Revista PLANEO N°66 | Hablemos de Planificación Urbana Vol. 1: el arte y sentido de planificar | Julio 2026
[Por: Sofía Silva Antúnez. Cientista Política y Gestora Cultural. Asistente de investigación, Núcleo Milenio Transporte Justo]
Imagen 1: Obras de la calzada para buses sobre el Paseo Bandera
Fuente: Fotografía de la autora, 20 de junio de 2026
El experimento urbano más celebrado del centro de Santiago en la última década llegó a su fin. No ocurrió porque fracasara en términos sociales, sino porque no se construyeron las condiciones institucionales para que sobreviviera. El problema de fondo, propongo, fue la ausencia de planificación urbana entendida en un sentido exigente.
Se ha dicho bastante sobre el caso del Paseo Bandera, pero un foco ha quedado insuficientemente iluminado, y es el que permite extraer aprendizajes de un proceso longitudinal poco común, esto es, lo que significa hacer planificación política de la ciudad. Buena parte de los comentarios calificó el proceso como “sobrepolitizado”, sobre todo porque quienes tomaron la palabra y las cámaras fueron alcaldes y ministros de uno y otro signo. Aquí propongo una lectura distinta. Lo que presenciamos se parece más a la despolitización de un experimento urbano (Sierhuis, Bertolini y Van Winden, 2024). La presencia de autoridades no equivale a la presencia de política. Conviene distinguir entre la política, entendida como competencia y gestión entre actores institucionales, y lo político, entendido como la dimensión colectiva y deliberativa en que una sociedad decide, entre alternativas en disputa, qué hábitat quiere habitar.
¿Qué sería, entonces, hacer planificación política de la ciudad? La planificación urbana puede entenderse como el proceso colectivo de construcción de nuestro hábitat, un proceso idealmente democrático de deliberación conjunta que permite decidir sobre el entorno priorizando criterios de justicia, equidad e inclusión, y reconociendo el derecho a la ciudad. Toda vez que se define un problema se está hablando de un proceso político. Cabe preguntarse si existió un proceso semejante a lo largo de estos nueve años. La respuesta, en buena medida, es que no.
Por despolitización entiendo aquí, siguiendo a Swyngedouw (2009), el desplazamiento de una intervención desde el terreno del debate público hacia el de la gestión experta, donde las decisiones se justifican por eficiencia, diseño o aceptación, y no por una disputa explícita sobre qué ciudad se quiere y para quién. La despolitización suele presentarse como una virtud. Un proyecto que no genera conflicto, que recibe buenas evaluaciones de uso y que embellece el espacio parece un logro de buena gestión. El problema es que esa misma cualidad puede dejarlo sin raíces. Cuando una intervención no se ha disputado públicamente, tampoco construye los compromisos institucionales, las coaliciones de actores ni los anclajes normativos capaces de defenderla cuando cambian las prioridades de turno. Lo que se decidió por vía administrativa puede deshacerse por la misma vía. La construcción de la ciudad no puede permitir tal volatilidad. En Bandera, su creación y su reversión compartieron un rasgo y es que ambas se resolvieron mediante acuerdos ejecutivos entre autoridades, sin un proceso deliberativo amplio que las legitimara.
Vale la pena detenerse en qué significó la participación ciudadana en este caso. Durante buena parte de su existencia, la presencia de los usuarios en el proceso decisional se redujo a mediciones, tales como flujos peatonales, encuestas de percepción, indicadores de uso. Los usuarios aparecían como dato que confirmaba el éxito, y rara vez como voz capaz de incidir en el rumbo del proyecto. Esa forma de incorporar a la ciudadanía reconoce a las personas como evidencia de que algo funciona, pero no como sujetos capaces de deliberar sobre si debe continuar, cómo y bajo qué condiciones. Medida de ese modo, la aceptación social resulta un sustento frágil, ya que sirve para legitimar mientras todo marcha, pero no habilita defensa alguna cuando la decisión se revierte desde arriba. La justicia en la planificación no se agota en quién obtiene qué. Como han señalado Pereira, Schwanen y Banister (2017), incluye también quién participa en la definición del problema y quién es reconocido como interlocutor legítimo. Un experimento que mejora el espacio público, pero que mantiene a sus usuarios en el lugar de beneficiarios pasivos, puede reproducir en el procedimiento una desigualdad que sus resultados parecían corregir.
