Planeo Digital

Revista Planeo Nº11, Residencias Urbanas, Junio 2013

[Por: Felipe Link. Doctor en Arquitectura y Estudios Urbanos, Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile.]

Palabras clave: instrumentos de planificación, instrumentos de medición, datos cuantitativos, políticas públicas, estudios urbanos, confianza, validez.

“El Instituto Nacional de Estadísticas suspenderá el sitio web www.censo.cl, hasta que concluya la auditoría interna al proyecto Censo 2012 solicitada por la Dirección”. Con esta frase se recibe aún a quienes intentan conocer los resultados del último censo de población y vivienda realizado en Chile durante el año pasado. Es decir, por el momento no hay resultados oficiales  y no existe una fecha clara para su publicación y liberación desagregada, a pesar de que en los últimos días se adelantara la fecha del informe de revisión para el próximo 07 de agosto[1].  Por otra parte, la última encuesta de caracterización socioeconómica nacional (CASEN) de 2011 fue cuestionada fuertemente al momento de su publicación, por modificaciones en la fórmula de cálculo de la pobreza, a través de la inclusión de la famosa pregunta “y11” que bajó el porcentaje de pobreza de un 15% a un 14,4%. Desde el Ministerio de Desarrollo Social se argumentó técnicamente para fundamentar la inclusión de dicha pregunta, concluyendo que:

“…la inclusión de la nueva variable, y11a, no implica la inclusión de nuevos ingresos y, por el contrario, su exclusión lleva, necesariamente, a la exclusión de ciertos ingresos que, para el año 2009, se entendían parte integrante del ingreso autónomo del hogar. En este sentido, es la exclusión de la variable y11a la que genera problemas de comparabilidad y no su inclusión. Más aún, en términos de consistencia metodológica vemos que excluir la variable y11a es una excepción a los criterios anteriormente utilizados para resolver estos casos.”[2]

En ambos casos, Censo y CASEN, hubo un escándalo técnico político cubierto por diferentes medios de prensa internacionales como The Economist[3] o Financial Times[4], que resultó finalmente en la renuncia del director del INE, a propósito del censo y en la salida de CEPAL como garante del procesamiento de la información de la encuesta CASEN.

Además, hace algunos días se declaró desierta la licitación para el trabajo de campo de la versión 2013 de la misma encuesta CASEN, al no existir oferentes para llevar a cabo el proceso[5].  En paralelo, existieron cuestionamientos a la fórmula de cálculo del IPC por parte del INE y a ciertos procedimientos irregulares en el Servicio de Impuestos (SII).

Por último, sin irregularidades, pero con cierta arbitrariedad, también hubo modificaciones a las preguntas en los instrumentos de recolección de datos, generando dudas en el ámbito académico sobre la pertinencia de nuevas preguntas en la papeleta censal y peor aún, sobre la eliminación de preguntas importantes, como fue, por ejemplo, la eliminación de la pregunta sobre categoría ocupacional, tradicionalmente codificada según los criterios de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU), que permitía comparar la realidad ocupacional de Chile con el resto del mundo[6].

Ante este escenario, cabe preguntarse sobre la importancia de los datos estadísticos oficiales y las consecuencias que su cuestionamiento tiene para la investigación académica en general y específicamente para la investigación en estudios urbanos. Asimismo, cabe preguntarse también sobre las consecuencias de mediano plazo para las políticas públicas urbanas, basadas muchas veces en este tipo de información.

Mucho de lo que sabemos sobre nuestras ciudades se basa en información cuantitativa, generalizable a la población según criterios estadísticos y a la ley de probabilidades. Mucho de lo que profundizamos en el estudio de lo urbano, a través de investigación cualitativa, corresponde a preguntas no resueltas motivadas desde una primera aproximación general, basada en esta información. La gran disponibilidad de datos en Chile, con un máximo nivel de desagregación territorial, avalados por una larga tradición de rigurosidad técnica y metodológica y recientemente de libre acceso, gracias a la ley Nº20.285 de transparencia y acceso a la información pública, se ha visto cuestionada en el escenario de los últimos acontecimientos. Por lo tanto, no sólo se trata del número más o menos exacto de habitantes del país, sino, de que lo que sabemos sobre calidad de vida urbana, competitividad metropolitana, segregación residencial o vulnerabilidad urbana, entre otros temas, depende muchas veces y en gran medida de los instrumentos que se utilizan para la observación científica y de los datos generados en este proceso. El cuestionamiento a esta “objetividad” del dato, afecta a una cadena mucho más larga y compleja de interpretación de la realidad social que es necesario cuidar.

En este sentido, en la investigación existen dos conceptos clave para “aceptar” conclusiones basadas en información empírica de este tipo. Estos son “confianza” y “validez”. Confianza, como la certeza de una variabilidad conocida en la recolección de información, y validez, como la mínima distorsión de sentido en el proceso. En otras palabras, que cada vez que se aplica un mismo instrumento de recolección de datos a una población similar, los resultados sean coherentes y que la información recolectada responda en gran medida al sentido de lo que se pretendió recoger. La producción de datos, cualquiera sea su carácter, evidentemente tiene múltiples limitaciones, tanto en su generación como en su interpretación. La comunicación nunca es perfecta, en el sentido de que todos entendamos lo mismo por lo mismo y en este escenario, ni la encuesta, ni otro procedimiento puede pretender asegurar su carácter inmaculado y objetivo. El dato duro, en su generación como interpretación, no pretende liberarse de este desequilibrio, al contrario, lo reconoce, lo declara e intenta minimizarlo dentro de sus posibilidades. Reconocer márgenes de error y niveles de significancia, así como declarar puntos de corte y clasificación de tipologías estadísticas, declarar coeficientes de fiabilidad y consistencia, entre otros procedimientos, supone precisamente la transparencia frente a la complejidad de la producción del dato. El error se estandariza, se eliminan los extremos y se trabaja en función de una cierta normalidad, justamente, dada la imperfección del dato y la complejidad de la realidad. Sin embargo y aquí está el problema, la relación entre la realidad social – urbana y su representación parece estar más nublada por la intencionalidad, que por la forma y metodología de acceso y es ahí donde cabe apelar a una matriz y lógica común de la investigación social urbana, que en definitiva remite a las viejas nociones de confianza y validez, lo que en última instancia tiene que ver con la técnica y ética de los procedimientos. Por mientras, seguimos esperando.