Revista Planeo Nº 45 Agua y Territorios, Octubre 2020
[Por Denisse Larracilla; Editora Revista Planeo, estudiante del Magíster en Desarrollo Urbano en la Pontificia Universidad Católica de Chile]
Resumen:
Rodrigo Mundaca, es ingeniero agrónomo y vocero nacional del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (MODATIMA), una organización nacida en 2010 en la provincia de Petorca, en la Región de Valparaíso, que ha denunciado y visibilizado los conflictos por el agua a nivel local, regional y nacional. En 2019, Rodrigo Mundaca recibió el Premio Internacional de Derechos Humanos de Núremberg, en Alemania. En ese mismo año, también fue galardonado con el premio Danielle Mitterrand, en París, Francia.
Im. Rodrigo Mundaca
- Gran parte del trabajo de MODATIMA ha sido denunciar las implicaciones socioambientales de la privatización del agua en Chile y visibilizar cómo esta ha sido favorecida por la Constitución y la normativa actual. En el marco del proceso constituyente que viene para Chile, ¿qué aspectos consideras que son clave de discutir y proponer en torno al agua para la integración de una nueva Carta Magna?
Sin duda, Chile es el único país del mundo que tiene privatizadas sus fuentes de agua y también la gestión de las aguas. La privatización de las fuentes tiene como antecedente a la Constitución Política del 1980, que en su artículo 19, numeral 24, señala que los derechos de los particulares sobre las aguas ―reconocidos o constituidos en conformidad de la Ley― otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ella. Es decir, en Chile constitucionalmente se encuentra consagrado el régimen jurídico privado de agua.
A renglón seguido, el Código de Aguas de 1981 es un dispositivo teórico-institucional de administración de las aguas que se encarga de separar la propiedad del agua del dominio de la tierra. Por lo que hoy, existen propietarios de tierra que no tienen agua y viceversa. El Código reconoce al agua como un bien nacional de uso público, pero también como un bien económico. Le confiere la prerrogativa al Estado de conceder el derecho de aprovechamiento de agua de forma gratuita y perpetua a los particulares. Quienes amparados en las garantías constitucionales del artículo 19, incorporan ese derecho de aprovechamiento de agua a su patrimonio y pueden, por tanto, concurrir al mercado a vender, comprar o arrendar agua.
Otra característica del Código de Aguas es que creó dos categorías de derecho de aprovechamiento: consuntivo ―de aguas que se consumen― y no consuntivo ―que no se consumen―. Y dado que el último balance hídrico se realizó en 1987, las aproximaciones a las propiedades de consuntivos y no consuntivos solo pueden ser estimadas. En el caso de las primeras, se calcula que el 73% está en manos del sector irrigado, básicamente forestal y agrícola; entre 10 y 13% en manos del sector minero; entre 2 y 3% en propiedad del sector sanitario; y el saldo restante en el sector industrial. Y es muy probable que la proporción de los derechos en el sector minero sea mucho mayor, puesto que en el artículo 56 del Código de Aguas se mencionan las “aguas del minero”. Esto significa que, si se encuentra agua en un sitio de explotación minera en un territorio, no se pide el derecho de aprovechamiento de agua, ni se inscribe en el Conservador de Bienes Raíces. Simple y llanamente esa agua encontrada se superpone a cualquier otro tipo de uso. Por otro lado, los derechos de agua de usos no consuntivos, que se destinan principalmente a la generación de hidroelectricidad, están en manos de Enel, una empresa público-privada italiana; de AES Gener, de propiedad norteamericana; y del grupo Colbún, que es un grupo nacional.
Dicho esto, no se saca nada con alterar los artículos del Código de Aguas, sin antes terminar con la norma jurídica que se superpone, que es la Constitución Política de 1980, y su artículo 19, numeral 24. Es determinante para nosotros hacer del agua un bien común y de su acceso un derecho humano.
Adicionalmente a esto, creemos que es fundamental establecer prioridades de uso del agua: primero, para salvaguardar la vida de las comunidades, para la preservación y funcionamiento de los ecosistemas, para la producción de alimentos y, después, para el resto de los usos. También es importante construir una nueva institucionalidad hídrica. Una institucionalidad que ahora es corrupta y responsable de haber sobre otorgado más del 80% de las 101 cuencas en el país: lo que significa haber entregado más derechos de agua que el agua disponible en las cuencas.
