Territorios Indígenas y Planificación

Junio 2016

«Nuevos escenarios para la Gobernanza en Chile ante la demanda de Autodeterminación Territorial Indígena»

Con la ratificación del Convenio 169 de la OIT el año 2008, el Estado de Chile aspira a perfeccionar sus estándares de reconocimiento a los pueblos originarios. Sin embargo, su aplicación representa un desafío en la práctica, especialmente en torno al Territorio Indígena
Revista Planeo Nº 28  Territorios Indígenas y Planificación, Junio 2016.
[Por, Juan Pablo González Soto; Ingeniero Forestal. Estudiante Magister Asentamientos Humanos y Medio ambiente de la Pontificia Universidad Católica de Chile]
Resumen: Con la ratificación del Convenio 169 de la OIT el año 2008, el Estado de Chile aspira a perfeccionar sus estándares de reconocimiento a los pueblos originarios. Sin embargo, su aplicación representa un desafío en la práctica, especialmente en torno al Territorio Indígena, dada la diferencia de nociones sobre éste que maneja el Estado y la que el propio movimiento indígena ha enarbolado como eje de sus demandas: la Autodeterminación Territorial. ¿Cuál es el escenario que enfrenta el Estado de Chile ante la implementación de esta política?, el caso del ADI Alto El Loa, en la Región de Antofagasta, nos ayudará a problematizarlo.
Palabras claves: Pueblos indígenas, Territorio indígena

 

Con la ratificación del Convenio 169 de la OIT el año 2008, el Estado de Chile aspira a perfeccionar sus estándares de reconocimiento a los pueblos originarios. Sin embargo, su aplicación representa un desafío en la práctica, especialmente en torno al Territorio Indígena, dada la diferencia de nociones sobre éste que maneja el Estado y la que el propio movimiento indígena ha enarbolado como eje de sus demandas: la Autodeterminación Territorial. ¿Cuál es el escenario que enfrenta el Estado de Chile ante la implementación de esta política?, el caso del ADI Alto El Loa, en la Región de Antofagasta, nos ayudará a problematizarlo.

El conflicto entre el Estado de Chile y los pueblos indígenas se remonta a finales del siglo XIX, cuando se forjó el Estado-Nación Republicano de Chile, despojando a las comunidades indígenas de gran parte de sus territorios y sometiéndolos a una política de asimilación cultural forzosa (Subercaseux, 2002). Este aspecto se profundiza durante la Dictadura Militar de Augusto Pinochet, al establecer un conjunto de regulaciones que vulneran el territorio indígena, dentro de las que destaca el DL N° 2.568 de 1978, que suprime la Comunidad Indígena al reemplazarla por la figura de la Reserva Indígena, susceptible de ser subdividida para su explotación por parte de los propios indígenas u otros “ocupantes”, o disolverla legalmente al subdividirla en hijuelas, las que dejarán de ser consideradas como tierra indígena junto con la calidad de indígena de sus dueños.

A lo anterior se suma el proceso de Contrareforma Agraria (1974-1980), que revirtió la asignación de tierras a comuneros campesino-indígenas para devolver algunas a sus antiguos dueños y destinar la mayoría a otras manos; la dictación en 1981 del Código de Aguas y en 1983 el Código de Minería, normativas que despojan y subdividen la tierra indígena, junto con fragmentar tierra, agua, suelo y subsuelo en espacios independientes y con varios propietarios en una misma área. La asociación de decretos y códigos impuestos durante este periodo permitió la expansión de la industria minera en el norte y forestal en el sur, las cuales trajeron efectos dramáticos sobre la propiedad, la cultura y las formas de organización de los pueblos indígena (Namuncura, 2014).

Con la llegada de los gobiernos concertacionistas, apoyados por organizaciones indígenas a través del Acuerdo de Nueva Imperial (1989), se establecieron una serie de políticas tendientes al reconocimiento indígena, en un intento por saldar la “deuda histórica del Estado de Chile hacia sus pueblos originarios”, destacando la creación del Consejo Especial de Pueblos Indígenas (CEPI), la promulgación de la Ley Indígena (1993), la creación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), el Fondo de Tierras y Aguas, el Fondo de Desarrollo Indígena, la creación de las Áreas de Desarrollo Indígena (ADI) en 1995, la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas (2001-2003) y el Programa Orígenes el 2006.

Sin embargo, estas políticas se han formulado y administrado “desde arriba”, sin considerar la demanda indígena de Libre Determinación o Autodeterminación del Territorio, que implicaría autonomía respecto al uso, manejo y control de sus territorios y recursos; nuevas formas de gobernanza, el replanteo del concepto tradicional de Estado-nación y la garantía del territorio como espacio indispensable que garantiza la relación de los pueblos indígenas con su entorno (Rubio, 2009).

En el caso de las comunidades Likan-antay del ADI Alto El Loa, Región de Antofagasta, cuyo territorio abarca las comunas de Calama y Ollagüe, donde se ubican los más importantes yacimientos de cobre a nivel nacional; la implementación de esta demanda entra directamente en conflicto con los intereses mineros amparados por el Código de Aguas y el Código Minero, al separar los elementos del territorio indígena y el control de las decisiones sobre él, denunciando estas comunidades una histórica destrucción de su territorio por contaminación, falta de agua y daños colaterales que deja la industria minera, factor crucial en el proceso desposesión de su pueblo. Dado este contexto: ¿cómo entienden la Autodeterminación Territorial estas comunidades?, ¿qué elementos de su tradición fundamentan esta noción?, ¿cómo entablan su demanda frente al Estado de Chile?. Una aproximación al enfoque local e indígena con que se abordan estas materias es lo que nos permitirá analizar posibles escenarios y futuras respuestas.

NOTA: Esta Columna forma parte del Proyecto de Tesis 2016 del Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente, Pontificia Universidad Católica de Chile, de Juan Pablo González Soto.

Referencias
DL N° 2.568 (1978). Modifica ley n° 17.729, sobre protección de indígenas, y radica funciones del Instituto de Desarrollo Indígena en el Instituto de Desarrollo Agropecuario.
Namuncura, D. (2014). Dilemas, desafios y oportunidades para una politica indígena de nuevo trato. Chile Indígena. Desafíos y oportunidades para un nuevo trato. Santiago de Chile.
Rubio, D. (2009). La libre determinación de los pueblos indígenas como base para la reclamación de la soberanía de los pueblos indígenas sobre los recursos existentes en sus territorios, en especial los no renovables. Tesis para optar al título de abogado, Universidad de San Francisco de Quito, Ecuador, 2009.
Subercaseux, B. (2002). Nación y cultura en América Latina. Diversidad cultural y globalización. Lom Editores, Colección Escafandra, Santiago, Chile, 2002.