Planeo Digital

Revista PLANEO N°56 | La ciudad como derecho| Julio 2023

Por: [Diego Carvajal Hicks: Sociólogo. Candidato a Doctor en Arquitectura y Estudios Urbanos UC]

Alexis Cortés es profesor del Departamento de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado desde 2014, fue director del Magíster en Sociología y vice-presidente del Colegio de Sociólogos y Sociólogas de Chile (A.G.). Es doctor en sociología por el Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Estado de Rio de Janeiro (IESP-UERJ), máster en sociología (IUPERJ-Brasil) y sociólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente dirige el proyecto FONDECYT: “Radiografía del pensamiento crítico latinoamericano: Las antologías de CLACSO como aproximación a un canon regional”. Es autor de: 2018. Favelados e pobladores nas ciências sociais: A construçao teórica de um movimiento social.  EdUERJ, Rio de Janeiro.

PLANEO(P): Para partir quisiera consultarte ¿Cuáles son las principales líneas de trabajo, corrientes o epistemologías que te han estimulado desde la sociología o las ciencias sociales, a pensar a nivel teórico/metodológico y/o ideológico, las desigualdades e injusticias de la ciudad actual?

Alexis Cortés (AC): Las principales corrientes que he abordado y que me han influido para abordar una perspectiva de desigualdades urbanas,  las fui adquiriendo en mi formación de pregrado con los cursos que hice en el Instituto de Estudios Urbanos con Francisco Sabatini, Gonzalo Cáceres, Carlos Sierralta, donde el estudio de la “segregación socio-espacial” me permitió fortalecer un interés en la cuestión urbana. Esto me hizo extender un puente entre estos objetivos de investigación, y mi propia biografía como alguien que se crio en poblaciones emblemáticas de Santiago como la Victoria, La Legua, La Santa Adriana, la Villa O’Higgins, donde la que más me marcó fue la población la Victoria. Entonces, fue en estos cursos que yo hice de mi propio barrio un objeto de estudio,  lo que me llevó a postular a un Magister, y ahí dedicarle a la identidad territorial de la población la Victoria, mi tesis de Maestría. En eso también fue importante el trabajo de Francisca Márquez, con quien tuve la oportunidad de ser asistente de investigación. También fui asistente en un proyecto Anillos 2, donde estaba Sabatini, Rodrigo Salcedo, Guillermo Wormald y Alejandra Rasse. Luego estando en Brasil, en mi tesis de Doctorado realice un análisis comparativo del movimiento de pobladores en Santiago, y el movimiento de favelados en Río de Janeiro, en donde los trabajos del CIDU fueron muy importantes, a pesar de que de todas esas perspectivas, siempre traté de hacer un abordaje crítico, pero sin duda los trabajos de Manuel Castells, Franz Vandershuerren y de Eder Sader, entre otros, fueron importantes. En el caso de Brasil la lectura de la “geografía crítica”, sobre todo la escuela de Niterói en la Universidad Nacional Fluminense, con Milton Santos como referente, fueron significativas. Y de São Paulo, hay una corriente que tiene un abordaje marxista, que para mí sigue siendo sugerente para comprender las desigualdades sociales o las desigualdades urbanas. Ahí está Lucio Kowaric que habla de la “espoliación urbana”, que es un concepto que sigue siendo provechoso para entender como hay expresiones específicas de la explotación, a partir de la externalización de lógicas de mantención de la condición de reproducción de la vida de las trabajadores, que se dan por medio de lógicas de acumulación, y donde se ocupa la idea de “acumulación por desposesión”, pensando en una idea marxista más clásica que ha fortalecido David Harvey. Por último, tengo que mencionar a mi propio profesor guía, Luiz Antonio Machado Da Silva, que es uno de los fundadores en estudios sobre favelas en Río de Janeiro, que con su perspectiva pragmática, desde la perspectiva de los actores, en este caso, de los favelados, marcó bastante mi formación y mi modo de aproximarme a las ciudades y a los actores que, dentro de ella, van produciéndola.