Hay otra pregunta que el caso deja abierta: ¿por qué la planificación de nuestras ciudades parece obligarnos a elegir entre transporte público y espacio peatonal? La reapertura al tránsito se justificó, en buena parte, en nombre de los usuarios del transporte público, y esa justificación revela el costo de haber despolitizado el proceso. Cuando no hay deliberación colectiva sobre el tipo de centro que se quiere, la decisión tiende a colapsar en un dilema técnico de suma cero, buses o peatones, en lugar de plantearse como una pregunta sobre cómo reconciliar distintas formas de habitar y de desplazarse por la ciudad.
Podría objetarse que Bandera no cayó por despolitización sino por deterioro, dado que sus pasos bajo nivel acumularon problemas de seguridad y mantenimiento. La objeción refuerza el argumento antes que debilitarlo, ya que la falta de una administración constante y de un responsable institucional claro es una de las formas en que se manifiesta la ausencia de un compromiso público sostenido.
Imagen 2: Obras de la calzada para buses sobre el paso bajo nivel Bandera-San Diego
Fuente: Fotografía de la autora, 20 de junio de 2026
El caso ilustra además un riesgo propio de la lógica experimental, hoy muy presente en la planificación urbana latinoamericana a través del urbanismo táctico y de los llamados experimentos de calle (Lydon y Garcia, 2015; Bertolini, 2020). El experimento se justifica por su carácter provisional y reversible, este se prueba, se evalúa y se ajusta. Esa flexibilidad es valiosa, pero tiene un costo cuando no se acompaña de una decisión sobre la permanencia. Lo que nace como prueba puede quedar atrapado en una provisionalidad indefinida, siempre a una administración de distancia de ser desmontado. El propio Bertolini (2020) sugiere que el desafío no consiste en tolerar los experimentos, sino en moldear de manera proactiva el espacio institucional que les permita durar. Eso es, en buena medida, lo que no ocurrió. Nada de esto implica que la experimentación urbana sea un error, ni que Bandera careciera de valor, porque lo tuvo, y considerable.
Quiero plantear que se puede y debe considerar los experimentos como parte de la planificación urbana. Un experimento que aspira a transformar la ciudad de manera duradera necesita, en algún momento, dejar de ser solo experimento y pasar a disputarse como política pública. Eso supone abrir la decisión al conflicto, construir mayorías, comprometer instituciones y reconocer a los usuarios como parte deliberante y no como público que aprueba. Mientras esa transición no ocurra, el destino del proyecto queda librado a la voluntad de quien gobierne. La lección que deja el caso es incómoda pero útil: no basta con que una intervención funcione ni con que guste. Si no se politiza, en el sentido de volverse objeto de deliberación y decisión pública explícita, hereda la misma facilidad con que fue creada, la de poder deshacerse. Pensar el futuro de nuestras ciudades exige tomar en serio esa diferencia entre gestionar y decidir, y preguntarnos qué experimentos estamos dispuestos a convertir en compromisos.
Referencias bibliográficas
Bertolini, L. (2020). From “streets for traffic” to “streets for people”: Can street experiments transform urban mobility? Transport Reviews, 40(6), 734–753. https://doi.org/10.1080/01441647.2020.1761907
Lydon, M., & Garcia, A. (2015). Tactical urbanism: Short-term action for long-term change. Island Press.
Pereira, R. H. M., Schwanen, T., & Banister, D. (2017). Distributive justice and equity in transportation. Transport Reviews, 37(2), 170–191. https://doi.org/10.1080/01441647.2016.1257660
Sierhuis, D., Bertolini, L., & Van Winden, W. (2024). Recovering the political: Unpacking the implications of (de)politicization for the transformative capacities of urban experiments. Environment and Planning C: Politics and Space, 42(2), 303–321. https://doi.org/10.1177/23996544231205256
Swyngedouw, E. (2009). The antinomies of the postpolitical city: In search of a democratic politics of environmental production. International Journal of Urban and Regional Research, 33(3), 601–620. https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.2009.00859.x