«La escuela como espacio de reflexión sobre el derecho a la ciudad y la memoria histórica. Parra ello, se debe integrar a las comunidades urbanas y desarrollar un horizonte común»
Revista PLANEO N°56 | La ciudad como derecho | Julio 2023
[Por: Marcelo Mardones Peñaloza. Licenciado y Magister en Historia, Doctor en Arquitectura y Estudios Urbanos. Escuela de Historia Universidad Diego Portales]
Resumen:
¿Cómo y para qué promover el derecho a la ciudad en las comunidades educativas? A partir de la revisión de algunas experiencias recientes realizadas en diversos establecimientos del Área Metropolitana de Santiago, Chile, el autor reflexiona sobre la necesidad y las posibilidades que los ejercicios sobre memoria e historia local ofrecen para la comprensión de hacia qué apuntamos cuando discutimos sobre la promoción de un derecho de nueva generación. A pesar que este se entrelaza a varias de las luchas, las comunidades locales la han dado por cuestiones como la vivienda y el habitar desde el siglo XX. Se propone así una observación sobre las posibilidades que ofrece la academia para extender sus discusiones y análisis hacia la ciudadanía mediante la auto comprensión de la experiencia en la ciudad y sus posibilidades.
Palabras clave: Educación; historia local; derecho a la Ciudad
Creo necesario partir esta reflexión con una pregunta: ¿Quiénes tienen derecho a la ciudad? Durante el mes de mayo recién pasado, tuve la oportunidad de realizar una serie de talleres sobre Historia Local y Patrimonio para estudiantes de octavo básico en distintos establecimientos educacionales pertenecientes a la red de la Sociedad de Instrucción Primaria. Ubicados en distintos puntos de Santiago, la actividad buscaba conectar a las comunidades escolares con su entorno en un ejercicio que permitiera conocer el desarrollo histórico de los barrios donde se encontraban los establecimientos. Además, se buscaba promover la reflexión respecto a las carencias y problemáticas que los afectaban. Había en ello un desafío mayor; ya que, si bien algunos colegios se encontraban en áreas donde se podían identificar elementos arquitectónicos y urbanísticos de carácter patrimonial que reforzaban el discurso más tradicional respecto al valor histórico y la conservación de la ciudad, otros parecían alejarse en forma radical de estos criterios.
El caso donde esta cuestión se hizo más notorio fue en un establecimiento ubicado en la población José María Caro de la comuna de Lo Espejo, uno de los municipios con menos recursos y más desigualdades urbanas de la capital chilena. El establecimiento mostró inicialmente dudas respecto al valor de una actividad en un sector que, según algunos de sus docentes, “no tenía nada que mostrar”. En la comunidad escolar parecía prevalecer el paradigma de la seguridad, donde su principal opuesto era el espacio público: identificado como agreste, peligroso y de poco interés para el aprendizaje de las y los estudiantes. Estos últimos realizaban sus actividades hacia el mundo contenido en el perímetro del establecimiento. Es imposible negar que muchas de estas impresiones se apoyaban en la presencia de grupos delictuales y hechos de violencia que ocurren en diversos sectores periféricos de Santiago. Estos reforzados por los medios de comunicación y sus discursos que amplifican los temores de la población.
Sin embargo, tras algunas conversaciones con directivos y docentes respecto a la actividad, logramos coincidir en un hecho: si la propuesta buscaba reforzar la relación del estudiantado con el territorio y darle una relectura a la noción de patrimonio, no limitándola a las áreas primadas de la ciudad ni a hitos arquitectónicos ajenos a la realidad local, debíamos realizarla en el entorno inmediato al colegio. La actividad debía constar de dos instancias. La primera era un taller donde el expositor daría cuenta de la evolución urbana del sector ligándola a los grandes procesos de transformación urbana que experimentó Santiago desde la década de 1930. En ella hablamos de algunos elementos que habían determinado el crecimiento urbano en la zona, como el aeropuerto de Cerrillos o la feria de Lo Valledor, un poco más al norte. Además, se habló de la conformación de la misma población José María Caro, hito de la ciudad popular como uno de los mayores proyectos de vivienda social construidos a inicios de la década del sesenta.
Acá surgió una cuestión de relevancia para la reflexión que nos convoca: ¿Es posible educar respecto al derecho a la ciudad sin una memoria histórica de la misma? La pregunta no es menor cuando observamos que un grupo importante del estudiantado en barrios populares de Santiago son de origen migrante que necesitan profundizar los lazos con el entorno urbano que los acoge, como también para sus pobladores históricos. Según la experiencia de los talleres de Lo Espejo y otros sectores de Santiago, como en San Bernardo[1], la integración de las comunidades migrantes, la contención de conflictos sociales, la discusión de los problemas del territorio y el levantamiento de propuestas para una mejor calidad de vida local surgían de la memoria territorial. Tanto la metodología aplicada en San Bernardo como la experiencia de Rosa Elvira de Matte permitió conectar la experiencia de distintos grupos etarios respecto a las problemáticas observadas, uniendo a estudiantes, docentes y apoderados en una discusión común sobre los conflictos urbanos y el valor de la identidad local.
Esto se hizo notorio al desarrollar la segunda actividad en Lo Espejo. Mediante un recorrido por el entorno del colegio donde, además de identificar puntos de interés y sentido para la comunidad, se discutieron cuestiones como el aislamiento respecto a infraestructuras de transporte como el metro y las fronteras que representaban otras (autopistas urbanas, líneas férreas), la ausencia o limitaciones de acceso a áreas verdes y de la gestión de residuos. La memoria de los apoderados respecto a sus experiencias durante la dictadura, o cuando se convivía con un cercano paisaje rural, se combinaba a la observación de niños y niñas que asumían una mirada crítica con respecto a donde crecían. A mi juicio, la consolidación del derecho a la ciudad como horizonte común y vital para una sociedad donde la población urbana, según estimaciones del INE, debería bordear el 90% al final de la década, debe necesariamente partir de una reflexión de base a las cuales pueden contribuir estas experiencias.
El riesgo de no desarrollar estrategias de este tipo extiende la posibilidad de separar a las comunidades de los discursos teóricos que los pretenden representar en la materia. En tal sentido, no puedo ignorar en este cierre una mirada a la cuestión del derecho a la ciudad y el habitar presentados en el fallido proyecto constitucional plebiscitado el 2022. Empantanados en una discusión sobre la vivienda mediatizada, las interesantes propuestas sobre la ciudad contenidas en el artículo 52 no lograron congregar el interés para la ciudadanía. Personalmente, creo que esta ausencia de conexión entre las discusiones teóricas y el interés de la población demostrado en este episodio puede ser contrarrestado mediante una labor donde memoria, historia y ciudad, así como una relectura a la noción de patrimonio, puedan ser entendidas como herramientas para el desarrollo social de las comunidades urbanas.
[1] Se desarrollaron cartografías colectivas durante el año 2021 en el colegio Carlos Condell de San Bernardo, ubicado en uno de los mayores conjuntos de vivienda social de los años noventa y hoy caracterizado por la vulnerabilidad social y urbana.