Aline Bravo Antropóloga y Magíster en Estudios Internacionales. Proyecto FONDECYT 1201130 y Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES)
Josefina Palma Abogada y estudiante de Magíster en Sociología, Universidad Alberto Hurtado. Proyecto FONDECYT 1201130, Colectiva Rizoma Intercultural.
Resumen:
Ante el aumento de la migración en Chile y el ingreso por pasos no habilitados, el norte del país ha sido objeto de políticas de seguridad nacional como la militarización en frontera o los estados de excepción constitucional, las que intentan frenar el flujo de personas. Estas medidas ponen el foco en la protección de la frontera y dejan a los territorios aledaños que reciben a las personas migrantes, al margen de los canales de inclusión. En un contexto de pandemia que suma a este escenario las restricciones sanitarias, se observan dinámicas de inmovilidad (detención-confinamiento) y de movilidad (desplazamiento– desalojo) que van configurando un escenario de vulneración de derechos humanos y un terreno fértil para la xenofobia y el racismo. Se requieren medidas de inclusión social que superen el imaginario bélico y la ficción de detener la migración, y que atiendan a las necesidades de las personas migrantes y de los territorios a lo largo y ancho del país.
Palabras clave: crisis – migrantes – Iquique
Las migraciones se han vuelto un elemento central de la agenda pública en los medios de prensa chilenos durante los últimos meses. La emigración desde Venezuela sigue en aumento, alcanzando los 6 millones de personas que han salido de ese país durante la última década. Ante este hecho, los estados de América Latina han tomado distintas estrategias; por ejemplo, Colombia, que instauró el Estatuto Temporal de Protección; o Perú, que creó el Permiso Temporal de Permanencia (PTP). En el caso de Chile, las medidas se han enfocado en disminuir sin éxito la migración irregular y el ingreso por pasos no habilitados en el norte de Chile. Estas decisiones políticas, más las medidas sanitarias, generan situaciones de inmovilidad cuyos efectos son nocivos para la convivencia en los territorios más afectados por la migración.
Desde los medios de comunicación y las políticas de gobierno, la atención ha estado centrada en las ciudades del Norte de Chile que comparten frontera con Perú y Bolivia. Lo que históricamente se ha denominado “Norte Grande”, nomenclatura que responde a cualidades geográficas y administrativas y que constituyen las cinco regiones naturales de Chile, recientemente ha comenzado a ser llamado “Macrozona Norte”. Esta nomenclatura instala, desde los discursos oficiales, un léxico de estrategia bélica acompañado de medidas que involucran a actores militares en la toma de decisiones. Mismo léxico que durante los últimos años se ha utilizado para denominar a la Región de la Araucanía y sus alrededores como “Macrozona Sur”, instaurando en ambos territorios estados de excepción constitucional que amplían la capacidad de intervención militar.
La migración es un asunto de seguridad, pero no de seguridad nacional sino de seguridad humana, en términos tales que no puede ser limitada por una visión dicotómica nosotros/otros, nacionales/migrantes. El deber de garantía de derechos que tienen los Estados aplica a todos sus habitantes, entre los que están las personas que han sido objeto de la migración forzada. En tanto su país de origen no otorga las condiciones necesarias para que desarrollen una vida bajo ciertos mínimos de bienestar, la alternativa es migrar a pie hasta el Cono Sur de América Latina.
Es innegable que la ciudad de Iquique y las demás comunas cercanas a la frontera con Bolivia se han visto afectadas por el aumento de la migración que ingresa por pasos no habilitados en la zona, principalmente cerca del paso fronterizo Pisiga-Colchane. El territorio ha recibido una cantidad de personas mayor a la habitual, con necesidades propias de quienes migran de manera forzada, lo que genera presión respecto de los servicios y prestaciones públicas que ya eran escasos y deficientes, aumentando las tensiones entre quienes han visto alterada su vida cotidiana en esos sectores.
Cuando visitamos Iquique en julio y luego en noviembre del año 2021, en el marco de nuestro trabajo académico, nos acercamos a distintas historias de desplazamiento y también de inmovilidad.