Es fundamental restituir la propiedad del agua y el dominio de la tierra, y también plantear la necesidad de nuevas organizaciones de usuarios de agua. En el país, las Juntas de Vigilancia ―en el caso de aguas superficiales― o las CASUB, ―Comisiones de Agua Subterránea― se estructuran en torno a la propiedad. Es decir, el presidente de una Junta de Vigilancia es aquel personaje que tiene más acciones de agua; y en el caso de las CASUB, quien tiene más litros por segundo. Nosotros creemos que eso es completamente antidemocrático, y nos gustaría poder avanzar hacia una figura de Consejos de Cuenca. Esto significaría que no necesariamente debo tener una titularidad con respecto a un derecho de agua, sino que tengo la potestad y facultad de opinar sobre qué se hace con el agua en mi territorio. Cuando del agua depende la vida de las personas, de los vegetales, el funcionamiento de los ecosistemas y el desarrollo de las economías locales, es completamente impropio que sean los propietarios los que definan qué hacer con el agua en el territorio.
Asimismo, es primordial plantearse la reapropiación social de aquello que fue público: terminar con la propiedad privada de las sanitarias. En la práctica, las sanitarias en Chile son un coto de caza, un negocio opaco donde las empresas sanitarias financian a parte de la casta política y ofrecen sillones en sus directorios a aquellos parlamentarios que en la historia concurrieron con su voto a privatizar las sanitarias. Por ejemplo, Luis Mayol, quien fue intendente de Piñera hasta el 2018 en la Araucanía, y tiene responsabilidad política en el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca. Después de que deja la Intendencia, ahora ocupa un sillón en el directorio de Aguas Andinas, que es la sanitaria más grande del país y cuyos propietarios son el grupo Suez. Por otro lado, Guillermo Pickering, quien fue subsecretario de los gobiernos de Frei Ruiz-Tagle y de Lagos, era presidente de la empresa Essal. La sanitaria que el año pasado provocó una crisis ambiental al derramar petróleo en el principal cuerpo de agua de la ciudad de Osorno, dejando a más de cien mil personas sin agua durante once días. A esto me refiero cuando hablo del maridaje en las empresas sanitarias.
Además, hoy en Chile, pagamos las tarifas más altas de América Latina por consumir agua potable. El 89,2% de los clientes totales que consumen agua potable en el país dependen de tres grandes empresas transnacionales: el grupo Suez, Ontario Teachers y Marubeni. Las empresas transnacionales se apropiaron de las sanitarias en el primer periodo de Frei Ruiz-Tagle, a propósito de un proceso de privatización a ultranza, a fardo cerrado, de las empresas ESSAL, ESVAL, ESSBIO y EMOS. Y después, durante el gobierno de Lagos, se cambió esa figura de privatización a la de concesiones de las sanitarias por treinta años. Esto en la práctica, también es una privatización encubierta, porque al concesionar durante ese tiempo a una sanitaria parece prácticamente imposible poder recuperarla como propiedad pública. Yo diría que esos elementos son centrales en una nueva Constitución.
- Pensando en otras escalas, ¿qué papel juega la globalización en el caso de Petorca y en otros conflictos socio-ambientales, como los relacionados con la industria minera y forestal? ¿hay elementos a otras escalas que también sean importantes de tomar en cuenta?
Juega en un elemento central. En Europa hay un creciente consumo de aguacate: restaurantes temáticos, licores, farmacéuticas y desarrollo bioquímico en base al furano que tiene el cuesco de este fruto. En septiembre del año pasado estuve en Nüremberg, Alemania para recibir un premio, y después en París, invitado por la fundación France Libertés, para recibir otra distinción. Y es curioso, porque esta pregunta me la hicieron varias veces y yo les decía lo siguiente: ¿es posible que la Comunidad Económica Europea (CEE) ―que se aprecia de tener un consumidor ético, que le importa la sustentabilidad y que tiene estándares rigurosos para proteger el medio ambiente― le siga comprando paltas a productores de la provincia de Petorca que le roban el agua a las comunidades? ¿Es posible que la CEE siga soslayando la necesidad de tener mecanismos de trazabilidad sobre esta fruta que se produce en el campo y que llega a las mesas de los restaurantes gourmet? Mucha gente se quedaba pensando y me respondía: “es verdad, no somos rigurosos; nos gusta la palta y la consumimos, pero no nos preocupamos de la rastreabilidad del producto”.
