Revista Planeo Nº 45 Agua y Territorios, Octubre 2020
[Por Sofia Ortega Olivetti; Socióloga Universidad Diego Portales]
Resumen:
Actualmente la inquietud ciudadana sobre temáticas relacionadas al cuidado del medio ambiente ha generado practicas con un impacto, no sólo en el sector privado de producción, sino también en el aparato político que se encarga de regular y salvaguardar el correcto uso de los recursos. La visibilización ciudadana de un sistema viciado pone en tela de juicio el correcto funcionamiento político-empresarial, dejando entrever como el extractivismo, el aprovechamiento de las aguas y la privatización de estas habla de un conflicto en donde unos pocos gozan de sus beneficios económicos y muchos otros deben sociabilizar sus costos. La apropiación de la naturaleza con fines productivos hoy en día es una razón de movilización social, con fundamento en la injusticia social.
Esta columna busca visibilizar como la apropiación del agua por parte de proyectos privados nacionales y extranjeros han llevado a la forzosa reconfiguración de estilos de vida locales y han devastado el medio ambiente nativo, provocando una respuesta ciudadana que busca justicia.
Palabras clave: medio ambiente, derecho al agua, movilización social
En las última décadas nuestro país se abrió paso a una serie de transformaciones estructurales tanto sociales como políticas y económicas, las cuales quedaron plasmada en nuestra actual constitución. En la década de los ochenta gran parte de ellas se materializaron, como es el caso del uso del agua. La mercantilización del recurso convirtió al agua -que debiera ser un derecho universal para todos- en un bien de consumo que puede ser tranzado como cualquier mercancía.
Esto marcaría un precedente único al convertirnos en uno de los primeros países en privatizar absolutamente nuestra agua potable en el transcurso de unos pocos años (Larraín & Poo, 2010). Y a su vez, el uso desenfrenado de sus derechos por parte de megaproyectos de inversión nacional y extranjera han puesto en tela de juicio la ética de estos y el rol del Estado como agente mediador.
Los conflictos desencadenados por el uso de derechos de agua enfrentan a actores con capacidades asimétricas de enfrentar la problemática. Por un lado, comunidades manifestándose por alejar de sus territorios proyectos mineros, hidroeléctricos, forestales, etc. Por otro, entidades privadas con la facultad de manejar derechos de agua y con grandes habilidades de movilizar el poder local y por último el Estado y su cuestionado rol.
Im 1. Afiche VI marcha plurinacional por el agua y los territorios 2018/Fuente: Mapuexpress.org
Es el caso de la comunidad de Caimanes, situada en el Valle del Pupío en el norte de Chile. Esta comunidad vivó en conflicto con minera Los Pelambres por 20 años, debido a la construcción del tranque de relaves (El Mauro) a pocos kilómetros de la Comunidad, en donde se depositarían 1.700 millones de toneladas de desechos tóxicos (Lawrence & Ortega, 2016). Este amenazaba con contaminar el agua potable de la localidad, contribuir con la sequía de la zona, no contar con las medidas de seguridad necesarias al estar tan cerca de una zona poblada, entre otras. Y el mayor problema radicaba precisamente en los derechos de agua que poseía la minera y legitimaba su accionar:
“… puesto que aquellos derechos que estaban constituidos sobre aguas superficiales que corrían en cauces naturales, a partir de la autorización de la Dirección General de Aguas, pasaban a ser derechos sobre fuentes artificiales de propiedad de Minera Los Pelambres” (Coordinadora por la defensa del agua y la vida, s.f: 3)
Finalmente, el proyecto se llevó a cabo a pesar de la fuerte presión social que ejerció la comunidad y tras múltiples enfrentamientos legales y negociaciones monetarias hoy en día el tranque se encuentra en funcionamiento.
Im 2. Foto de mural en Comunidad de Caimanes/Fuente: autora
Asimismo, en el sur de nuestro país, el proyecto HidroAysén también amenazó con resquebrajar la paz de la Patagonia chilena. Su proyecto contaba con la construcción de cinco centrales hidroeléctricas en la región de Aysén. Cabe destacar que las compañías de electricidad, bajo el amparo de la Ley Eléctrica (1982) y la actual constitución, contaron con la transferencia a perpetuidad y sin ningún costo de los derechos de agua(Romero & Sasso, 2014). Nuevamente el proyecto contaba con todas las condiciones legales a su favor, sin embargo, esta vez la oposición ciudadana se convirtió en la voz no sólo de las comunidades pequeñas sino también del medio ambiente que amenazaba devastar.
Ambos casos legitimados por un discurso político de progreso y el respaldo de leyes enmarcadas en la neoliberalización de mercado, que tanto en el caso de la Ley Minera (1983) como la Ley Eléctrica (1982), deja de manifiesto la profundidad y complejidad del problema.
No sólo tiene que ver con megaproyectos de inversión enfrentados a comunidades, sino más bien a un sistema que le da fundamento a una legislación que ampara este tipo de prácticas y hace posible la baja fiscalización y prácticamente nula protección de comunidades y su medio ambiente.
Conclusión
Estos son sólo algunos ejemplos de los conflictos socioambientales que nuestro país enfrenta y seguirá enfrentando. El desplazamiento forzoso, la contaminación del agua potable y sus consecuencias para la salud, la sequía, el desabastecimiento de agua para el uso de la pequeña agricultura y ganadería, el impacto medio ambiental negativo para la flora y fauna autóctona de estos lugares no deberían ser tema de discusión en la actualidad. Las personas deberían tener un derecho garantizado al agua potable para su uso personal o comunitario. Las personas no deberían salir a marchar y manifestarse en la vía pública porque el agua de sus grifos tiene minerales pesados o porque ya no pueden abastecer de bebida a sus animales en los esteros de su zona.
Cada día son más los nuevos casos, todos con similares características, comunidades alejadas amenazadas por proyectos de gran envergadura que buscan los recursos naturales que estas localidades ofrecen, sin medir el impacto socio ambiental de la intervención. Legitimados por un discurso de desarrollo que promete acceso a empleos, superar la pobreza, el agua como energía limpia. ¡Chile país minero! y todo enmarcado en la promesa del desarrollo sustentable.
Si los costos de estas comunidades pudieran servir de algo debería ser para que los proyectos de esta naturaleza sean éticamente fiscalizados y poniendo en frente el bienestar de las personas y sus estilos de vida, quizás ese día podríamos siquiera empezar a hablar de desarrollo sustentable.
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Referencias:
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Coordinadora por la defensa del agua y la vida. (Sin fecha). Tranque el Mauro de Minera Los Pelambres destruye los derechos de agua de Caimanes. http://www.derechoalagua.cl/mapa-de-conflictos/tranque-el-mauro-de-minera-los-pelambres-destruye-los-derechos-de-agua-de-caimanes/ [Consulta 21-09-2020]
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Larraín, S. & Poo, P. (2010). Conflictos por el agua en Chile. Entre los derechos humanos y las reglas del mercado.. Santiago, Chile.: Programa Chile sustentable.
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Lawrence, N, & Ortega, S. (2016). Análisis del conflicto entre minera Los Pelambres y la Comunidad de Caimanes (Tesis de pregrado). Universidad Diego Portales, Chile.
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Romero, H. & Sasso, J. (2014). Proyectos hídricos y ecología política del desarrollo en Latinoamérica: Hacia un marco analítico (pp 55-74). Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe.