Planeo Digital

[por Rodrigo Caimanque]

Los instrumentos de planificación urbana son esencialmente herramientas del Estado, y como tales, están estrechamente vinculadas al terreno político y sus diferentes espacios y escalas de decisiones. En Chile, donde el debate público evidencia la necesidad de cambios estructurales y de fondo que apunten a revertir los altos niveles de desigualdad e injusticia social, la perspectiva territorial no puede estar disociada de dicho contexto. Nuestra sociedad demanda de espacios inclusivos y participativos en las definiciones sobre la ciudad, comuna o barrio, hacia un proceso más abierto y democrático de gobernanza.

En un escenario complejo y cambiante, pareciera ser que nuestro sistema de planificación por zonificación y uso de suelo, no ha sido suficiente como respuesta a los desafíos que estamos enfrentando como sociedad. Son instrumentos pasivos y estáticos donde los posibles cambios se producen prácticamente en base a las definiciones del sector privado y su intención de invertir, generando serias inequidades territoriales, con claros ganadores y perdedores.

El gran objetivo de la integración entre las políticas públicas, tales como salud o trabajo, y un proceso de “espacialización” coherente a través de instrumentos pertinentes, relevan el rol (y necesidad) de la planificación estratégica, como una herramienta dinámica que intenta vincular coordinadamente las dimensiones sociales, económicas o culturales, y su interacción con el territorio, como mecanismo que permita aproximarse y responder de mejor manera a la realidad antes mencionada.

La definición anglosajona de spatial planning, entrega una serie de elementos a considerar al momento de desarrollar el carácter de los instrumentos. Conceptualmente se puede entender como un “gran paraguas” cuyo objetivo es integrar estrategias, políticas y sus actores involucrados (Allmendinger & Tewdwr-Jones, 2006), dándole un giro al proceso de gobernanza, hacia una perspectiva de relaciones urbanas y territoriales (Healey, 2007) en la toma de decisiones.

Sin embargo, para que un instrumento estratégico sea efectivo debe ser proactivo, en sentido de ir más allá del mero establecimiento de un marco indicativo, como una herramienta que debiese fomentar la gestión de futuras inversiones y seguimiento de los cambios puedan generar. También requiere ser participativo, hacia la búsqueda de espacios más democráticos y socialmente justos. Otro factor clave pasa por su énfasis en la entrega de infraestructura, que asociados a planes sociales y económicos ayuden a producir equilibrios territoriales: relaciones residencia-puestos de trabajo, mejoramiento del sistema y redes de transporte, seguridad, etc. Finalmente debe ser vinculante, si bien Chile tiene instrumentos de carácter indicativo, estos no generan obligatoriedad respecto a los planes reguladores tradicionales, quedando solamente como un “marco referencial” que pueden ser considerados o no por el instrumento normativo.

Los desafíos que involucran la construcción de una política de planificación territorial robusta y dinámica demandan procesos complejos con intensión de transformación. En relación a la planificación estratégica podemos mencionar:

1. Repensar la estructura de toma de decisiones, Chile tiene un sistema altamente centralizado que minimiza el peso relativo de instancias regionales, locales o barriales. El carácter estratégico de ciudades y territorios pasa también por ser multiescalar.
2. Integración de actores involucrados, si bien los agentes públicos tienen la responsabilidad fundamental para establecer los principales lineamientos y políticas sobre el territorio, hay más actores que inciden en las decisiones. Sin embargo, es necesario equilibrar la alta influencia que ejercen en estos procesos sectores como el inmobiliario.
3. Profundización de la participación ciudadana, no solo a partir de instancias formales gestadas desde la autoridad representativa, sino que a través de espacios que sean ganados por organizaciones y movimientos ciudadanos, posicionando un foco de “abajo hacia arriba” en las decisiones urbanas.
4. Fomento de la multisectorialidad institucional, lo que implica lograr relaciones e interacciones sectoriales reales y no solo instrumentales, en función de obtener mayores consensos hacia una política más articulada del territorio.
5. Perspectiva de sustentabilidad, con una postura clara por balancear el evidente peso económico en la toma de decisiones, relevando aspectos de justicia social y ambiental.

Abordar los desafíos que implica el pensamiento estratégico en la planificación requiere de un profundo proceso reflexivo desde el mundo académico, político y también ciudadano. Es finalmente la co-construcción de un instrumento integral y coordinado a largo plazo que sea dinámico y a la vez acorde con la realidad nacional y sus diferentes escalas, aprendiendo de experiencias externas, pero sin caer en importaciones literales.

Estamos frente a un momento que en términos de políticas territoriales presenta interesantes oportunidades de reflexión y acción. Discusiones como la definición alcaldes mayores a nivel de metrópolis o la elaboración de una Política Nacional de Desarrollo Urbano son instancias que ofrecen la posibilidad de abrir un debate serio hacia futuros cambios estructurales en la forma de entender la planificación urbana y territorial chilena. Sus potenciales resultados dependerán del grado de compromiso y voluntad política de los actores involucrados en la toma de decisiones, el mismo grado que están requiriendo las problemáticas actuales de nuestra sociedad.

Referencias

Allmendinger P. & Tewdwr-Jones M. (2006) ‘Territory, identity and spatial planning’ en Allmendinger P. & Tewdwr-Jones M. (2006), Territory, Identity and Spatial Planning: Spatial Governance in a fragmented nation, London: Routledge, pp 3-21.

Healey P. (2007), Urban Complexity and Spatial strategies: Towards a relational planning for our times, Routledge: Abingdon.