Uno de los casos emblemáticos fue la Plaza Brasil, espacio público ubicado en el centro de la ciudad, que sirvió de hogar provisorio para los recién llegados desde fines del año 2020. Se instalaban con lo puesto y armaban sus carpas siguiendo cierta organización que le daba al lugar una dinámica de convivencia, la cual se iba manteniendo a pesar de los recambios de quienes lograban seguir camino hacia el sur o conseguir alguna alternativa habitacional en tomas de terreno en Alto Hospicio, comuna ubicada en los altos de la ciudad de Iquique. Los niños y niñas jugaban con bicicletas que les donaban: “Plaza Brasil es calidad”, nos comentó uno de los niños, “acá jugamos, tenemos amigos”; estaba junto a su abuelo, el mayor de los habitantes de la plaza, con quien cruzó las fronteras para encontrrarse con su mamá en Santiago. En septiembre de 2021, tras ser declarada zona de riesgo sanitario, las autoridades lograron el desalojo por la fuerza pública y la Plaza Brasil quedó cercada por una reja, impidiendo el paso de los transeúntes.
Conocimos a una familia que llevaba varios días intentando desplazarse de Iquique hacia Concepción. La primera vez que los vimos, la familia recorría las calles en busca de la organización que les entregaría pasajes al sur. La segunda vez que nos encontramos, días después, estaban en un semáforo afuera de la histórica Escuela de Santa María de Iquique; el dinero ya se les había acabado y no podían moverse de la ciudad porque sus certificados de PCR se habían vencido de tanto esperar. “Es como si quisieran que nos quedemos acá”, dijo la mujer.
La permanencia en situación de calle ha generado reacciones negativas de parte de los transeúntes, quienes ven cómo la ciudad se va poblando de personas supuestamente “en tránsito”, pero que enfrentan dificultades de moverse a otros lugares del país.
Frente a la crisis generada por la falta de políticas públicas, a fines de 2021 la autoridad estableció dos albergues: uno de tránsito en Colchane y el otro a las afueras de Iquique, en Lobito. Este último está pensado como un albergue nocturno, por lo que solo se otorga una comida diaria; sin embargo, queda a cuatro horas caminando desde la ciudad de Iquique, ante lo cual las personas permanecen día y noche en el lugar. El albergue tiene capacidad para 300 personas y se ha encontrado varias veces en su máxima capacidad, por lo que fuera de él se han instalado a pernoctar otros/as migrantes, en carpas o viviendas improvisadas con cartones y otros materiales. En una visita el 17 de febrero de 2022 se identificaron: 170 personas durmiendo en la intemperie, 50 de ellas menores de edad, 11 de ellas gestantes -una de ellas con apendicitis, que debió ser trasladada de urgencia en ambulancia-, un adulto y un adolescente viviendo con VIH, personas con infecciones de diverso tipo y enfermedades crónicas sin tratamiento, como asma, y personas con discapacidad. No hay control de contagios de COVID.
Alejado de la ciudad, sin conectividad ni transporte público y sin las condiciones mínimas para la habitabilidad, este refugio arriesgaba convertirse en un centro de detención alejado de los servicios humanitarios y de seguridad, con imposibles vías de inclusión social, tal como lo denunciaran las organizaciones de migrantes antes de implementarse esta medida.
Frente a la exclusión, esperanza
Frente a las fantasías excluyentes de quienes creen que se puede detener la migración con expulsiones en caliente o estados de excepción, al costo humano que sea, creemos importante activarnos desde soluciones que respondan a las necesidades del país para dejar atrás los escenarios de xenofobia y criminalización que se han vivido en los últimos meses. Dos propuestas son las que el nuevo gobierno de Gabriel Boric presentó en el marco de su campaña. La primera, el mecanismo de empadronamiento de las personas que, aplicado desde un enfoque de derechos humanos, será sin duda una puerta hacia la inclusión social; la segunda, el apoyo en el traslado hacia las ciudades que más requieren del trabajo que pueden aportar quienes vienen a Chile en busca de una mejor vida para ellos y sus familias. Se trata de compromisos de campaña que nos hicieron soñar con que las cosas pueden ser distintas. Esperamos que durante este gobierno la esperanza le gane al miedo de ser migrante en Chile.
Referencias
https://www.latercera.com/nacional/noticia/una-comida-al-dia-y-a-cuatro-horas-a-pie-de-la-ciudad-las-condiciones-de-lobito-el-albergue-para-los-migrantes-irregulares-de-iquique/TL7PADRA3NB4BABBZELD3YDPLY/#:~:text=Iquique-,Una%20comida%20al%20d%C3%ADa%20y%20a%20cuatro%20horas%20a%20pie%20de,los%20migrantes%20irregulares%20de%20Iquique&text=En%20medio%20de%20dunas%20y,irregulares%20que%20se%20han%20autodenunciado.