Revista PLANEO N°63 | Ciudad artificial Vol. 2: monitoreo ambiental para el desarrollo de nuestras ciudades | Junio 2025
[Por: Linda Schilling Cuellar. Arquitecta, Máster en Arquitectura y Diseño Urbano por la Graduate School of Architecture, Planning and Preservation (GSAPP) de la Universidad de Columbia; candidata a Doctora en el Centre for Research Architecture (CRA) de Goldsmiths.
Claudio Astudillo Barra. Arquitecto de la Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM) y Magíster en Ciencias del Diseño de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI); adscrito laboralmente a la Universidad Andrés Bello, la Universidad de las Américas y la Universidad Gabriela Mistral]
Imagen 1: Casa Abierta Proyecto “EIA Optimización y Continuidad Operacional Minera Candelaria”, realizada al costado de la Iglesia de Tierra Amarilla, el 21 de diciembre de 2020.
Fuente: Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Durante gran parte del siglo XX, los espacios públicos fueron concebidos como escenarios donde la arquitectura expresaba ideales democráticos, memoria o identidad nacional. Plazas, centros culturales y explanadas cívicas encarnaron esa vocación de cohesión social, solo en ocasiones lograda. Pero hoy, en plena crisis climática, esas tipologías parecen insuficientes. Las nuevas formas de participación que emergen frente a los conflictos ecológicos nos obligan a repensar qué entendemos por espacio público y para quién se diseña.
En Chile, los conflictos ambientales han revelado que la participación ciudadana ocurre en lugares inadecuados: salas comunitarias mínimas, espacios de organismos municipales donde las reglas las determinan ellos, y montajes en espacios públicos apenas adaptados a las preexistencias. La institucionalidad ambiental convoca al diálogo, pero no ofrece un espacio que lo sostenga. Esta carencia espacial es más que un problema logístico; expresa una falta de imaginación cívica. Si lo ambiental es hoy el principal campo de disputa política, ¿cuál es entonces el lenguaje arquitectónico para esa deliberación?
Un cambio reciente en la legislación ofrece una oportunidad para abordar esa pregunta. En 2024, el Decreto N° 30 incorporó el monitoreo participativo en el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Por primera vez, la ciudadanía podrá participar en el seguimiento de los proyectos durante toda su vida útil, desde el inicio de las operaciones hasta el cierre. El documento lo define como el “proceso mediante el cual el titular incorpora a la comunidad en el seguimiento de las fases del desarrollo de un proyecto mediante la entrega de información, reportes, mediciones, realización de capacitaciones, coordinación de visitas de terreno u otras que den cuenta del desarrollo del proyecto o actividad, en cualquiera de sus fases” (Ministerio del Medio Ambiente, 2024). Sin embargo, el decreto no detalla ni especifica el tipo de espacialidad arquitectónica donde ocurre esto. Habla de informar, coordinar visitas y capacitar, pero no imagina dónde ocurre ese encuentro. En la práctica, se sigue sin espacios para mirar, medir o debatir colectivamente los impactos de las transformaciones territoriales.
Esa omisión, paradojalmente, abre un campo fértil para el diseño. La arquitectura puede convertirse en mediadora entre conocimiento técnico y experiencia ciudadana, traduciendo la información ambiental en vivencia tangible y crítica. Participar no solo implica opinar; también requiere ver, tocar y comprender los fenómenos medioambientales en cuestión, particularmente cuando existen daños. Aquí, el espacio arquitectónico puede operar como un “espacio político” que, en lugar de ocultar el conflicto, lo hace visible, público y debatible (Jaque & Walker, 2017).
Estos espacios nos invitan a reconocer, al mismo tiempo, la emergencia de nuevos públicos medioambientales: “comunidades críticas” que no se limitan a recibir información, sino que ejercen su derecho a conocer y monitorear (Barandiarán, 2017). Son públicos que se forman en la intersección entre ciencia, política y territorio, que aprenden a leer su entorno como un archivo vivo de datos, huellas y memorias. En ellos se juega una nueva definición de ciudadanía, más activa respecto de los fenómenos y otras formas de vida que la rodean.
La filósofa Ariella Azoulay ha descrito esta condición como una “imaginación civil”: la capacidad de pensarnos colectivamente más allá de la lógica estatal o institucional. Aplicada al ámbito ambiental, esta imaginación implica reconocer que la justicia ecológica no se conquista solo con leyes, sino también con espacios que permitan ejercerla (Azoulay, 2015). Diseñar para esos nuevos públicos es proyectar lugares donde el conocimiento se comparte, donde el territorio se interpreta, y donde la crítica se vuelve un acto de cuidado.
Quizás el desafío más urgente sea aprender a diseñar para la deliberación, no para el consenso. Los espacios públicos del futuro pueden acoger el desacuerdo, la duda y la pluralidad de perspectivas que caracterizan los conflictos ambientales. Estos espacios parecen lejanos a una lógica únicamente contemplativa donde domina la armonía visual o simbólica, ni parecen vincularse a la monumentalidad y grandilocuencia.
Los espacios para los nuevos públicos ambientales pueden ofrecer condiciones para observar, monitorear y discutir los efectos de nuestra acción sobre el territorio que habitamos, a través de una arquitectura capaz de vincular sensibilidad, evidencia y justicia ambiental.
En un tiempo marcado por la crisis climática y la desconfianza institucional, el espacio público puede volver a ser el lugar donde se recupere el sentido de lo común.
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Referencias bibliográficas
Azoulay, A. (2015). Nationless State: A Series of Case Studies. En M. Hlavajova & R. Hoskote (Eds.), Future Publics (The Rest Can and Should Be Done by the People): A Critical Reader in Contemporary Art (pp. 62-89). Valiz/BAK.
Barandiarán, J. (2021). Lo que el Estado Neoliberal no sabe. Conflictos científicos y política ambiental en Chile. RIL Editores.
Jaque, A. & Walker, E. (2017). La arquitectura como instrumento político: Andrés Jaque y Enrique Walker en conversación. ARQ, (96), 16-31. https://dx.doi.org/10.4067/S0717-69962017000200016
Ministerio del Medio Ambiente (MMA). (2024, febrero 1). Aprueba modificación al Decreto Supremo n.º 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, que establece el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental [Decreto Supremo n.º 30 de 2023]. Diario Oficial de la República de Chile, N° 43.765, CVE 2445335.