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Territorios y Ciudades en transición a la paz y la justicia

Octubre 2023

Entrevista a Cristián Correa, abogado especializado en justicia transicional

Se habla de que la reparación puede ser material o simbólica, pero todas las formas de reparación son, a la vez, materiales y simbólicas

PLANEO 57 | Territorios y Ciudades en transición a la paz y la justicia | octubre 2023


[Por: Diego Carvajal Hicks: Sociólogo. Candidato a Doctor en Arquitectura y Estudios Urbanos]

Cristián Correa es un experto en justicia transicional y en políticas de reparación a violaciones masivas a los derechos humanos. Es asesor sénior del Global Survivors Fund en temas de reparación a y con sobrevivientes de violencia sexual en conflictos armados. Previamente, se desempeñó en el Centro Internacional para la Justicia Transicional y, antes, en la Comisión Valech y en la implementación de políticas de reparación a violaciones de los derechos humanos en Chile. Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene un magíster en Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame, EE.UU.

Cristián Correa. Fuente: facilitada por el entrevistado
Cristián Correa. Fuente: facilitada por el entrevistado

 

 

PLANEO (P): ¿Cómo llegaste a ser abogado de víctimas de violaciones a los derechos humanos? ¿Qué experiencias o procesos marcaron tu entrada a este campo?

Cristián Correa (CC): Estudié Derecho porque crecí durante la Dictadura y las violaciones a derechos humanos era algo que me impactaba, y sentía que necesitaba involucrarme en su defensa. En esos años el activismo de Derechos Humanos y de lucha por la Democracia, me llevó al “Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo”, donde denunciamos estas prácticas, en tanto crímenes que reflejaban la naturaleza opresora de la Dictadura. Pero no es fácil encontrar trabajo en estos temas, y luego de estudiar un Magíster en Estados Unidos, regresé a trabajar en otra dimensión de los derechos humanos; la pobreza y el acceso de los pobres a la justicia. Trabajaba en una parroquia dando asistencia jurídica y ahí te das cuenta de la tremenda barrera, de lo ineficiente y poco accesible que son los tribunales para los pobres. El recurso teórico de la igualdad ante la justicia en verdad no existe para ellos. Trabajé 10 años en acceso a la justicia, intentando resolver conflictos mediante mediación y promoviendo soluciones alternativas a los tribunales. Un problema común que encontrabamos era que, ante la dificultad de obtener la posesión efectiva de la herencia, muchas propiedades quedaban sin titulación, generando conflictos familiares. Propusimos una ley que simplificara eso y, a pesar de la resistencia del Colegio de Abogados, fue aprobada y ahora puedes obtener la posesión efectiva de la herencia ante el registro civil, sin necesidad de abogados o jueces.

Cuando el Presidente Lagos creó la comisión Valech postulé y asumí el cargo de secretario de la comisión, siendo esta mi entrada desde lo profesional a las violaciones a DDHH. Ahora, no creo que soy abogado de víctimas, tal como dice la pregunta, porque jamás he llevado un caso en tribunales, pero en cierta parte sí lo soy, pues intento encontrar soluciones en diversos paises para que las víctimas de violaciones a los derechos humanos accedan a justicia y reparación. Se trata de contribuir a desarrollar formas de reparación que sean efectivas y que realmente se puedan cumplir. En el caso de la Comision Valech, cuando hablabamos de números masivos de víctimas (28 mil), 30 años después de sufrir torturas y violaciones con métodos sistemáticos: ¿Cómo llegas a cada una de esas personas? ¿Qué puede hacer un gobierno responsable para reparar, cuando el daño es devastador y cuando los 30 años de silencio son quizás más devastadores que las sesiones de tortura?

