Revista Planeo Nº 35 Violencia Urbana, Marzo 2018
[Por Rocío Andrade Castro, Arquitecta, Pontificia Universidad Católica de Chile, MSc Urban Development Planning, University College London]
Resumen
La construcción de torres hiperdensas en la comuna de Estación Central, en Santiago de Chile, durante los últimos años, generó una controversia urbana en la que se refleja cómo se ha ejercido la violencia simbólica para llevar el debate sobre el crecimiento urbano al ámbito técnico, legal y urbanístico, restando importancia a las experiencias de los habitantes del sector. Esta columna presenta las definiciones de controversia urbana y violencia simbólica que se han usado para analizar el caso, luego describe la situación que posibilitó la construcción de torres hiperdensas en Estación Central y comenta algunos aspectos de la violencia simbólica ocurrida durante el proceso.
Palabras clave: Violencia simbólica, controversias urbanas, Estación Central
En las ciudades confluyen y colisionan intereses diversos, son por naturaleza lugares de controversia. Drozdz (2012) define las controversias espaciales como debates sobre el curso de la acción colectiva en el espacio. Una controversia urbana puede entenderse entonces como un desacuerdo sobre el devenir de una ciudad.
No todos participan en el debate en igualdad de condiciones, pues algunos cuentan con mayores grados de poder o conocimiento necesario para incidir y, aunque es prácticamente imposible lograr la igualdad absoluta, lo que Habermas llamaría la situación ideal de habla, la búsqueda de condiciones justas de deliberación es necesaria y deseable (Flyvbjerg, 1998).
Uno de los impedimentos que tienen ciertos grupos para participar en una controversia urbana en igualdad de condiciones es lo que Bourdieu define como violencia simbólica. La violencia simbólica consiste en la imposición de ciertas convenciones discriminatorias, ocultando las relaciones de poder que permiten dicha injusticia (Castán Broto, 2013). Los individuos que sufren la violencia simbólica la aceptan, porque no la reconocen como tal (Castán Broto, 2013).
En una controversia urbana, quienes comprenden las normas que regulan la planificación urbana, las tendencias del mercado inmobiliario o la forma en que se diseña y construye una edificación, pueden excluir fácilmente a quienes no manejan estos temas. Pero además, estos individuos son los que establecen cuáles son los conocimientos necesarios para participar del debate, definiendo así quién queda en mejores condiciones para deliberar.
La construcción de torres hiperdensas en la comuna de Estación Central, en Santiago de Chile, durante los últimos años, es un caso que refleja la violencia simbólica que puede producirse en el marco de una controversia urbana.
La proliferación de torres se produjo en un sector de la comuna que estuvo regulado por el antiguo Plan Intercomunal de Santiago (PIS), plan que se elaboró antes de que se distinguieran los ámbitos de acción de la planificación comunal e intercomunal en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. El PIS, establecía ciertas normas que hoy se definen a escala comunal y no intercomunal. Cuando este se derogó al publicarse el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), en el sector comprendido entre las avenidas Exposición, 5 de Abril, Las Rejas y Ecuador quedaron sin establecerse ciertas normas urbanísticas de nivel comunal, como la altura máxima permitida.
Luego, se aplicó en el sector una norma urbanística de forma errónea. Se autorizó la construcción de proyectos con un sistema de agrupamiento de edificación continua, que ocupa todo el frente predial, a pesar de que para que dicho sistema pueda aplicarse a un proyecto, debe estar definida la altura máxima permitida en la zona en la que se construye (División de Desarrollo Urbano MINVU, 2016). Esto significó la edificación de proyectos que ocupan prácticamente todo el terreno disponible, sin límite de altura. Las razones para buscar maximizar la constructibilidad de los proyectos se explica por la buena ubicación de los mismos en la ciudad y consiguiente la demanda por vivir en la zona.
La polémica sobre las torres hiperdensas se desató luego de que comenzaran a circular en redes sociales fotografías que mostraban la desproporción entre las nuevas construcciones y las edificaciones antiguas en los barrios en que se emplazan. A esto le siguió una serie de notas y reportajes sobre la vida en esas torres, evidenciando sus problemas de habitabilidad e impacto en la ciudad.
Las dificultades vividas por los habitantes de las torres y sus vecinos son violentas de diversas formas. Al poco tiempo de darse a conocer el caso, muchos pasaron a referirse a las torres como guetos verticales, término inexacto si se considera su origen (Wacquant, 2013) y estigmatizador. Si bien es cierto que las deficiencias en el diseño de las torres pueden fomentar problemas sociales necesarios de relevar, en este caso el uso del término quiso ser más que nada una advertencia, que marginalizó gratuita e innecesariamente a los habitantes del sector. A poco de iniciarse la discusión, los afectados ya partían con una desventaja.
Por otra parte, la discusión se ha centrado en la legalidad de los permisos de edificación otorgados y de las deficiencias de la planificación comunal. Sin duda es necesario aclarar este punto para evitar que la norma se vuelva a aplicar erróneamente y fortalecer la planificación en el área. Pero también hay que reconocer que llevar la discusión a este ámbito la transforma en un tema técnico y complejo, en que los afectados por la construcción o problemas de diseño de las torres son los que tienen las mayores dificultades para organizarse y contratar equipos legales, si los comparamos con inmobiliarias, constructoras o gobiernos locales, que cuentan con una estructura organizacional y recursos que facilitan la tarea.
También debe considerarse el problema de diseño que significa la construcción de torres hiperdensas. Las edificaciones presentan una serie de deficiencias como mala aislación acústica, hacinamiento, problemas de ascensores y manejo de residuos y afectan su entorno con mayor tráfico en las calles y veredas, falta de luz solar, insuficiencia de espacios públicos, entre otras. Todo esto ha sido ignorado por algunos defensores de los proyectos, arguyendo que las torres entregan la oportunidad a muchas personas de vivir en un sector bien localizado y que la única alternativa para ellas sería vivir en barrios de mala calidad en la periferia.
Entonces, se presenta el problema como legal en vez de ético, como si aquello fuera equivalente cuando no es así. No es justificable construir edificios que impactan tan negativamente su entorno y cuya habitabilidad es tan deplorable solo porque se creyó que la norma lo permitía, especialmente cuando no es el caso. Tampoco es aceptable argumentar que todo se hizo con la intención de entregar alternativas de buena localización a bajo costo, como si fuera una dicotomía, conformarse con condiciones paupérrimas o ser expulsado de la ciudad.
Estos razones hacen que las experiencias de los habitantes pasen a segundo plano, llevando la conversación hacia lo que una corte estima o no que es arbitrario, a lo que los especialistas en el mercado inmobiliario consideran o no una buena localización.
La densificación como forma de crecimiento urbano es deseable y necesaria, para alcanzar ciudades más sostenibles y mejorar el acceso a bienes públicos, pero, como propone Flyvbjerg, debemos trabajar en mejorar las condiciones de discusión sobre la trayectoria de nuestras ciudades, para que se proteja el derecho a la ciudad de todas y todos.