[por Francisca Garay R.]
La comuna de Puchuncaví, se encuentra inserta en el sistema geográfico – urbano costero norte de la Región de Valparaíso. En ella se presenta un desarrollo industrial que se remonta hace cincuenta años atrás, con el cordón industrial de la Bahía Quintero-Puchuncaví, el que se ha ido desarrollando históricamente en la zona, lo cual permite un desarrollo económico para la región y para el país. No obstante, según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN) del año 2006, la comuna presenta los índices más altos de pobreza a nivel provincial de Valparaíso, lo que, sumado a la contaminación producto de la actividad industrial y al impactado tanto al ecosistema, como a la calidad de vida de los asentamientos humanos presentes, han hecho de Puchuncaví un territorio interesante de observar, analizar y reflexionar en torno a la planificación territorial.
En este territorio se presentan grandes tensiones, tanto en lo ambiental como en lo social, es por esto que es necesario plantear en la esfera de lo público la dinámica que se engrana entre el ordenamiento territorial, los ecosistemas y el desarrollo sustentable en este territorio.
El territorio se vuelve un ente fundamental a la hora hablar de conflictos socio-ambientales, ya que éstos se producen a partir de una disputa frente a las externalidades y al uso o concepción del territorio. Mientras para unos es visto como un uso económico de extracción, a partir de mega proyectos carboníferos, para otros es visto como un lugar donde habitan y se forja su forma de vida, que apunta a una calidad de vida óptima, tanto en lo social como en lo ambiental.
En esta disputa emerge el tema del ordenamiento territorial, transformándose en un área muy necesaria de replantearse, a propósito del análisis económico productivo que se ha ido generando con el transcurso del tiempo, el cual ha modificado y rearticulado las dinámicas de los territorios según las necesidades que imperan e impone la globalización de los mercados.
En un contexto donde el desarrollo económico y social va modificando la ocupación geográfica de los territorios, se vuelve menester organizarlo e ir adaptándose a los nuevos patrones de comportamientos y ocupaciones territoriales.
Se podría considerar por ejemplo, destinar zonas exclusivamente para este tipo de proyectos, haciéndose cargo de las comunidades- por supuesto-, pero a partir de un ordenamiento territorial que facilite el desarrollo económico que propicie la actividad industrial, pero no en desmedro de la comunidad y de su propio sistema socio-económico local.
Se plantea la necesidad a nivel gubernamental de hacerse cargo y de controlar dichas temáticas con el fin de evitar conflictos socio-ambientales y territoriales, para propiciar el bienestar de la población y su calidad de vida.
La calidad de vida está necesariamente conectada con la calidad del ambiente, y la satisfacción de las necesidades básicas con la incorporación de un conjunto de normas ambientales para lograr un desarrollo equilibrado y sostenido (la conservación del potencial productivo del ecosistemas, la prevención frente a desastres naturales, la valoración y preservación de la base de recursos naturales, sustentabilidad ecológica del hábitat), pero también de formas inéditas de identidad, de cooperación, de solidaridad, de participación y de realización, así como de satisfacción de necesidades y aspiraciones a través de nuevos procesos de trabajo (Leff, 1994: 62).
Es un hecho que hoy en Chile se presenta la necesidad de planificar los territorios, pero de manera eficiente y efectiva, que se traduzca en un ordenamiento, buscado y deseado por las partes involucradas. En este punto se hace necesario, para que el proceso sea completo, la participación real e informada de la sociedad o comunidades locales. Permitiendo que se pueda configurar mecanismos preventivos en materia de daños sociales, ambientales y económicos de un territorio.
En este sentido, la participación pública puede llevarse a cabo mediante tres formas: organizaciones sociales territoriales, que presentan una estructura burocrática, jerarquizada (…). Organizaciones sociales funcionales, que pueden ser jerarquizadas o no, que se estructuran en torno a un fin común (…). Otras organizaciones sociales en el territorio no reconocidas formalmente, bajo ninguna tipología por el municipio (Oviedo & Abogabir, 2000: 26).
Es así como la participación se vuelve parte de los derechos ciudadanos, donde se pueden visualizar tres formas de conceptualizarlo. En primer lugar, desde el derecho a ser informado, pasando por el derecho a opinar, hasta el derecho a opinar con respecto a temáticas que preocupen (Oviedo & Abogabir, 2000). El último es el más importante, ya que, constituye una reivindicación del ciudadano común para incidir en los asuntos que afectan su existencia cotidiana (Oviedo & Abogabir, 2000: 29). Entonces ¿cómo debiesen interactuar el ordenamiento territorial y el desarrollo sustentable?
Bibliografía
•Leff, E. (1994). Sociología y ambiente: formación socioeconómica, racionalidad ambiental y transformaciones del conocimiento. En: Leff, E. (Comp.). Ciencias Sociales y formación ambiental. Barcelona: Gedisa.
•Oviedo, E. & Abogabir, X. (2000) “Participación ciudadana y espacio público”. En: Segovia, O; Dascal, G. (editores). Espacio público, participación y ciudadanía. (1ª edición), Santiago de Chile: Ediciones SUR.