Revista Planeo Nº1 , Chile sin política, Santiago sin plan, Marzo 2012.
Imagen: moputradopol (Flickr)
[Por Arturo Orellana. Ingeniero Comercial Universidad de Chile. Magíster en Desarrollo Urbano, Universidad Católica de Chile. Docente Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales]
Ya ha pasado un mes de iniciado el conflicto en Puerto Aysén, un conflicto que luego se extendió a otras ciudades y centros poblados de la región. Éste no sólo no se logra resolver, sino que sigue entrampando y castigando en las encuestas el accionar del gobierno y cuestionando a la clase política de este país, básicamente por su incapacidad de tener respuestas legislativas adecuadas para avanzar en un país con mayor equidad interregional y subregional.
La principal diferencia e importancia en relación con el conflicto ocurrido hace poco más de un año en su vecina Región de Magallanes y la Antártida Chilena, tiene que ver con el hecho de que no se origina en respuesta a una decisión de política pública o de una empresa del Estado (ENAP en el caso de dicha región), sino que es el resultado de un proceso de acumulación de frustraciones, sensaciones de abandono, desprotección e inequidad fruto de un estado y modelo económico que no les permite alcanzar una calidad de vida acorde con el estándar de desarrollo del país.
Atendiendo los antecedentes de que se dispone sobre el conflicto, así como lo ocurrido en otras regiones y ciudades del país, resulta posible levantar un conjunto de hipótesis que, sin pretender arrojarme su exclusividad en su autoría, me parece que sintetizan adecuadamente las tesis que expliquen donde radican los desafíos de orden legislativo y administrativo que deben abordarse en el afán de construir un país menos centralista y metropolitano. Las hipótesis que se proponen son:
• La doctrina de un estado unitario y centralista en Chile hoy más que nunca está en cuestionamiento a la luz de los desequilibrios inter e intra regionales acumulados y acentuados por décadas.
• El proceso de privatización de los recursos naturales en Chile ha venido de la mano de un mayor crecimiento económico del país, pero al mismo tiempo ha engendrado en los territoriales a escala regional y local más desigual en términos económicos, sociales y ambientales.
• Las estructuras políticas formales que han gobernado por décadas este país han evadido las reivindicaciones de mayor autonomía territorial en Chile, las cuales, aún debilitadas y cada vez más ajenas al interés ciudadano, tienden a centralizar sus modus operandi.
• La incapacidad de este gobierno y de los anteriores para enfrentar estas demandas, radica en que cualquier reforma sustantiva en pro de una mayor descentralización política y administrativa obliga a repensar el Estado y, por ende, también el modelo económico de desarrollo hoy mayoritariamente respaldado por la clase política y los gremios empresariales del país.
• La clase política de este país y los grupos económicos han estrechado de manera importante sus lazos en las últimas décadas, por lo cual mantener la centralización ayuda a viabilizar lo que en otras circunstancias sería más complejo de resolver particularmente en relación a megaproyectos o grandes emprendimientos empresariales.
A riesgo de adelantar los resultados de las tesis que podrían dar o no validez a las hipótesis planteadas, parece posible aventurarse también a plantear algunas lecciones que esta situación nos dejará y que, probablemente, se reafirmen con nuevos focos de conflicto que puedan surgir los próximos meses, como señalando la importancia de entender que:
• Santiago no es Chile, por lo tanto, resulta aconsejable que las instituciones públicas y sus autoridades dejen de actuar bajo este predicamento o de forma paternalista, ya que las respuestas a las demandas que hoy están en la mesa sólo temporalmente aplacarán las molestias si no son resueltas e implementadas de forma descentralizada.
• Los partidos políticos tienen la oportunidad histórica de reinventarse para dar cabida en su agenda y en su orgánica a las reivindicaciones regionalistas, para lo cual deben estar dispuestos a descentralizar también su poder y dejar de gobernar desde Santiago.
• Debe revisarse la actual legislación que rige los derechos de propiedad sobre los recursos naturales en Chile, porque sus externalidades de mediano y largo plazo son mayores a sus beneficios de corto plazo, tal como lo demuestra el hecho que las regiones donde la base económica productiva es fundamentalmente primaria y/o monoproductora es donde la inequidad intrarregional se expresa con mayor fuerza, por ejemplo: la producción forestal en la Región del Bío Bío y la de la Araucanía y la minería en la Región Atacama.
• Y, por último, se requiere desarrollar en Chile una cultura ciudadana que permee toda la estructura de poder formal de este país, donde no se confunda el necesario resguardo del orden público con el sometimiento a los dictámenes de conducta de la autoridad para facilitar y garantizar los acuerdos. Ver en el conflicto una oportunidad para revisar el tipo de sociedad que hemos construido.
¿Qué nos pasó con Aysén? Es muy posible que sea el mejor llamado de atención que hayamos tenido como país en las dos últimas décadas, porque nos interpela como sociedad en términos de la urgente necesidad de pensar y definir qué debemos hacer. Lo anterior, sólo por un fin superior que no es más que garantizar que en cualquier lugar de Chile las personas puedan aspirar a una calidad de vida acorde con el desarrollo promedio que los indicadores internacionales mañosamente nos contentan.