Objetivamente, hay un mercado que demanda fruta, hortalizas, granos, cereales. Y los países de América Latina somos eternos proveedores de productos primarios y hortofrutícolas, sobre todo en Europa Central. Y aunque hoy está cambiando la balanza comercial hacia China, la Comunidad Económica Europea sigue siendo uno de los socios comerciales importantes de Latinoamérica y de Chile, particularmente con el aguacate. Entonces creo que sí, la globalización juega un rol bastante importante. Porque además la palta en Chile está acuñada como el oro verde: tiene buenos retornos y hay una cadena de valor que se encuentra bastante desarrollada. Pero en la práctica, lo que no es posible, es que los europeos consuman palta que proviene de territorios donde se viola sistemáticamente el derecho humano al agua o donde la producción de aguacate se encuentra vinculada al narcotráfico, como ocurre en México. Ese consumidor ético debería exigir que hubiera mecanismos de trazabilidad para verificar in situ que esa palta se ha producido de forma racional, sustentable, democrática y sin alterar un derecho humano que es esencial.
- En el caso de Petorca ¿qué ha revelado el Covid-19 como problemas y desafíos frente al agua, considerando la escasez hídrica que tienen ahora?
Yo diría que si hay algo que la pandemia ha puesto de manifiesto de manera brutal en Chile es la privatización y mercantilización de las aguas. Porque todos los salubristas a nivel mundial y todas las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), señalan que el lavado frecuente y continuo de manos impide el avance del Covid-19. En la provincia de Petorca, que tiene poco más de setenta mil habitantes, aproximadamente la mitad de la población depende del suministro de agua a través de camiones de aljibe, particularmente los sectores rurales de la provincia. Aquí la pregunta sería: ¿es posible que con cincuenta litros de agua por persona se pueda satisfacer la demanda de agua para bebida, para funciones fisiológicas y también para higienizarse las manos de forma continua y frecuente? Es imposible. Incluso en el escenario de pandemia, el gobierno de Piñera, a través de su Secretario Regional Ministerial de salud (Seremi) de la V Región, el 8 de abril del 2020 formuló el decreto el 456, que señalaba “aumentar la dotación de agua vía camiones de aljibe de cincuenta a cien litros de agua por persona”. Pero ocho días después, formularon un segundo decreto, el 458, que dejaba sin efecto al anterior, manteniendo la primera cantidad. Y cuando se le preguntó al Seremi de salud el porqué de la medida, dijo que de acuerdo al gobierno y a la OMS ―plagiando a esta organización― con cincuenta litros era suficiente para satisfacer todas las demandas de agua. Pero a renglón seguido lo volvieron a interpelar y finalmente declaró que tenían problemas presupuestarios.
El gobierno actual y los anteriores tienen facultad expropiatoria en un escenario de pandemia como el que estamos viviendo y ellos podrían expropiar agua. Sin embargo, no ejercen esa facultad y mantienen el mercado del agua en un escenario como el actual, que francamente es dantesco en aquellas comunidades rurales. Pero, además, también hay que decir que es completamente impropio y es un conflicto de intereses feroz que al interior del gobierno de Piñera haya un gabinete hídrico, liderado por el ministro de agricultura, Antonio Walker Prieto. Pues él y su familia tienen más de 29 mil litros por segundo, lo que equivale al suministro permanente y continuo de 14 millones de personas. El ministro es uno de los zares del agua. Y si bien tiene que cuidar el buen uso de los bienes naturales comunes ―particularmente de la tierra y del agua― y formular una política pública que preserve el rol societario de la agricultura, en la práctica lo que hace es velar por el interés privado asociado al negocio del agua.
