Revista Planeo Nº 40 Ciudad Informal, Junio 2019
[Por: Paula Altamirano Estay, Geógrafa, Pontificia Universidad Católica de Chile, Jefa Área Proyectos, Ciudad y Territorio, DESE – Dirección de Extensión y Servicios Externos, Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos
Christian Matus Madrid, Antropólogo Social, Doctor en Arquitectura y Estudios Urbanos, Profesor Adjunto Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales (IEUT) Pontificia Universidad Católica de Chile]
Resumen
El comercio informal que se desarrolla en los bienes nacionales de uso público constituye un desafío para los municipios en Chile. Muchas veces el estigmatizado comercio en la vía pública ha enfrentado diversas propuestas locales que van desde la tolerancia a la erradicación por parte de las autoridades. Un estudio aplicado permitió proponer definiciones y principios para una futura política de control y regulación. Como principal conclusión se propone reconocer este tipo de comercio respetando sus singularidades, y su relación con el espacio público, considerando su condición de actividad que forma parte de la economía informal que debe cumplir ciertos requisitos para ser legítima manteniendo ciertas libertades.
Palabras Clave: COMERCIO INFORMAL, REGULACIÓN, ESPACIO PÚBLICO
Im 1. Comercio en B.N.U.P autorizado en el Barrio Meiggs, Comuna de Santiago
Fuente: elaboración propia
2,5 billones de personas -poco más de la mitad de los trabajadores del mundo- trabajan en la economía informal (ILO, 2017). En Chile, según el Instituto Nacional de Estadísticas (2019) existe una tasa de ocupación informal de 28,6%, dentro de la cual el comercio ambulante en la vía pública constituye una de las manifestaciones más visibles, siendo la comuna de Santiago uno de los espacios que cuentan con mayor número de vendedores informales, planteándose que a 2015 (I.M. Santiago 2015) existían más de 2000 comerciantes en la vía pública, entre autorizados y comercio ilegal, incluyendo quioscos, puestos en la vía pública y ferias libres de la comuna.
Los comerciantes informales, ya sea autorizados o no, son vistos como un problema por las administraciones municipales del país, siendo considerados una competencia desleal hacia los negocios formales que deben cumplir con normativas más exigentes. El tema es tratado desde la perspectiva de la inseguridad, siendo el comercio informal frecuentemente relacionado con la presencia de delitos, y sus productos, asociados con artículos ilegales o fraudulentos, vinculados al contrabando y piratería. En términos de su abordaje a la problemática, los municipios han planteado distintas estrategias, que van desde su aceptación, en base a políticas de “tolerancia”[1], hasta su control y prohibición llegando a aplicar incluso multas al comprador.
El Comercio informal en la vía pública: evidencias desde la comuna de Santiago
En el año 2015, la Dirección de Extensión y Servicios Externos (DESE UC) desarrolló el estudio “Propuesta de regulación y control del comercio en la vía pública”, encargado por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, teniendo como caso de estudio la comuna de Santiago. Con el objetivo de crear un perfil actualizado de los comerciantes que trabajaban en la vía pública y realizar un diagnóstico de su situación, se desarrollaron descripciones etnográficas, análisis de experiencias internacionales, veinte grupos focales con comerciantes y se levantaron 300 encuestas en terreno a comerciantes de la vía pública, con y sin permiso municipal, en los barrios Franklin, Meiggs y el centro de Santiago.
El estudio permitió reconocer los aspectos positivos del comercio informal reconociendo la perspectiva de los actores involucrados. Consultados por los beneficios de su actividad, los comerciantes informales, tanto autorizados como ilegales, coincidieron en valorar la libertad de tomar sus propias decisiones relativas al trabajo, de no tener un jefe y no cumplir horarios. Asimismo, fue relevante conocer cómo el comercio en la vía pública representaba una oportunidad laboral para personas con dificultad para entrar al mercado formal, por ejemplo, personas mayores, con poca educación, minusválidos o personas con enfermedades limitantes. Por otro lado, la encuesta evidenció que un tercio de los comerciantes eran habitantes de la misma comuna y que 75% tenían personas que dependían económicamente de ellos, develando que los permisos municipales ayudan al desarrollo de sus propios habitantes. Respecto de la compra de productos, la mayoría adquiría sus productos en negocios establecidos mayoristas (37%), importadoras (19%) y La Vega (12%). Por otra parte, la mayoría de los comerciantes poseían más de 15 años trabajando en la vía pública y 68% señalaron que no estaría dispuesto a trabajar fuera de ella, lo que demuestra que está lejos de ser una actividad provisoria.