P: Desde tu experiencia investigativa o política: ¿Cuáles crees que son las principales características de los movimientos sociales de pobladores en Chile?. ¿Cómo crees que convive una perspectiva de clase (revolucionaria, si así fuese), con una lógica de acuerdos, concreciones y funcionalidades políticas a corto plazo? ¿Qué discordancias, rupturas o conflictos ves ahí?

AC: Diría que el movimiento de pobladores es un movimiento que se define por el papel que juega dentro de la ciudad, y que se puede combinar desde dos definiciones. Por un lado, que es lo que M. Castells moviliza, aunque excluyendo esta idea de “contradicción secundaria”, es la definición de movimiento de poblador basado en una contradicción de consumo, pero que por las dinámicas de poder está enfrentado a las lógicas del Estado. Pero, lo que sí es provechoso del abordaje que él tenía, es la definición de la “cuestión urbana” y de los actores que son productores de la ciudad, donde por un lado están los “actores públicos”, siendo el Estado fundamental, pero también, en segundo lugar, el mercado, los actores inmobiliarios, y un tercer factor, que son los “movimientos sociales urbanos”, que es la definición que sigue siendo provechosa, porque los pobladores se definen, más que por la lucha del techo, por el papel que juegan en la construcción de una ciudad más democrática. Por eso rescato esta idea de Castells, pero también creo que son importantes las definiciones espaciales de los pobladores que en los años 80 en Chile se empiezan a producir. Ahí destaco el trabajo de Bernardita Gallardo, en FLACSO, pero también de Francisco Sabatini, porque creo que lo que define a los pobladores, es que este es indisociable de la territorialidad que va produciendo. El movimiento de pobladores no se reduce a la casa, “es una lucha más grande que una casa” dicen los pobladores del MIR en los años 70, tanto es que buena parte de los pobladores de los años 80, protagonizan una página muy significativa en la historia de Chile en la resistencia a la dictadura. La población la Victoria, La Legua, la Bandera, que se destacaron durante las jornadas de movilización popular contra la Dictadura, eran gente que ya habían conquistado su casa, pero que seguía demandando en un sentido amplio, un “Derecho a la ciudad”, que tenía un componente ciudadano y de soberanía bien potente en el espacio urbano, movilizando la idea de Justicia Social ligada a ese propio accionar.

Entonces diría que es eso lo que a grandes rasgos define al movimiento de pobladores,  que tiene un repertorio de acción colectiva en donde la lucha por la vivienda juega un rol central, porque la toma de terrenos en su momento fue su rasgo más distintivo, pero es un movimiento que está en constante metamorfosis, y ya no es sólo la toma de terrenos lo que lo define, sino más bien la  interacción con otros actores urbanos, sobre todo con el Estado y el mercado. Y eso creo que es la experiencia que movilizan movimientos como el de “pobladores en lucha” (MPL) o Ukamau, al proponer nuevas formas de gestión urbana que aprovechen los intersticios entre lo público y lo privado, para producir alternativas de habitación y barriales que permiten cierta reconquista de esta soberanía territorial que los pobladores pueden ejercer. El último elemento que yo mencionaría, es esta tensión entre Estado y acción de los pobladores, que las Ciencias Sociales han tendido harto a problematizarlo de un modo que no ha sido atento a la propia práctica del movimiento, que si lo tiene más claro y asumido. De hecho el movimiento de pobladores en lucha (MPL) rescata la idea del “con, contra y por fuera del Estado”, donde el Estado es un aliado, pero es alguien que hay que demandar, porque es la contraparte, por eso es contra y también -dada su ineficiencia o insensibilidad ante demandas- por fuera de ese espacio, afirmando así su propia autonomía.

P: Desde tu opinión ¿Cómo pasamos desde esa potencia destituyente del estallido social a una propuesta de constitución? ¿crees tú que los movimientos de pobladores emancipados siguieron automáticamente esa línea de salida institucional, o eso mismo vehiculizó nuevas perspectivas críticas de lucha o sospecha en torno al proceso?