Por tanto, hoy Petorca es conocido planetariamente como el epicentro más nítido de la violación del derecho humano al agua. Las cosas no han cambiado, no hay escurrimiento superficial del agua en los ríos desde hace ya quince años. El río Petorca entró en restricción en 1997 y el Ligua en 2004. De acuerdo con la institucionalidad, esto significa que no se pueden seguir entregando derechos de aprovechamiento de agua en esos ríos. Sin embargo, se siguen entregando. Pero, además, el negocio de los paltos sigue creciendo en otros territorios, los cerros se siguen deforestando y se sigue eliminado la flora y fauna nativa. Porque tampoco hay instrumentos de ordenamiento territorial y espacial asociados a las capacidades de uso agrícola de los suelos. Por tanto, un empresario que compra cerro puede deforestar, destruir todos los reservorios de humedad, todos los sumideros de carbono y poner paltos, pues el negocio del monocultivo ―ya sea de aguacates, uvas de mesa o carozos― no pasa por sistemas de evaluación de impacto ambiental. Simple y llanamente se echa adelante sin ningún tipo de fiscalización ni regulación.
- ¿Qué lecciones sobre el poder de las comunidades pueden dejarnos los años de lucha en Petorca?
Hemos sido muy perseverantes. Yo diría que la batalla por el agua en Chile y en el planeta, se instala con mucha fuerza desde Petorca, no obstante que también hay otros movimientos que vienen luchando desde hace mucho tiempo en este tema. De hecho, el 20 de agosto de este año, Leo Heller, Relator Especial de la ONU sobre el derecho humano al agua y el saneamiento se pronunció sobre la situación en Chile y señaló: “no es posible que en Chile la electricidad y la producción de aguacates sean más importantes que la vida de las comunidades”. Y cuando habla de la electricidad, se refiere al movimiento No Alto Maipo en la Región Metropolitana, que defiende el principal cuerpo de agua de ese territorio: el río Maipo. Y cuando habla de aguacates, se refiere a nosotros, Petorca. Por primera vez, un Relator Especial le plantea al gobierno de Piñera la necesidad de que se pronuncie sobre la necesidad de cautelar el derecho humano al agua. Y el gobierno tiene sesenta días desde el pronunciamiento de Leo Heller, para responder a ese requerimiento. Y esto ha sido fruto de la presión, del trabajo internacional que hemos desarrollado con mucha fuerza.
Hasta el año 2016 el modelo privado del agua en Chile, si bien es cierto que tenía ciertas referencias en los foros internacionales, yo diría que estalla con los reportajes internacionales. El reportaje de The Guardian, que hablaba sobre cómo los villorrios en Chile se secaban con el negocio actual; el titulado “Paltas: ¿super alimento o asesino ambiental”, de la televisión alemana; o “Lágrimas Secas de Chile”, de radio y televisión rusa. Hasta The New York Times reaccionó ante lo que señaló Leo Heller el 20 de agosto. Periódicos como El País, France-Presse y France 24 han reaccionado a la situación que ocurre en Chile y realizado sendos reportajes. Entonces creo que desde el punto de vista comunitario logramos instalar esta batalla planetariamente y hoy se conoce lo que sucede en nuestro territorio.
En términos concretos, no hemos avanzado nada, porque si bien es cierto que el régimen de Piñera tiene un compromiso abierto, manifiesto y declarado en torno al modelo privado de agua, el problema de agua en Chile tiene un contexto histórico, pues llevamos cuarenta años con esta situación. Los gobiernos anteriores se han caracterizado por un “gatopardismo” en materia de agua. Aseguraron que iban a cambiarlo todo y al final todo sigue igual; no ha habido ningún cambio estructural. La única reforma que se ha hecho al Código de Aguas, fue en 2005, en la cual se estableció el pago de multas por la no utilización de los derechos de aprovechamiento de agua. Y eso, que se pensó inicialmente como un avance, se transformó en un retroceso, porque finalmente se concentró aún más la propiedad del agua. Solo entre 2005 y 2008 se realizaron veinte mil transacciones de aprovechamiento de agua con un equivalente a 4,5 billones de dólares.
Yo diría que en materia legislativa no hemos avanzado nada. En el último periodo legislativo del 2019, que concluye en enero del 2020, se presentó en el Senado un proyecto de ley para hacer del agua un bien nacional de uso y dominio público. Veinticuatro senadores votaron a favor de ello, pero doce en contra, y se impuso el veto de la minoría porque para proyectos de esa naturaleza ―que requieren reforma constitucional― se precisa de quorum calificado; por tanto, el proyecto no prosperó. Pero curiosamente, de los doce que votaron en contra, cuatro eran propietarios de agua y participan del debate público. Entonces, en términos legislativos no se ha podido avanzar prácticamente nada, porque hay bancadas “pretorianas” del modelo privado de agua al interior del Congreso y que están ahí para obstaculizar cualquier avance.
