«El derecho a la ciudad, afectado por la segregación socioespacial en centros históricos revalorizados económicamente, demanda inclusión y equidad»
Revista PLANEO N°56 | La ciudad como derecho | Julio 2023
[Por: Ximena Salazar-Guamán. Arquitecta con un Máster en Ordenamiento Territorial. Candidata al Doctorado en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible por la Universidad Nacional del Cuyo, Mendoza, Argentina. Docente Investigadora de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo e integrante del Grupo de Investigación Territorium de la Universidad de Cuenca.
Bernarda Patricia Martínez Reyes. Grupo de Investigación Territorium de la Universidad de Cuenca.
Karen Elizabeth Chica Cobos, Grupo de Investigación Territorium de la Universidad de Cuenca]
Resumen:
La visión integrada de conceptos como el derecho a la ciudad, la segregación socioespacial y el desarrollo de actividades económicas en los centros históricos presenta un panorama complejo. El derecho a la ciudad, un concepto acuñado por Henri Lefebvre, promueve la equidad en el uso y producción del espacio urbano. Sin embargo, en muchas ciudades latinoamericanas, este derecho se ve amenazado por la segregación socioespacial, un fenómeno que intensifica la desigualdad social. Los centros históricos, espacios de integración y encuentro, han sufrido una revalorización económica que ha excluido a ciertos grupos socioeconómicos. Además, la proliferación de ciertas actividades económicas como restaurantes y bares, ha limitado aún más el acceso a estos espacios. En conclusión, es imperativo resistir estos procesos de segregación y trabajar hacia la creación de ciudades que sean inclusivas y equitativas, en línea con el espíritu del derecho a la ciudad.
Palabras clave: Derecho a la ciudad, segregación socioespacial, centros históricos
El derecho a la ciudad y la segregación socioespacial en centros históricos
El derecho a la ciudad, un término acuñado por Henri Lefebvre (Lefebvre, 2016), se ha convertido en un pilar fundamental en las discusiones sobre planificación y política urbana. Este derecho defiende la posibilidad de los habitantes de la ciudad, tanto presentes como futuros, de utilizar, ocupar y producir espacio urbano de manera justa y equitativa. No obstante, en muchas ciudades de América Latina se ve amenazado por procesos que intensifican la fragmentación y desigualdad entre diferentes estratos sociales, conocidos como segregación socioespacial (Linares & Lan, 2007).
La segregación socioespacial, un fenómeno que alude a las disparidades sociales dentro de un grupo poblacional y a la separación en categorías con un grado de distinción jerárquica o valorativa, se manifiesta en el espacio en el que se desarrollan (Linares & Lan, 2007). En el contexto latinoamericano, los procesos de producción y apropiación del espacio urbano han exacerbado estas disparidades, dando lugar a una mayor fragmentación socioespacial. Este fenómeno, consecuencia intrínseca de los modelos de producción capitalista, se manifiesta principalmente como expresión espacial de las diferentes clases sociales según el tipo de actividad económica que realicen (Linares, 2009).
En este escenario, los centros históricos, espacios simbióticos caracterizados por ser lugares de integración, articulación, encuentro y conectividad, adquieren un significado especial en la vida colectiva (Carrión, 2005). Sin embargo, en los últimos años se ha experimentado una revalorización del espacio urbano, como las centralidades históricas (Escamilla Galindo et al., 2022). Este cambio en el uso del suelo, reflejo de la producción capitalista del espacio, ha llevado a la exclusión de ciertos grupos de la población, especialmente aquellos con menos recursos económicos, limitando su acceso a estos espacios y su capacidad de participar en su producción y gestión. En este contexto, a continuación, se esbozan algunas reflexiones sobre cómo la segregación socioespacial y la revalorización económica de los centros históricos pueden limitar el derecho a la ciudad.
Segregación, derecho a la ciudad y economía en entornos patrimoniales
La relación entre segregación, derecho a la ciudad y entornos patrimoniales ha sido objeto de estudio en diversas disciplinas, desde la sociología urbana hasta la planificación y gestión del patrimonio (Fainstein, 2014; Marcuse, 2009; Smith, 2017). Se ha observado que la segregación socioespacial puede limitar el derecho a la ciudad, especialmente en los centros históricos revalorizados económicamente (Atkinson & Bridge, 2005; Lees, 2008).
