Revista PLANEO N°66 | Hablemos de Planificación Urbana Vol. 1: el arte y sentido de planificar | Julio 2026
[Por: Equidad Urbana Consultora]
Imagen 1: Letrero de obras MINVU
Fuente: Fotografía de los autores
Durante el año 2025 el equipo de Equidad Urbana Consultora realizó una investigación para el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), en dos barrios que fueron parte del Programa de Regeneración de Conjuntos Habitacionales (PRCH) desarrollado por esta cartera. El objetivo de este trabajo fue evaluar los resultados obtenidos por MINVU en cuanto a cambios en la calidad de vida de la población de estos territorios —ubicados en la periferia, con altos niveles de deterioro físico y con diferentes problemáticas sociales— según las percepciones de sus propios habitantes.
En términos generales, los participantes del estudio valoraron las acciones realizadas, las cuales iban desde el mejoramiento y construcción de nuevas viviendas; la creación de áreas verdes y equipamientos comunitarios; mejoras en la vialidad; y la implementación de programas de formación y acompañamiento social (MINVU, 2025). Mayoritariamente los vecinos consideraron que el programa había generado un cambio sustancial y efectivamente generó un cambio positivo en su calidad de vida. Por ello, concordaron en que esta intervención pública les había traído de vuelta su dignidad, la cual había sido arrebatada por el propio Estado décadas atrás, mediante la realización de políticas habitacionales deficientes (Rodríguez y Sugranyes, 2005).
No obstante, un hallazgo relevante respecto de los resultados obtenidos se centró en el miedo manifiesto que declararon en cuanto al futuro de sus “nuevos barrios”, al sentir que estos lugares podrían nuevamente entrar en un ciclo de deterioro que los llevase al estado en que se encontraban previo al inicio del PRCH. Lo anterior, ya fuese por un declive en las condiciones del entorno construido o por el surgimiento y expansión de prácticas delictuales que terminaran por debilitar la cohesión social del grupo y el proyecto colectivo de vecindad, como ya había ocurrido en ciertos sectores durante los años noventa y dos mil (Sabatini et al., 2013).
Dentro de las causas que justificaban estas aprensiones estaba, principalmente, la idea de una ausencia del Estado en el corto plazo, que dejara a estas familias nuevamente abandonadas a su propia suerte. Aquella proyección no era algo infundado o que surgiera sólo por un exceso de desconfianza de parte de estos hogares. Por el contrario, ha sido bastante común observar en la prensa, comunas y barrios donde se llevan a cabo intervenciones urbanas, que posteriormente retroceden frente a los logros obtenidos. De hecho, durante las últimas semanas hemos sido testigos de cómo el actual Ministro de Vivienda ha difundido una serie de casos donde comunidades beneficiarias de subsidios habitacionales han enfrentado problemáticas severas en sus nuevas viviendas, sin encontrar soluciones ágiles y atingentes por parte del sector público o privado.
Este escenario vuelve relevante reflexionar respecto a interrogantes pocas veces abordadas en las políticas de vivienda y ciudad: ¿Qué ocurre con los barrios y comunidades intervenidas por el Estado una vez que tales proyectos finalizan? y ¿Cuáles son las capacidades y recursos que tienen las familias para sostener en el tiempo las obras y proyectos realizados?
En primer lugar, creemos importante reforzar el siguiente punto: no es la misma situación cuando se trata de conjuntos habitacionales que cuentan con una localización integrada a la ciudad o que son parte de comunas con ingresos medios o medios altos, que aquellas segregadas en los márgenes urbanos (Sabatini et al., 2013). Los primeros, probablemente por las dinámicas propias de su entorno, pueden lograr mantener y potenciar las obras realizadas por actores como MINVU. Sin embargo, quienes viven en sectores periféricos, donde priman hogares de bajos ingresos, no cuentan con esta posibilidad de espiral ecosistémica positiva, por lo que la presencia constante del Estado, en sus diferentes formas e institucione, se vuelve clave para lograr la sostenibilidad del trabajo realizado, por lo menos hasta que cambien tales condiciones estructurales. En consecuencia, es necesario que toda política urbano-habitacional que trabaje en zonas periféricas y altamente vulnerables considere acciones de acompañamiento de largo plazo e incluso permanentes, dada la evidente posición de desventaja y recursos limitados que enfrentan este tipo de barrios. Esto, sin importar el tipo de mejoras recibidas o el capital social de sus habitantes.
Si bien, en el caso del PRCH al menos, no parece viable que sea MINVU quien lleve a cabo esta labor, dada sus responsabilidades a nivel nacional. Sin embargo, es sumamente relevante lograr mecanismos de coordinación y gobernanza que aseguren que otras entidades públicas con componentes territoriales tomen roles relevantes dentro de este proceso. Frente a este punto, los vecinos participantes del estudio mencionaron a los menos dos organismos claves: (i) los municipios y (ii) las policías.
Respecto a los municipios, es fundamental que sean incorporados de forma temprana en este tipo de proyectos y que adquieran responsabilidades claras —además de las que ya tienen por norma— respecto a la mantención física y desarrollo comunitario de estos barrios. Los vecinos mencionaron de forma reiterada la relevancia de realizar talleres, capacitaciones y todo tipo de actividades que fomenten el encuentro y la preocupación de los gobiernos locales por sus habitantes más vulnerables, como son los niños y adultos mayores. Por otro lado, según se pudo observar en el estudio, es muy importante que las policías acudan de forma recurrente y oportuna cuando son solicitados, así como también, que puedan destinar recursos a la prevención del surgimiento de negocios ilícitos como el narcotráfico, dado que erosionan la convivencia interna de la comunidad.
A modo de conclusión, nos parece que acciones de este tipo no sólo tienen efectos concretos sobre la calidad de vida de esta población, sino, además, y quizás de forma más relevante, ofrece una señal simbólica, la cual demuestra y reafirma que el Estado considera a estos grupos como actores relevantes dentro de la comunidad nacional. Lo anterior, lleva a estos hogares, tantas veces excluidos, a sentirse parte de un proyecto de sociedad colectivo y, en consecuencia, a buscar con ahínco mantener el estándar material y los niveles de convivencia y organización comunitaria alcanzados de forma permanente en el tiempo. Por el contrario, la ausencia de las instituciones públicas probablemente llevará a aquellas familias a entender el trabajo realizado por Estado sólo como soluciones pasajeras y promesas superficiales, lo cual invitaría a seguir habitando de forma fragmentada y retraída, sin esperanzas de futuro, como han documentado durante años numerosos investigadores urbanos.