Por Carmen Catán, Arquitecta, MRICS, Magister en Desarrollo Urbano UC. Gerente Real Estate, BDO
Resumen:
Uno de los hitos importantes del discurso del presidente Boric en su cuenta anual fue abordar el déficit “de 650 mil viviendas en Chile”, dato que se liga a la ley 21.540 recientemente aprobada en el Senado, sobre integración social en la planificación urbana, gestión de suelo y plan de emergencia habitacional. ¿Este anuncio y ley harán realidad o sólo se unirá a la larga lista de anhelos de muchos chilenos? La columna reconoce el avanze y la señal que constituye la nueva ley de integración urbana, sin embargo, propone medidas para que esta pueda ser efectiva y tener efectos.
Palabras clave: Vivienda, integración urbana, déficit habitacional
Durante las últimas décadas la política urbana chilena ha puesto énfasis en el déficit habitacional Gracias a esto contamos con los subsidios, el ahorro familiar y acceso al crédito. Pero en forma paralela las ciudades han crecido bajo condiciones desiguales que no satisfacen a los habitantes más vulnerables sus necesidades básicas de acceso a servicios públicos, seguridad, conectividad y equipamiento. En 2014, la nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU), constató la segregación, diagnosticando que “en la mayoría de las grandes ciudades chilenas está presente la desigualdad urbana y la segregación socioespacial” (Minvu, 2014, p. 23).
Según datos de la Casen (2020) el déficit habitacional es de 512 mil unidades, pero una actualización en el estudio “Déficit habitacional: ¿cuántas familias necesitan una vivienda y en qué territorios?” del Centro de Políticas Públicas UC junto a Techo-Chile, concluye que éste es de 641.621 viviendas; ósea más del 10% de chilenos no tiene acceso a una vivienda. Las regiones que concentran esta carencia son la Metropolitana, Valparaíso, Biobío, Antofagasta, Tarapacá y el Maule. El acceso al crédito y los valores de arriendo se han vuelto cada vez más inaccesibles para la población vulnerable.
Por otra parte, para los inmobiliarios la construcción de este tipo de viviendas se encarece frente al alza de los materiales y mano de obra de los últimos años por lo que hay menos oferta disponible y si a esto le sumamos el proceso de desaceleración económico en que nos encontramos y el aumento de la inflación la búsqueda de la casa propia se hace cada vez más inalcanzable.
La semana pasada fue publicada en el diario oficial. la Ley N° 21.450, sobre integración social en la planificación urbana, gestión de suelo y plan de emergencia habitacional que entrega una serie de herramientas al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), para fomentar la organización y desarrollo de comités habitacionales y los sistemas de autoconstrucción; implementar políticas y programas habitacionales orientadas a enfrentar el déficit en vivienda y desarrollo urbano de las familias más vulnerables e implementar políticas de suelo que tengan por objeto reducir y contener este déficit .
En lo central la ley se traduce en lo siguiente:
- Perfeccionar las atribuciones y responsabilidades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en el ámbito de la integración social y urbana.
- Establecer obligaciones de los instrumentos de planificación comunal e intercomunal de considerar criterios de integración social y urbana.
- Establecer los Planes de Regeneración Urbana como una herramienta de gestión para intervenir en sectores deteriorados.
- Ampliar los criterios para la aplicación de los incentivos urbanísticos.
- Disponer de atribuciones para la gestión de suelo y la conformación de un Banco de Suelos estableciendo, además, criterios de disponibilidad presupuestaria.
- Proporcionar mecanismos excepcionales para habilitar terrenos para el desarrollo de proyectos de vivienda con financiamiento público.
- Establecer un plan de emergencia habitacional para abordar la situación de alto déficit y urgencias habitacionales.
Es importante señalar que esta ley es un gran avance por la urgencia actual y además históricamente en el contexto de las políticas públicas ya que se consideran variables como la inequidad urbana y no tan solo la producción de viviendas para solucionar un problema que se arrastra hace décadas. Podemos visualizar una política enfocada no sólo en la cantidad de viviendas, sino también en la calidad e integración de su entorno, en cuanto a accesibilidad de equipamiento.
Sin embargo, se debe considerar que la ley debe ir línea con el plan de emergencia habitacional, que tiene que ser capaz de impulsar inversión pública y privada para que la ciudad se desarrolle de manera orgánica, como hemos visto la producción habitacional masiva, si bien resuelve el déficit habitacional, no resuelve el déficit urbano. Debemos recordar que los problemas de infraestructura, equipamiento, áreas verdes y accesibilidad afectan directamente a la calidad de vida de sus habitantes.
Las soluciones deben ser diversas, desarrollando subsidios de arriendo para clases medias y medias bajas efectivos, nuevos modelos de financiamiento, gestión y participación que logren adaptarse a la realidad dinámica, tanto en los ámbitos urbanos y económicos.
Otro punto relevante es que esta ley se aplique de manera descentralizada, aunque la Región Metropolitana lidere el déficit, existen otras regiones con estas mismas dolencias.
Finalmente, la coordinación de los principales actores es clave en la correcta implementación de la ley, ya que, si bien el MINVU podrá agilizar procesos de postulación, adjudicación y construcción de vivienda, es esencial que la ley se aplique teniendo claridad como participarán desarrolladores inmobiliarios, familias vulnerables y autoridades locales. Es relevante considerar cuáles serán los roles que tomen estos actores en el diseño e implementación para los proyectos urbanos y habitacionales.
La aprobación de esta ley es de suma importancia para el país tanto en lo inmaterial como lo palpable. Desde lo intangible representa un símbolo de cambio en el entendimiento de ciudad y soluciones habitacionales, además de ser formulado durante el gobierno anterior y aprobado por el congreso actual. En lo tangible, tiene efectos directos en la calidad de las políticas habitacionales y el futuro de las ciudades chilenas.