Además de la vivienda, otros estudios han examinado la segregación en relación con diversas actividades económicas, incluyendo los servicios de alimentos y bebidas. Así, Zukin (1996) y Lloyd (2010) han analizado cómo la gentrificación y la revalorización de los centros históricos han llevado a la proliferación de restaurantes y bares de alta gama, lo que puede excluir a los residentes de bajos ingresos, limitando su derecho a la ciudad. Empero, a pesar de la creciente atención a este tema, aún existen brechas en nuestra comprensión de cómo estos procesos interactúan y pueden ser abordados para promover una mayor justicia espacial. Además, se ha dado menor atención a como los entornos patrimoniales -centros históricos-, pueden utilizarse para resistir la segregación y promover el derecho a la ciudad (Graham, 2002; Zukin, 2011).
El derecho a la ciudad y el desarrollo de actividades económicas en los centros históricos
El derecho a la ciudad, según Lefebvre (2016) y como lo define David Harvey (Harvey, 2013), no es el simple derecho a acceder a lo que han decidido los especuladores de la propiedad y funcionarios estatales, sino el derecho activo a hacer una ciudad diferente, adecuarla según nuestros anhelos y rehacernos también nosotros de acuerdo a una imagen diferente.
Las actividades económicas se refieren a los procesos mediante los cuales las personas producen bienes y prestan servicios para satisfacer necesidades poblacionales en función de las lógicas del mercado y ser recompensados financieramente (Banco Central de Reserva de El Salvador, 2017). Los usos de suelo considerados como “más rentables” se refieren a aquellos destinados a la prestación de un servicio, los cuales se han ubicado en el centro histórico debido al aumento de la actividad turística en la zona. Como resultado, se ha incrementado la cantidad de hoteles y restaurantes en este espacio (Astudillo et al., 2017).
En este sentido, el patrimonio ha sido absorbido por el mercado, las inversiones realizadas en los centros históricos han provocado cambios significativos en distintos ámbitos, como el económico, urbano, cultural y social, lo que ha llevado a una revalorización de su base material: los precios del suelo, los alquileres y la propiedad inmobiliaria (Carrión, 2011). Además, las políticas que actualmente se implementan para conservar estos lugares no solo buscan mantener o mejorar su aspecto urbano, sino también se enfocan en transformarlos en zonas altamente productivas donde priman los intereses económicos y privados de un grupo de la población (Escamilla Galindo et al., 2022). Esto mediante el cambio de usos de suelo hacia actividades rentables, aprovechando el patrimonio para fines de reproducción del capital (Pauta, 2019).
Por consiguiente, la interrogante radica en hasta qué punto las nuevas actividades económicas en los centros históricos constituyen un limitante para que la ciudad sea un espacio para satisfacer necesidades humanas, ya que los costos de estos servicios, específicamente restaurantes, representan barreras reales para poder acceder a estos espacios.Principio del formulario
Efectivamente, en los centros históricos se evidencia una fuerte tendencia al aumento del número de servicios asociados a restaurantes, bares, etc., en general a la prestación de servicios de alimentos. Esto para aprovechar su estratégica localización, así como su entorno patrimonial para elevar su categoría, lo que lleva consigo un incremento de los costos de dichos servicios a los usuarios. Estos altos costos de acceso constituyen un desafío para el derecho a la ciudad, ya que estas barreras limitan la capacidad de las personas para participar plenamente en la vida de la ciudad y acceder a sus beneficios de manera equitativa. En este sentido, el derecho a la ciudad no es simplemente un derecho legal o formal, sino es un derecho que se realiza y se lucha en la práctica. Por ello, su realización requiere no sólo cambios en las políticas y prácticas de planificación y gestión urbana, sino también la construcción de movimientos sociales y políticos que luchen por la justicia espacial y la democratización del espacio urbano.
El análisis de la segregación socioespacial y el derecho a la ciudad en los centros históricos nos lleva a reflexionar sobre la complejidad y los desafíos inherentes a la urbanización contemporánea. La revalorización económica de estos espacios, impulsada por la lógica del mercado, ha exacerbado las desigualdades existentes, limitando el acceso y la participación de ciertos grupos en la vida urbana; sin embargo, el derecho a la ciudad, entendido como una expresión social cambiante y variable que busca satisfacer las necesidades humanas fundamentales y mejorar la calidad de vida, nos ofrece una perspectiva esperanzadora. Este derecho nos recuerda que las ciudades son, en última instancia, construcciones sociales y que todos los habitantes tienen el derecho a influir en su forma y función (Peñafiel-Mora et al., 2020). Por lo tanto, es imperativo que busquemos formas de resistir y contrarrestar los procesos de segregación, trabajando hacia la creación de ciudades que sean inclusivas, justas y equitativas. En síntesis, en búsqueda del bien común.
Referencias bibliográficas
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