Cuando tú asumes ese desafío desde el gobierno es muy fuerte, porque te sientes responsable, porque eres Estado. Y te preguntas ¿cómo cumplir lo que es justo?, cuando las condiciones son imposibles, y cuando los estándares que dicen lo que tengo que hacer en derecho nacional e internacional, son imposibles de cumplir. Cuando hay gente que ni siquiera puede hablar de lo que le pasó por el miedo y el trauma, o por miedo a la estigmatización, que en materia sexual es aún mayor. ¿Cómo evaluar la magnitud de la tortura y de la violencia sexual?. Es complejo, pues no se limita sólo a actos de indescriptible violencia, sino que va seguido de desempleo y estigmatización al estar en las listas negras  y no tener trabajo o no poder darle educación a tus hijos. Entonces, ¿qué se debe hacer para reparar tanto sufrimiento? El Estado, después de esto, está en deuda de por vida con esos compatriotas y no es posible reparar. Pero debes hacer algo que reconozca el daño causado; debes asumir y expresar la responsabilidad por ello, e implementar una serie de medidas que expresen ese reconocimiento y mejoren en algún aspecto algunas condiciones de vida, como el acceso a la salud o a la educación. Y eso fue lo que tratamos de hacer en la comisión Valech, pero sé que quedamos cortos. Así es como entro a justicia transicional.

P: En el caso de Chile: ¿Cómo se repara o reconcilia desde la institución jurídica o desde el poder judicial ?

 CC: En materia de reparación no basta con proveer de medidas materiales. Aquí el reconocimiento es fundamental. Por eso la negativa de las fuerzas armadas de reconocer y a colaborar con plenitud, después de 30 años, es un gran obstáculo. Los discursos negacionistas que han surgido recientemente también son una gran dificultad. Pero a pesar de ello, existiendo reparación material, es difícil que las víctimas se sientan reparadas si no hay justicia. Tú puedes decir que vamos a investigar hasta donde más podamos; vamos a usar interpretaciones del derecho que nos permitan determinar la responsabilidad de quienes ordenaron o controlaron la operación, o de quienes fueron cómplices o encubridores. Pero tú no puedes asegurar que vas a encontrar esas personas, juzgarlas y condenarlas, porque eso va a depender de la evidencia que puedas encontrar, además el tiempo transcurrido afecta la capacidad de la justicia. La obligación de hacer justicia es de medios, no de fines, de hacer el máximo esfuerzo posible. Pero no puedes garantizar que la justicia llegue, siempre va a ser insuficiente reparar con las personas que fueron víctimas. ¿Cómo orientas la política? Primero, reconociendo que vas a quedar corto. Segundo, escuchando a las víctimas y abriendo espacios de participación. Ello puede ayudar a hacer que un proceso sea lo más reparatorio posible, pues mientras más se escuche y reconozca la dignidad,  la participación; más posibilidades tienes de que las víctimas se sientan reconocidas en su dignidad. Se habla de que la reparación puede ser material o simbólica, pero todas las formas de reparación son, a la vez, materiales y simbólicas. La forma en como yo te escucho y entrego reparación,  es tan importante como la beca o la atención en salud que se entrega.

P: ¿Cómo pensar o practicar la justicia transicional en la actualidad? ¿Cómo pensar la violencia más allá de las dictaduras, para abordarlas también desde sus conexiones con el presente?

 CC: Una dimensión importante en justicia transicional es la mirada hacia al futuro. Aquí examinamos el pasado para aprender de él y para evitar la repetición de las violaciones cometidas. No hay mejor lección que la que nuestro propio pasado nos ofrece, respecto a lo que nos llevó a usar la violencia como método de acción política, o lo que nos llevó a justificar la represión. Se trata de considerar un elemento fundamental de la reparación en derechos humanos: La “garantía de no repetición” y la necesidad de interrumpir ciclos de violencia. Esto es muy marcado en países en conflicto armado. En Etiopía, por ejemplo, es posible identificar un continuo de opresión estatal. Cuando un grupo está en el poder ejerce el poder estatal para reprimir a los miembros de otros grupos étnicos, y cuando cambia el Gobierno el nuevo grupo “hace justicia”, y termina cometiendo los mismos abusos. La pregunta que surge allá es ¿cómo buscar un sistema de justicia transicional que reconozca las violaciones sufridas por los distintos grupos étnicos y cometidas por los distintos gobiernos? ¿Cómo incluir y dar reconocimiento en su dignidad e interrumpir los ciclos de violencia a víctimas de diferentes posiciones politicas, y de diferentes grupos etnicos?. ¿Cómo reparas o reconoces sin pensar en que no importa que grupo sea?.