Yo creo que nuestras ganadas son morales. Las comunidades lograron instalar el tema, pero a un costo muy alto también, en términos de censura, persecución, amenazas de muerte, migración ambiental forzada, destrucción de los identitarios culturales, territoriales y de los sitios ceremoniales. En fin, los costos han sido muy altos.
- Ayer nos enteramos sobre la propuesta de tu candidatura para la Gobernación Regional de Valparaíso. Al respecto ¿cuáles son las principales oportunidades y desafíos que implicaría la gubernatura para abordar los temas territoriales y socioambientales de la región?
Nuestra organización MODATIMA, de la cual soy vocero nacional, surge en la provincia de Petorca, aquí en la V Región. Nace como una expresión organizada de resistencia ante el despojo del agua, el monocultivo, el uso intensivo e irracional de bienes naturales y finitos, y la sobreutilización de los medios de cultivo. Durante mucho tiempo hemos batallado en este territorio, pero desde el 2016, en el que dimos un salto dialéctico, yo diría que estamos prácticamente en todo el país. MODATIMA tiene una Mesa Nacional integrada por compañeras y compañeros, que durante mucho tiempo ―y aquí voy a utilizar una metáfora futbolística― “estuvimos en la galería del estadio gritando que el árbitro era saquero, que no era imparcial”. Este año entramos en una discusión muy intensa sobre lo que se avecina: el proceso constituyente y los procesos electorales. Discutimos en torno a la necesidad de disputar y de participar de espacios de deliberación popular, pero ya de forma institucional, no como partido sino como movimiento. Y bueno, los independientes tenemos serias barreras de entrada para poder participar. Porque en un escenario de pandemia en el que vivimos, la posibilidad de presentarte como independiente en una candidatura constituyente significa recaudar firmas y llevar a los que van a firmar por ti a la notaría para que puedan patrocinar tu candidatura, lo que parece prácticamente imposible.
Dicho esto, estuvimos conversando con distintos movimientos y partidos, y en el Frente Amplio nos ofrecieron un cupo de independientes, que era lo que nos acomodaba, pues siempre dijimos que nos interesaba mantener nuestra independencia y autonomía. Tomamos la decisión de levantar candidatas a constituyentes, que van a dar dura batalla en distintos distritos. También tenemos candidatos a concejales, candidatas a alcaldesas y se planteó la posibilidad de disputar la gobernación de la V Región. Puedo decir con mucha sinceridad que mi propósito inicial era ser constituyente porque me interesaba esa batalla, pero soy un tipo disciplinado, pertenezco a una a un movimiento y en la Mesa se impuso el criterio de que debíamos disputar la gobernación regional.
Ahora, ¿por qué sí? Bueno, pues hay un montón de argumentos. En Chile existe un centralismo exacerbado que deja todo en la metrópolis. Por ejemplo, las empresas que explotan recursos naturales en territorios como el nuestro, tributan en Santiago. Entonces ahí existe una tremenda demanda para impulsar una Ley de rentas territoriales. Es importante el respeto de la democracia y las diversidades territoriales. Nosotros hace mucho tiempo hablamos de la lucha por el agua, pero también de la necesidad construir nuevos paradigmas de desarrollo a nivel regional, que armonicen la relación con la naturaleza, que prioricen el cuidado del medio ambiente, el buen uso de los bienes naturales comunes y que apunten también al buen vivir de la región.
En este proceso de descentralización lo único que se ha ganado hasta ahora es la elección de los gobernadores y la transferencia de competencias locales. Pero en el caso del ejercicio del cargo, tiene facultades muy acotadas, y por tanto se apertura un proceso de discusión que es muy relevante. Asimismo, representa una batalla épica que, en la práctica, significa devolverle la posibilidad a los territorios de ser quienes definan el derrotero de sus propios destinos. Una batalla que se encuentra indirectamente imbricada con la lucha por el agua, por la recuperación de la tierra, por terminar con las zonas de sacrificio y acabar con la privatización de los recursos y la pesca de arrastre. Hay muchos temas que están en el centro de la discusión, y por esos argumentos mis compañeros me convencieron de que había que disputar. Y lo haremos con argumentos, ideas y sueños, porque cuando estás en una disputa de esta naturaleza tienes un parlante mucho más grande.