano.
En tercer lugar, las áreas rurales de la región de Antofagasta son administradas en su gran mayoría por el Estado a través de Bienes Nacionales. Son vastas áreas desérticas con enclaves de industrias de extracción minera metálica y no metálica en tensión con áreas de Oasis y Ayllus, acuíferos, salares, sitios arqueológicos, zonas protegidas y asentamientos humanos de los pueblos originarios. Una de las preguntas que surge es ¿cómo poder compatibilizar estos usos tan diferentes en un mismo territorio?
Sobre la planificación urbana
Dentro del tema ciudad, uno de los aspectos que se dieron a conocer por parte de la Seremi Minvu de Antofagasta, es la desproporción existente entre la gran cantidad de hectáreas incorporadas a los planes reguladores como zonas de expansión urbana versus las áreas efectivas que se encuentran dentro del área operacional de la empresa sanitaria en la región con factibilidad de agua potable. Otro aspecto no menor, y que afecta sobre todo a las ciudades de Calama y Antofagasta, es el problema de la movilidad por el aumento del parque automotriz. Se suma a lo anterior el incremento de nuevos proyectos habitacionales en base a torres de departamentos que se van desarrollando en forma parcializada, con lo cual se evitan los estudios de impacto vial. Esto a la larga, y a medida que se van terminando y ocupando estos conjuntos habitacionales, producen una presión adicional y saturan las ya congestionadas vías expresas existentes en la ciudad. Un último aspecto que revelan los estudios presentados en este Seminario, apuntan sobretodo a la segregación socio espacial que ya no se caracteriza por la típica polarización norte sur, sino que se observa más mezclada en las áreas urbanas más centrales de nuestras principales ciudades de la región.
Los temas pendientes
Quedan aún temas pendientes por discutir, como las grandes inversiones para los próximos 10 años en proyectos mineros que sin duda impactarán en el desarrollo y el crecimiento de las principales ciudades de la región. También queda por discutir la puesta en valor tanto del patrimonio arquitectónico existente como de los valores paisajísticos y arqueológicos, así como la incorporación en la ley de normativas medio ambientales incorporadas a nuestros IPTs.
[1] “La legislación en materia urbana, contenida en la Ley General de Urbanismo y Construcciones promulgada en 1975, incluyó en sus disposiciones la obligación para el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de dictar una política nacional de desarrollo urbano. En cumplimiento de ello, en Chile se han dictado dos “Políticas Nacionales de Desarrollo Urbano”. La primera de ellas en 1979 y la segunda, que remplazó la anterior, en 1985. Esta última Política Nacional fue derogada en noviembre de 2000. Desde esa fecha, Chile no cuenta con una Política Nacional de Desarrollo Urbano”