 AC: El “estallido social” abre la ventana a lo que en mi libro yo denominaba, siguiendo un concepto de Jaime Gajardo Falcón, de “ruptura constituyente”. Aquí se llevó a cabo el proceso de cambio constitucional, porque hubo un “estallido”, de lo contrario esa puerta hubiese seguido cerrada. Por otro lado, es cierto de que en la derecha hay una reivindicación, por ejemplo de la propuesta de Michelle Bachelet de constitución, pero esa fue una propuesta que en su momento fue desahuciada con entusiasmo por la propia derecha, por el ex Ministro de Interior, Hernán Chadwick, cuestión que permitió que el problema constitucional siguiera presente. Ahora, es claro que la movilización que propicia el estallido tiene motivaciones múltiples, hay causas que son inmediatas que tiene este efecto gatillador de la movilización, pero que terminan moviendo una narrativa que es mucho más integral en lo que problematiza o cuestiona. Esto incluye parte del modelo y funcionamiento económico, las deficiencias del sistema democrático, y donde el tema constitucional nunca es visto como la solución de los problemas. Pero, la constitución sí era vista como uno de los problemas, probablemente uno que condiciona posibles soluciones a los problemas con los que nos enfrentamos, y donde hay cierta “pedagogía constitucional” ante el hecho que el texto vigente ha sido un impedimento para que las mayorías democráticas puedan implementar reformas sociales, que den respuesta a algunas de las grandes deudas que tiene el país en temas sociales. Entonces, si bien la constitución no soluciona mágicamente las cosas, no puede ser problema o impedimento para el funcionamiento de la democracia, cosa que fue patente como la mejor salida institucional posible, es decir, la de abrir un nuevo proceso institucional.

Es cierto de que hubo desconfianza y escepticismo por parte de los movimientos respecto del “Acuerdo por la paz y una Nueva Constitución” (2019). Sin embargo, ello no fue impedimento para que estos movimientos después fueran parte de este proceso constitucional que llevó a que en la convención se eligieran una mayoría de independientes y de convencionales ligados a los movimientos sociales en sus distintas expresiones y de otros actores como los del Colegio de Arquitectos, lo que quedó plasmado en la propuesta de la Convención de forma muy bien lograda en materia de vivienda adecuada. Ahora, si bien técnicamente estaba muy bien hecho el texto, el trabajo colectivo de los movimientos y de los profesionales ligados a los temas urbanos, fue justamente uno de los blancos que se utilizó para desvirtuar la propuesta constitucional, y contribuir a su rechazo con el mito de que la propuesta constitucional iba a permitir la expropiación de la vivienda de modo arbitrario e indiscriminado. Algo que no se podía desprender de ninguna manera del texto, pero que, sin embargo tuvo un efecto, que aún no sobemos cómo cuantificar,  pero que fue claro. Con el nuevo proceso constitucional que se abre por el “acuerdo por Chile” (2022), se permite que se mantenga abierta la posibilidad de tener un texto hecho en democracia, pero el escepticismo es aún mayor que  en el proceso anterior, al punto que muchos grupos han visto con distancia este proceso, no sintiéndose convocados por él, estando a días de que se cierre el proceso de firmas. Una de las normas que más ha concitado apoyo y que podría asociarse al mundo progresista, es la iniciativa al tema de vivienda. Esto nos habla de que el déficit habitacional sigue siendo uno de los temas que tiene el país, dada la lógica de mercantilización de los derechos sociales, que implica que el principal modulador urbano es la especulación, produciendo ciudades fuertemente segregadas, donde la posibilidad de que las personas accedan y disfruten de los beneficios de la vida colectiva en concentraciones urbanas, no se dan de acuerdo a cómo se establece en tratados internaciones en esta materia.

P: Con respecto a lo mismo: ¿qué pudiste reflexionar en torno a la constitución fallida y lo que proponía en derecho a la ciudad? ¿piensas que la experimentación y puesta en marcha de este intento, es parte de un proceso histórico que en algún momento decantará, o es el triunfo de las viejas oligarquías que defendieron y actualizaron su racionalidad de gobierno? ¿Cómo lo ves?