Por eso es muy destacable que en el Museo de la Memoria haya una sección donde muestran a Carol Urzúa, Intendente asesinado por un comando del MIR. Esto no significa hacer equivalente un asesinato político y una ejecución sumaria por organismos del Estado, pero sí reconocer la común dignidad de quién es víctima. Hay una diferente responsabilidad cuando hay un grupo armado que cuando eres Estado, pero hay una común dignidad ¿Cómo llegas a eso?. Bueno, en la comisión Valech nos encontramos con el mismo desafío. ¿Qué hacemos con gente que fue detenida y torturada, pero que luego se convirtieron en agentes, delatadores o torturadores de sus antiguos compañeros?. Y la respuesta de la comisión fue que estas personas fueron víctimas de prisión política y tortura, y fueron reconocidas como tales. Porque los derechos humanos son inalienables, es decir, lo que hiciste antes o después de la tortura es irrelevante, a la hora de ser reconocida como víctima de violaciones de derechos humanos.

Otro dilema complejo es: ¿qué hacemos con las continuidades de violaciones del pasado que surgen con posterioridad, o que se proyectan en el presente?. Por ejemplo, en Perú, la violencia del Estado, las limitaciones de la participación política centralizada en Lima y en una clase, y la represión policial de los últimos años, de cierta forma, fueron advertidas por la Comisión de la Verdad hace 20 años. Dicha Comisión concluyó que no era casual que la violencia de los ‘80 se haya generado en la sierra, en las comunidades indígenas. Después viene un tipo como el Presidente Castillo, que representa el malestar de la exclusión social y política, y que es forzado a renunciar. La Comisión identificó este problema y denunció la exclusión social, racial y geográfica, pero el país hizo muy poco por hacerse cargo de ella. Entonces estamos volviendo a lo mismo. En Colombia se han repetido ciclos de lo mismo, cuando un grupo se desarma y luego sus miembros se recomponen en otro, ya sea de carácter político o criminal, de tráfico de drogas o de extorsión violenta. Otro ejemplo de actitudes reaccionarias ante el reconocimiento de responsabilidades por violaciones a derechos humanos, es representado por Bolsonaro y su negacionismo en Brasil,  ¿qué paso con la comisión de la verdad ahí?  ¿Qué pasa en Chile o Argentina ahora?. Después de dos comisiones de verdad y un Museo de la Memoria, y de monumentos a las víctimas por todo el país, hay que hacerse esas preguntas ¿cuáles son esas continuidades de las violencias y de esos negacionismos?

En Chile, la derecha ha intentado utilizar argumentos humanitarios para obtener reducción de sentencias o condenas menos lesivas en contra de responsables de torturas, ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas. Esto me hace recordar un artículo que leí que decía que en la izquierda y el progresismo siempre han estado por el no punitivismo, cuestionando el punitivismo del Estado y exigiendo abordar el crimen de forma alternativa, buscando formas no retributivas, justicia restaurativa, acuerdos de reparación, y políticas sociales de prevención. Pero cuando se cometen violaciones a los DDHH, la tendencia es de extremo punitivismo de parte de aquellos que defienden los DDHH. Y por otra parte tenemos a una derecha que históricamente  ha tenido un discurso muy punitivista, planteando de que si hay crimen hay que aumentar las penas. Pero cuando se trata de violaciones a los DDHH, se oponen a la justicia retributiva y plantean que hay que tener misericordia, de que hay que entender el contexto general que dió lugar a la práctica de tortura. Quizás aquí hay una oportunidad para buscar acuerdos que rescaten lo positivo de las necesidades de uno y otro lado, detrás de sus posturas por punitivismo y por justicia restaurativa. Aquí podemos explorar bajo qué condiciones es necesaria la sanción, y como ella puede ser definida de forma que de espacio al reconocimiento, a unas disculpas sinceras y la ayuda para encontrar desaparecidos o clarificar hechos, así como reconocimiento de aquellas situaciones en la que se actuó con limitada capacidad de discernir, y aplicar esos principios también a la criminalidad común.

