Los territorios de disposición final de basura son territorios en conflicto, la Ciudad de México se expone como ejemplo aquí para vislumbrar la toxicidad existente no solo en la ocupación del territorio sino en las dinámicas políticas provocadas por la negociación del espacio y la basura
Revista Planeo Nº 24 Urbanismo Tóxico, Octubre 2015.
[Por, María Carolina Quintana Noriega. Arquitecta, Programa de Maestría en Urbanismo, Universidad Nacional Autónoma de México]
Resumen: Los territorios de disposición final de basura son territorios en conflicto, la Ciudad de México se expone como ejemplo aquí para vislumbrar la toxicidad existente no solo en la ocupación del territorio sino en las dinámicas políticas provocadas por la negociación del espacio y la basura.
Im1. Marcos Betanzos. «Desechos Humanos». 2012. Proyecto #Bordos100
La propia acción de definir una zona del territorio como sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos, provoca el surgimiento de asentamientos irregulares, por la llegada de población que usualmente incluye a familias enteras, dedicadas al pepenado de basura y una presión inmobiliaria que empuja el crecimiento de la ciudad hacia él, como lo explica Roberto Camagni en su Principio de Interacción Espacial: “Toda actividad localizada sobre el espacio físico, […] desarrolla con el entorno que la rodea una compleja red de relaciones bidireccionales […]” (Camagni, 2005: 79)
Comúnmente, la urbanización de estas zonas, tras la llegada de los asentamientos irregulares, se da de manera desordenada, o en el mejor de los casos, con un enfoque de mercado netamente inmobiliario que deja a un lado los criterios de diseño socio-espaciales que pudieron estar previstos, para una interacción entre los habitantes, la comunidad y el entorno, en pro de mayores rendimientos del capital invertido.
En los procesos de urbanización de los terrenos al norte del Bordo de Xochiaca, se comienza a reconocer la presencia de los residuos sólidos urbanos como fuente de ingreso por medio del reciclaje y se vislumbra su posible utilización como fuente de energía, pero el proceso de transformación fue el mismo que en el caso de Santa Fe; el desplazamiento de la población para establecer proyectos inmobiliarios de mayor nivel socioeconómico en la búsqueda de la mejor utilidad financiera sobre cualquier aspecto social.
Es por ello que resulta de gran pertinencia definir las estrategias que pueden seguir los municipios en crecimiento, al momento de encontrarse con la necesidad de incorporar los terrenos de disposición final de los residuos urbanos a suelo urbano, con miras a la generación de lineamientos y criterios de desarrollo replicables en otros municipios, considerando no sólo los factores económicos, legales y de mercado tradicionaes, sino también los socio ambientales, energéticos y de financiamiento alterno, ante la presencia de estos materiales.
ANÁLISIS
Es común que las familias que llegan a asentarse de manera irregular en los terrenos para la disposición final de los residuos sólidos urbanos, pertenezcan a asociaciones sociales que la mayoría de las veces están ligadas a corrientes políticas y que, por lo tanto, suelen entrar en conflicto con grupos adversos a ellos dentro del mismo territorio, sin mencionar también a las empresas dedicadas a la recuperación de distintos materiales de desecho y a un sin número de intereses económicos y políticos propios del control de masas (La Crónica, 2006 – Berthier). Es por ello que surge la necesidad de analizar el funcionamiento administrativo del manejo de los residuos sólidos urbanos desde una perspectiva de operación urbana.
De 1980 a la fecha, se pueden numerar 11 diferentes sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México, de los cuales 4 siguen en activo hasta el día de hoy, siendo el más antiguo el del Bordo Poniente, actualmente en su cuarta etapa y con casi 30 años de operación; y el más nuevo la Planta de Recuperación y Aprovechamiento de Residuos Sólidos de San Juan de Aragón en 2011. (Excélsior, 2012 y El Universal, 2011).
Cabe destacar que a través del tiempo se han observado distintos formatos de centros para el manejo de los residuos sólidos urbanos, desde los formales, regulados y planeados rellenos sanitarios y plantas de selección, hasta los informales y clandestinos tiraderos a cielo abierto, siendo estos últimos el tipo dominante históricamente hasta los años noventa del siglo pasado.
Al día de hoy, la Zona Metropolitana del Valle de México produce 21,000 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos, de las cuales 12,500 pertenecen al Distrito Federal y son recibidas por los rellenos sanitarios del Bordo Poniente y Santa Catarina, en el Estado de México y la planta de selección de San Juan de Aragón (Sheinbaum, 2008).
Esta peculiaridad coloca al Distrito federal en una posición de negociación con los gobiernos estatales y municipales vecinos, y a estos últimos con la responsabilidad no sólo de administrar los centros de disposición final, sino de la posterior coordinación territorial de estas zonas, una vez que han alcanzado su vida útil y del control del crecimiento de la mancha urbana hacia ellos y de sus respectivos asentamientos irregulares.
Fue por ello que en el marco de cooperación metropolitana, el entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, el 28 de abril del 2008, acordó la creación de la Comisión para la Gestión Integral de Residuos Sólidos de la Ciudad de México como órgano interinstitucional que sirviera de conciliador entre esta gran cantidad de intereses generados por la industria de los deshechos sólidos.
En su artículo Octavo, se prevé la facultad a la comisión para “Coordinarse con la Secretaría de Gobierno y las instancias federales, estatales y municipales […]” para proponer “[…] la adopción de estrategias y políticas metropolitanas enfocadas a atender de manera integral la generación, manejo, tratamiento, minimización, aprovechamiento y disposición final de residuos;”
CONCLUSIÓN
Perfectible en muchos aspectos, esta comisión representa un paso importante para la administración urbana en materia de residuos sólidos, toda vez que la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos de 2003 y la propia normatividad de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales mexicana, quedaron rebasadas por las particularidades que representa una metrópoli como la Ciudad de México.
La gestión intermunicipal sin embargo, sigue quedando en muchos casos a la deriva y a disposición de las voluntades de diferentes actores políticos que pueden frenar o buscar sacar partida de la negociación para la ubicación y la posterior administración de los sitios de disposición final de los residuos sólidos urbanos.
Es por ello que respetando la soberanía de los municipios que emana del artículo 115 constitucional, resulta fundamental para la planeación del desarrollo urbano, la revisión de los distintos instrumentos y en su caso, la adopción de modelos como el metropolitano de la Ciudad de México, para poder tener una eficiente administración y operación urbana en nuestros centros de población.