AC: Yo creo que abordarlo desde una perspectiva histórica, supone pensar en ciclos más amplios, y eso quiere decir que no hay que circunscribirlo a coyunturas electorales específicas. Hoy estamos en una coyuntura que ha sido favorable para los sectores conservadores y para la derecha, pero eso no es algo permanente. Estamos en un proceso de ajuste de tendencias que todavía no son del todo claras, pero que están marcadas por el hecho de que hubo un estallido social que moduló ciertos aspectos de la política, porque que haya un gobierno de las características como el de Gabriel Boric, se explica porque hubo un estallido, así como dos procesos constitucionales. Ambos momentos han actualizado la demanda por cambios sociales y la demanda por estabilidad y por orden. Y la manera de intersectar ambas demandas, es la construcción de un orden justo, y sobre todo en eso creo que hay un ajuste de la izquierda y de la derecha, siendo la izquierda la que propone cambios y la derecha la que propone orden.

En estos vaivenes se refuerza la idea del paso de un imaginario instituyente -que moviliza nuevas ideas, expectativas, deseos y demandas, nuevas coordenadas de derechos – que es difícil que pase a un imaginario instituido, que se calcifique en acuerdos más permanentes, o sea que logre una expresión institucional. La constitución era una manera de lograrlo, pero no se pudo, y ahí las explicaciones son muchas y  múltiples. La clave que más se ha reforzado últimamente, a propósito del nuevo proceso, es que la propuesta de la convención si bien recogió demandas históricas de movimientos sociales, demandas sentidas por la población, entre ellos los temas de vivienda, cuidado del medio ambiente y la naturaleza, la demanda por paridad por ejemplo, no se incorporó a un sector de la sociedad que sigue siendo relevante, y que por la circunstancia coyuntural que llevó a la conformación de la convención, quedó en una posición muy minoritaria, me refiero a la derecha.

Por otro lado, creo que si bien yo no comparto esta idea de que los movimientos sociales debieron haberse inhibido de proponer sus demandas en la convención, con lo que sí estoy de acuerdo, y de hecho los propios movimientos han hecho la autocrítica, es que no se logró pasar de  la agregación de demandas a la elaboración de un relato integrador de ellas, lo que dificultó las posibilidades de aprobación del texto porque no se logró conectar la propuesta con el sentido común de ese momento. Se trata de una población que si bien quiere cambios, estaba fatigada en términos de sus expectativas biográficas, por la tensión producida por el estallido y sobre todo por la pandemia. A todos nos pasaba que nos éramos capaces de organizar nuestra vida de aquí a un mes o dos, se vivía muy a corto plazo y había una demanda en el mundo en general de poder recuperar esa capacidad de estabilizar expectativas, lo que también dificultó la posibilidad de aprobación del texto. También hubo influencia de las fake news, de las distorsiones, de las lecturas mañosas del texto, lo que afecto la propuesta en términos de vivienda. Se trataba desde el punto de vista técnico, de una redacción muy bien lograda y legitimada por los movimientos, pero en donde lo técnico-racional no fue capaz de lidiar con la posición más emocional basada en el miedo de que te quitaran lo poco de lo conquistado de las personas, entre ellas, su vivienda. Ese salto le quitó la posibilidad de que el texto fuera exitoso.

P: Por último, si pudieras hacer una síntesis de lo conversado e intentar proyectar esto hacia un futuro deseable o crítico en términos del derecho a la ciudad ¿Cuál es tu horizonte de sentido en estos temas?

