Revista Planeo Nº11, Política Pública y Ciudad, Julio 2013
Palabras clave: desigualdad, segregación educacional, segregación residencial
[Por: Esteban Villalobos. Centro de Políticas Comparadas de Educación de la Universidad Diego Portales. Santiago, Chile.]
Durante los últimos años hemos asistido a un importante debate nacional respecto a la desigualdad y las formas en que esta es motivada y reforzada mediante los modos en que los sistemas sociales (salud, educación, previsión social, etc.) operan en base a criterios de mercado. Así la discusión en torno de dos de los principales mecanismos de reproducción y movilidad social que poseemos, a saber educación y vivienda, ha motivado cambios en las agendas y los contenidos tanto de la discusión de la política pública, como también en la discusión académica.
De dicha manera, por una parte en el campo educacional se ha instalado una importante discusión respecto a la naturaleza eminentemente segregadora y potenciadora de los mecanismos de construcción y reproducción de la desigualdad que dicho sistema posee. Por otra parte, desde la acera del desarrollo residencial si bien existe un relativo consenso respecto a las tendencias segregadoras que establece el sistema inmobiliario tanto en el acceso a la vivienda según capacidades de pago, como también en el aseguramiento de rentabilidades del suelo a través del desarrollo de grandes operaciones inmobiliarias, no es menos cierto que la evidencia académica señala una reducción de la escala y de las características o naturaleza de los patrones de la segregación residencial en distintas ciudades chilenas, mientras que en otras (como Iquique) las características de la segregación residencial se han ido recrudeciendo. De este modo, ha emergido un nuevo foco de discusión relativo a la vinculación entre segregación y educación o respecto a la segregación educacional.
En el caso chileno dicho fenómeno encuentra dos fuentes principales de realización. Por una parte la desigualdad en el acceso a las escuelas y que resulta inherente al sistema educacional, se refuerza en las pautas de segregación residencial a través de condiciones socioeconómicas propias que posee cada comuna y su población, y que permiten que ciertos territorios posean más recursos a la hora de poder enfrentar sus responsabilidades educacionales. Por otra, en la medida que los espacios residenciales y las grandes operaciones inmobiliarias que los generan procuran asegurar criterios de realización del capital invertido, la llegada de residentes de mejor nivel socioeconómico y educativo a barrios y comunas con menores capacidades económicas no termina de asegurar formas de mixtura social apropiadas en el sistema educativo, en la medida que los nuevos vecinos siguen optando por colegios de mejor calidad que se alojan en comunas más distantes y que responden, en cierta medida, a criterios de reproducción de clase y, en algún grado, de movilidad social.
Con lo anterior, se abre una puerta para discutir nuevas formas de cambio tanto en las tendencias de la segregación educacional como en las tendencias de la segregación residencial socioeconómica, a través de la vinculación entre estructuras de tributación propias del zoning y los mecanismos mediante los cuales la educación en sus distintos niveles no sólo encuentra fuentes de financiamiento, sino también formas de acceso igualitario y menos segregado desde una perspectiva política basada en la justicia social. En este sentido, resultaría interesante mejorar los mecanismos de cohesión y reducción potencial de la distancia social que anida en el espacio educacional escolar, a través de instrumentos de planificación en que, por una parte, se recondujeran los impuestos prediales hacia el gasto educacional y, por otra, se asegure que quienes prefieran vivir en complejos residenciales socialmente homogéneos, deban pagar una cantidad de impuestos suficientes que permitan reducir la deseabilidad del barrio homogéneo frente a uno más mixto en términos sociales.
Ahora resulta válido preguntarse respecto a la posibilidad de conducir sistemas como el mencionado en cualquier tipo de ciudad y por qué no, en un sistema de gobiernos regionales y urbanos como los existentes actualmente en el país. De este modo, posiblemente ciudades de tamaño medio o pequeñas podrían presentar mejores condiciones para la realización de este tipo de transformaciones, en la medida que sus estructuras urbanas son más pequeñas y resultan más manejables las fuerzas y aspectos de su zonificación. A su vez existen limitantes de tipo político administrativas en cuanto a la alta centralización de las decisiones y atribuciones que el ejecutivo posee restringe las posibilidades para que los gobiernos locales puedan desarrollar reformas como la señalada.
Por otra parte, al observar la experiencia internacional, el caso de Estados Unidos permite visualizar de manera muy apropiada cómo mecanismos como el anterior utilizados de buena manera pueden tener interesantes resultados en términos de integración social, reducción de la segregación y aseguramiento futuro de esta, a través de la mixtura social en el espacio escolar, aumentando las condiciones de creación de una sociedad más cohesionada. Sin embargo lo anterior, malas decisiones respecto a cómo vincular el zoning residencial con la educación pueden derivar en un aumento y aseguramiento de las brechas educacionales, aumentando las condiciones de aislamiento de los grupos más desposeídos, junto con el desarrollo de bajas expectativas académicas, entre otros.
En un contexto como el actual cabe preguntarse por la posibilidad de comenzar a generar propuestas de política multisectoriales como la señalada que permitan enfrentar los desafíos que la alta desigualdad que el sistema de desarrollo social y económico chileno posee y, actualmente utiliza y promueve activamente.
Avanzar entonces hacia una política de zonificación residencial que favorezca la mixtura social a través de impuestos territoriales que limiten la gestación de grandes proyectos residenciales socialmente homogéneos y que favorezca al mismo tiempo el encuentro en el espacio educacional escolar podría ser una opción necesaria de revisar para reducir los niveles de polarización social y la reproducción de una ética que desde la política pública favorece la desigualdad y la injusticia social.