Pero no todo es respuesta penal, sino que se requiere abrir espacios de diálogo en torno al reconocimiento de las violaciones, pero también, el reconocimiento de un contexto que no se justifica, pero que permite comprender ciertas acciones individuales y dar espacios para que perpetradores reconozcan responsabilidades. No deja de ser interesante lo que está intentando la Jurisdicción Especial de Paz, en Colombia, donde se generan espacios de justicia restaurativa, incluso para crímenes atroces. En ese sentido el concepto de “reconciliación” puede llevar a confusiones y a resistencias, porque pareciera forzar a desconocer las violaciones y el dolor causado o deslegitimar la demanda de justicia y sanción, en aquellos casos en que ella es necesaria. Me parece que el énfasis debe estar, en dejarnos confrontar por nuestras propias responsabilidades como sector político. Dicho reconocimiento debiera estar basado en ciertos principios, como lo es la común dignidad del ser humano y el rechazo a la violencia, ya sea como método de acción política, como medio de protesta, o como medio de represión, aunque sin por ello afirmar la existencia de equivalencias entre ellas.

En el caso de Chile, las protestas de Octubre de 2019 nos ofrecen una oportunidad para examinar las continuidades de las exclusiones y el malestar social que estaba presente en la lucha política en los 60’s, la violencia política y la represión que la siguió, y que dió origen a un período de represión sin precedentes en la historia del país, que deja deudas pendientes de inclusión social y política, a pesar de 30 años de democracia. Implica, en definitiva, tomarnos en serio los derechos que proclamamos en los instrumentos internacionales que firmamos y ratificamos, incluídos el derecho a la vida y a la protección judicial, como tambien el derecho a la vivienda, educación, salud, y a vivir en una ciudad amable, saludable, segura, con espacios de encuentro ciudadano y recreación.

P(PLANEO): ¿Cómo has visualizado el vínculo entre derechos humanos y ciudad?

 CC: Cuando entregamos el informe Valech, nos enteramos de que el Ministerio de Vivienda, por su cuenta, estaba dando puntaje adicional a quienes habían sido víctimas. Esto fue una acción espontánea de un sector del Gobierno que no tiene responsabilidad directa en políticas de reparación, pero que tomó una iniciativa a partir de una recomendación de la Comision. En materia de ciudad tiene que ver con el programa de monumentos y memoriales que por muchos años se trabajó, desde el programa de derechos humanos del Ministerio del Interior, y que ahora está en Justicia. Aquí la pregunta es ¿Cómo intervenir el espacio público para que haya un reconocimiento?. Si haces un mapa de estos memoriales en la ciudad o en el país, te das cuenta de que es bastante extenso. Ese programa incorporaba la visión de víctimas, la comunidad y de artistas. Quizás el más hermoso es el de Paine, que es un bosque de postes, 70 ausencias que son los desaparecidos de Paine.  Ahí la comunidad de víctimas podía hacer un mosaico en donde podía representar algo, pero las familias se reunían y conversaban en como representar al que desapareció. Villa Grimaldi también es significativo, al ser administrado por la asociación. Necesitamos algo visual tangible de algo tan intangible como la desaparición forzada. De ahí que es muy importante el cómo intervenir los espacios públicos, con procesos participativos entre víctimas y comunidad. Sobre esto, recomiendo un libro magnífico que trata el tema de espacios públicos como parte del fomento de emociones políticas democráticas e inclusivas, titulado: “Political Emotions: Why love matters for justice”, de Martha Nussbaum. En esa relación y en el encuentro en la diversidad, que nos permite reconocernos, se puede hacer ciudad.