A partir de los resultados del diagnóstico, la revisión y consideraciones sobre la base de la experiencia internacional, se propusieron las bases para desarrollar una política pública específica para atender las particularidades de este sector informal de la economía y su relación con el espacio público, reconociendo su aporte a la economía y el empleo. En tal sentido, se propuso como fundamento esencial de la definición de política el reconocer el comercio en la vía pública como parte de la economía informal pero legítima a aquellas actividades económicas ejercidas de forma ambulatoria sobre bienes nacionales de uso público, sea en la prestación de servicios o venta de productos, así como actividades artísticas, siempre y cuando tributen como contribuyentes, se generen a partir de una trazabilidad legal y se ejecuten de manera autónoma, es decir, sin empleador ni bajo subcontratación.
La propuesta de política se fundamentó en cuatro principios rectores: reconocimiento, singularidad, formalización y autorregulación. El reconocimiento del comercio que se desarrolla en la vía pública como positivo e importante, ya que genera empleo, dinamiza la economía y cubre un área de provisión de bienes y servicios complementario al comercio establecido. El principio de singularidad reconoce al comerciante como actor económico, quien hoy no está considerado debidamente en su aporte a la economía local y su complementariedad con la economía formal, pero tampoco en su condición de contribuyente ni en las estadísticas empleo, ingresos y/o producción. La formalización establece que todos los esfuerzos de la política deben estar orientados a la formalización del comercio ejercido en la vía pública en virtud que este tenga legitimidad institucional. Se debe pretender profesionalizar y modernizar su funcionamiento, además de lograr una mayor seguridad y protección social a aquellos (as) que ejercen esta actividad. Por último, la política debe promover la autorregulación de los que ejercen esta actividad, fortaleciendo su carácter asociativo en búsqueda de favorecer sus procesos de formalización y el diálogo con las instituciones de fomento y regulatorias.
La definición de fundamentos y principios para una política de regulación es un aporte fundamental para generar un acuerdo como país en la forma de relacionarnos con el comercio informal que se ejerce en la vía pública. Para esto se hace necesario un profundo cambio en la visión predominante en los municipios que la sigue asociando a la inseguridad, siendo necesario ampliar la mirada a un enfoque de abordaje multidimensional que reconozca el aporte que hace esta actividad a la vida económica de la ciudad en función de entender tanto sus aportes y ventajas como sus externalidades negativas.
Referencias bibliográficas:
Dirección de extensión y Servicios Externos (DESE FADEU UC). (2015). Informe Final, Propuesta de regulación y control del comercio en la vía pública. Santiago.
I.M. de Santiago. (1994). Ordenanza Municipal Nº59 para el Comercio Estacionado y Ambulante en Bienes Nacionales de Uso Público. Texto actualizado en 2008, Santiago, Chile.
Instituto Nacional de Estadísticas. (25 de Mayo de 2019). Estadísticas de Informalidad Laboral (EFM 2019). Obtenido de https://www.ine.cl/docs/default-source/laborales/informalidad-laboral/publicaciones/2019/estad%C3%ADsticas-de-informalidad-laboral-2019.pdf?sfvrsn=3b635dd2_6
International Labour Office (ILO). (2017). Transition from the Informal to the Formal Economy Recommendation, Workers’ Guide. Geneva: ILO.
Subsecretaria de Prevención del Delito. (2015). Estudio del Comercio Ambulante no autorizado en Santiago y sus Impplicancias en la Seguridad Ciudadana. Santiago.
[1] Se trata de autorizaciones informales que daba la municipalidad, que implicaban que a las personas se les “toleraba” que vendieran en la calle, es decir, un “permiso para trabajar sin permiso”.