AC:  Ahí podría hacer mención al proceso actual, porque estamos en un proceso que si bien ha sido visto con indiferencia, y hasta con reluctancia por parte de la sociedad, en particular por los movimientos que fueron muy activos en el proceso anterior. Creo que, por un lado, se ha permitido mantener abierta la posibilidad de tener un texto hecho en democracia, porque Chile necesita una constitución democrática. Y en ese largo proceso constituyente, que incluye  no solo la convención, sino el proceso de Bachelet, pero también a los cuestionamientos que surgen casi de inmediato, con la imposición del texto vigente en plena dictadura, hay conquistas que llegaron para quedarse, y una de ellas y la principal es el estado social y democrático de derechos, que es un giro en las lógicas estatales que han permitido la mercantilización de los derechos sociales. En ese marco, el anteproyecto constitucional elaborado por la comisión de expertos que me toco participar, creo que tiene varios avances y entre ellos está la consagración de la vivienda adecuada, que está en el Art. 16 en el número 28. Esto es importante porque si uno lo compara con el texto de la convención, se podrá decir que es inferior a él, pero en realidad el parámetro de comparación es el texto vigente, y ahí no hay mención a la vivienda a lo largo de él, lo que es bastante deficiente en términos comparativos, porque el derecho a la vivienda está en los pactos internacionales de derechos humanos. En esta propuesta se consagra el derecho a la vivienda adecuada y, aunque si bien no profundiza en que lo que es, se tiene que leer a la luz de los tratados internacionales, ya que la propia jurisprudencia asume los tratados internacionales a nivel suprainstitucional.

Además, en la propuesta del anteproyecto, se propone que se debe leer a la luz de los tratados internacionales, siempre buscando el mayor beneficio para las personas, en cuanto a tenencia, asequibilidad, accesibilidad, entre otras cosas. Es importante porque establece que el estado promoverá, desde entidades públicas y privadas, acciones que tiendan a la satisfacción de este derecho, con preferencia de la vivienda propia de conformidad a la ley. Aquí hay una respuesta a  las interpretaciones torcidas que se instalaron en la convención respecto de la expropiación y de que nadie iba a tener vivienda propia, pero sin comprometer la posibilidad por parte del estado, en políticas públicas que no se limiten únicamente a la tenencia en propiedad. Es decir, esta norma es habilitante, promueve la seguridad de que la vivienda propia va a ser una prioridad por parte del Estado, pero no impide que el Estado establezca otras políticas. Y en la letra b, lo anterior era la a, el Estado se orientará a generar un acceso equitativo de servicios básicos, bienes y espacios públicos, movilidad segura y sustentable, conectividad y seguridad social. Estos elementos pueden ser leídos como un embrión de lo que en la teoría se conoce como derecho a la ciudad, a saber, la posibilidad del usufructo de toda la sociedad de los beneficios de la vida urbana, con justicia y participación. Desde esta perspectiva, las problemáticas que vivimos, como la segregación socio-espacial, deben ser abordadas desde la gestión de lo urbano, y a la luz de un Estado social y democrático de derecho, que dialogue con otros componentes de la propuesta como el derecho al medio ambiente  sano y libre de contaminación, la protección del medioambiente y la biodiversidad, donde además hay un componente de justicia ambiental y desarrollo sustentable. Es así como el anteproyecto habilita la posibilidad de que podamos construir un ordenamiento territorial distinto que favorezca el ejercicio pleno de los derechos. También esto hay que leerlo a la luz del capítulo sobre descentralización, que es un apartado que quedó por sobre las expectativas que yo tenía en esta materia. Este capítulo contó con la unanimidad de quienes participaron de la comisión de expertos, tanto de la derecha como la izquierda, porque establecieron esto como una cuestión prioritaria para la gestión y consolidación de gobiernos locales, a nivel de toma de decisiones más cercanas a los ciudadanos, con un punto de vista territorial y heterogéneo, además con la necesidad de transferencia de recursos y atribuciones para que los gobiernos puedan efectivamente ser gobiernos, y no solo administradores de recursos. Por lo tanto, uno podría asumir que esta propuesta de anteproyecto que ahora va a estar en proceso de revisión, de complementación y enriquecimiento, pero también de elementos que se pueden sacar por parte del consejo constitucional, es una propuesta habilitante para que se pueda imaginar una ciudad más democrática e integrada, donde el derecho a la ciudad no sea una cuestión de unos pocos, sino que efectivamente algo que la sociedad pueda ejercer. Eso es lo que rescataría de ese proceso, que a pesar de que hay escepticismo y distancia desde los movimientos, ha habido un consenso que ha permitido que en este texto se consagre el derecho a la vivienda adecuada, y un embrión de lo que podríamos llamar como derecho a la ciudad. Con todo, sin la labor que han jugado los movimientos durante todos estos años, esto no hubiera sido posible.