Por ultimo, creo que uno de los legados mas nefastos de la dictadura y su enfoque economicista relativo a la ciudad es la segregacion social y las erradicaciones. La politica de erradicaciones fue un extremo de la poltica economicista y la sobrevaloracion de ciertos terrenos. Esto no sólo impuso el desarraigo de comunidades pobres que vivían y trabajaban en barrios de clase alta, sino que impuso una segregacion que tiene nefastas consecuencias en el presente. Creo que es indispensable buscar formas de hacerse cargo de esas consecuencias. Eso pasa por el reconocimiento de las erradicaciones como algo nefasto, por garantizar su no repeticion, y por asegurar una inversión extraordinaria para crear ciudad en los barrios perifericos, lo que implica cambios en la forma en como se distribuyen los recursos a nivel municipal, así como políticas regionales de inversión en infraestructura social y recreativa. Tratar eso como una exigencia de justicia a una violación del pasado puede ayudar al reconocimiento, pero tambien a vincular los derechos del presente con las violencias del pasado.

P: De acuerdo a tu trabajo y lo conversado ¿Que reflexiones te generan estos años conmemorativos de golpes de estado y vueltas a la democracia en L.A? ¿Cómo abordar el trabajo hacia el futuro?

CC: Así como lo peor que hay es el negacionismo, lo peor que puede haber ahora es el silencio, es decir, necesitamos ese debate de ideas, examinar de nuevo los informes de verdad, que aquellos que se resisten a reconocer los revisen, y a partir de ahí, sostener un diálogo abierto y no enjuiciador con los mismos. El informe de la Comisión Rettig lo escribió en buena parte Gonzalo Vial. En ese momento hubo una reflexión seria y no partidista sobre los temas. La reflexión de la comisión Valech también fue seria. La identificación de 1200 lugares de detención en el país nos llevó a concluir que existió tal masividad en la práctica de detenciones arbitrarias y de tortura que, refleja un involucramiento institucional a todo nivel. El examen de la reacción del poder judicial, nos permitió concluir también que había un involucramiento institucional, el que fue rechazado por la Corte Suprema, pero que, luego de una década, fue reconocido, y es más profundo. El tratamiento dado a la tortura por la prensa de la época también refleja cierto nivel de aceptación, al menos tácita.  El titular de la Segunda “Se matan como ratas” cuando la operación Colombo informó sobre los 119 detenidos desaparecidos que se habrían matado entre ellos en Argentina y en Brasil, es muy elocuente sobre el trato dado por la prensa a las violaciones a los derechos humanos. Tenemos una responsabilidad como sociedad. No es que estemos divididos entre los buenos y los malos, las víctimas y los cómplices. La discusión no puede ser binaria, sino debe enfocarse en reconocernos unos a otros como seres humanos, que nos equivocamos pero que podemos superar nuestros errores.

Esa discusión hay que tenerla con la altura de miras también en Perú, Brasil,  Argentina, así como en Venezuela. No es revisionismo histórico, sino reexaminar los hechos con perspectiva de tiempo, reconocer las responsabilidades que pudiesen ser menos amenazantes, como lo hizo la Asociación de Magistrados del Poder Judicial, en relación con la responsabilidad de ese sector. Debemos preguntarnos ¿qué nos dice el informe Retting 30 años después?, ¿Cuál es el ámbito que no podemos seguir negando? y también ¿en que quedó corto?, ¿Qué tipo de violaciones no fueron reconocidas?.

Lo que quisiera es que esas conversaciones sean serias, y que se actualicen con otros temas, por ejemplo, con el conflicto  mapuche y la demanda por autonomía, o el tema de los migrantes o la dimensión de la pobreza. No podemos hablar de derechos civiles si no hablamos de derechos económicos y sociales, o de derechos culturales. Hay una noción de rescatar los derechos humanos, como derechos inalienables de todos, y de destrabar la noción de derechos humanos como discurso de izquierda solamente.

Por ultimo, he visto los debates sobre Punta Peuco, y creo que el problema no es ese recinto, sino las condiciones de indignidad de las demás cárceles. Creo que el problema no es tanto bajar las condiciones que ofrece una cárcel sino subir las demás, o darles cierta paridad. El problema es ¿Cómo tratamos a los demás presos?. En fin, creo que necesitamos examinarnos y reconocer responsabilidades para comenzar a tratarnos unos a otros como seres humanos con igual dignidad y derechos, sin manipular estas nociones o aplicarlas solo a un sector. Esa creo que es la invitación y el desafío.