Revista Planeo Nº3, Terremotos, tsunamis y reconstrucción. Mayo 2012.
[por Claudia González]
Imagen: prensa.cl
La literatura coincide en señalar que la relocalización debe ser la última alternativa en los procesos de recuperación y reconstrucción post-desastre. Ello debido a que, en el largo plazo, la comunidad se ve fuertemente afectada, se deshacen los vínculos sociales, tiene generalmente un alto costo, es un proceso lento, etc. (GFDRR 2011).
Sin embargo, en algunas ocasiones es preferible relocalizar que reconstruir. La recurrencia de los fenómenos potencialmente desastrosos es un factor a considerar, como lo son los recursos económicos y humanos disponibles. Pero en Chile, probablemente un factor mucho más relevante es la tenencia de la tierra y los derechos de propiedad. Estos pueden ser considerados como un obstáculo para la toma de decisiones por parte del Estado, en su afán por obrar en pos del bien común.
La propiedad, cautelada por la Constitución, se ha instalado intrínsecamente ligada al modelo socioeconómico, siendo funcional a éste. Aunque el derecho de propiedad puede ser restringido en algunos casos apelando a su función social, como en el caso de Catástrofes Naturales, la expropiación a propietarios y/o el traslado de éstos a terrenos más seguros no siempre es posible, no sólo por una cuestión de oferta de suelo a precios razonables o de la disponibilidad de acceder a terrenos fiscales, sino porque a veces no hay zonas cercanas que sean efectivamente más seguras.
Luego de la erupción del volcán Chaitén, por ejemplo, relocalizar la ciudad homónima fue considerado como primera prioridad. Sin embargo, dicha opción no se implementó a tiempo. Cuatro años después del desastre, esta alternativa ha perdido el apoyo tanto político como económico, ello a pesar de la existencia de propiedad fiscal en el entorno.
Después del terremoto del 27 de Febrero de 2010, en la Región del Maule, por el contrario, los estudios de riesgo elaborados (IEUT UC 2010, INFRACON 2011) han sido una fuente importante en la toma de decisiones en materia de reubicación o de reconstrucción, buscándose que la relocalización ocurra sólo en caso estrictamente necesario a partir de un análisis de la gravedad de los peligros. No obstante, se debe considerar que en gran parte del país, la tierra menos riesgosa y más productiva está en manos privadas, lo que hace más costosa cualquier alternativa de relocalización.
Por supuesto la relocalización no es una medida popular. Incluso los habitantes afectados por el tsunami han insistido en reconstruir en el lugar, por lo que se ha requerido de un proceso de negociación que ha durado dos años. A lo anterior, se debe agregar que los chilenos tenemos una memoria de corto plazo y olvidamos fácilmente cuán recurrentes son lo eventos potencialmente desastrosos y particularmente los sismos.
La recuperación temprana de las actividades económicas en una comunidad es crucial en la resiliencia del sistema urbano. Sin embargo, este proceso ha sido muy lento en el caso de Chaitén, donde ha sido liderado desde el Estado. Cabe señalar que la mayor parte de la población en dicha ciudad estaba empleada en actividades relacionadas con el sector público, de forma tal que si no es el Estado quien las reactiva, difícilmente la población podrá volver a “la normalidad”.
Por el contrario, las regiones afectadas por el terremoto de 2010 son altamente productivas y la población económicamente activa se distribuía en diversas actividades y en empresas de todos los tamaños. La necesidad del sector privado de reactivar la economía se ha convertido en este caso en motor de la reconstrucción. A diferencia de Chaitén, luego del terremoto y maremoto de 2010, una parte importante del proceso de reconstrucción ha sido liderado principalmente por el sector privado, en alianza con el Estado, pero también de manera independiente. No sólo empresas de las regiones afectadas han contribuido, sino también otras, que han desarrollado proyectos en el marco de la Responsabilidad Social Empresarial, descontando además impuestos producto de las donaciones efectuadas.
Aunque la estrategia de trabajo público-privada puede ser más eficiente que la reconstrucción desarrollada desde los tiempos y la burocracia estatal, es necesario poner atención en términos de quiénes son finalmente los que definen la agenda de la reconstrucción y quién establece las prioridades. ¿Es la sociedad civil, es el Estado o es la empresa privada? Cada actor velará por sus intereses, todos válidos, pero a menudo están en confrontación entre sí.
Es cierto que los procedimientos burocráticos de aprobación de los instrumentos de planificación territorial, así como los requerimientos establecidos en los permisos de edificación pueden obstaculizar la rápida recuperación y la reconstrucción de las comunidades y la economía después de ocurrido un desastre. Sin embargo, el desarrollo urbano no puede estar sujeto únicamente a las fuerzas del mercado y la inversión de las empresas privadas.
Los riesgos deben ser incorporados en las estrategias de planificación territorial antes, durante y después de un desastre siempre en busca de reducir la vulnerabilidad de la población y las actividades urbanas frente a la ocurrencia de un evento potencialmente peligroso, pues su inclusión inadecuada o una inapropiada valoración del riesgo pueden finalmente verse reflejada en los daños generados por un desastre (CEPAL 2010).
Referencias.
- CEPAL (2010) Recomendaciones para una Estrategia de Reconstrucción y Recuperación del Terremoto de Chile del 27 de Febrero de 2010, Borrador Para Discusión, 17 De Mayo De 2010, Santiago: CEPAL
- GFDRR (2011) Earthquake Reconstruction, Washington: The World Bank – Global Facility of Disaster Risk Reduction
- IEUT OCUC (2010) Estudio de riesgo de sismos y maremoto para comunas costeras de las regiones de O’Higgins y del Maule. Informe final de síntesis y recomendaciones. Estudio para Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, Ministerio del Interior, Chile.
- INFRACON (2011) Estudio de Riesgo de Sismos, Volcanismo, Remoción en Masa, Inundación por Desborde de Cauces y Canales y Maremotos para Ocho Localidades de la Comuna de Chaitén. Etapa 2: Diagnóstico y Modelación, Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, Noviembre 2011.