Planeo Digital

[Por Cristián Villagrán]

Si bien la  centralización de Chile puede ser considerada como una constante a lo largo de su historia, donde factores políticos, económicos y geográficos han obstaculizado la conectividad y desarrollo económico equilibrado a nivel nacional. Resulta interesante observar en perspectiva las distintas formas en que se ha hecho frente a la centralización en diferentes épocas y periodos políticos.

El estudio realizado por el CIDU (1972) realiza una identificación de los principales problemas y factores claves del desarrollo en la Macro-Zona Central[1] para analizar la factibilidad de una descentralización de Santiago mediante la creación y puesta en marcha de una nueva política de localización. El planteamiento del problema señala la tendencia a la concentración y primacía de Santiago con respecto al resto del país en cuanto a población[2] y actividades. Debido a su mayor dinamismo económico, la capital se transforma en un polo de atracción de los flujos migratorios que triplican su población entre 1940 y 1970 generando una economía de aglomeración por el acelerado crecimiento urbano y desarrollándose deseconomías por el aumento del tamaño de la ciudad, los costes de inversión y operación, así como el deterioro del medio ambiente urbano (contaminación y segregación). Ya en los años 70 se menciona la necesidad de una entidad metropolitana que pudiera enfrentar de forma centralizada estas deseconomías.

En base a lo anterior, la política de localización se fundamentaba principalmente en  el rol clave que cumpliría sector industrial como base del crecimiento económico. En ese entonces, los autores señalan que no se podía basar el desarrollo exclusivamente en la dinamización del sector primario (con reforma agraria en curso) o terciario.  Se esperaba que la matriz de empleos fuese mayoritariamente industrial. De este modo se buscaba reorientar la dirección de los recursos para la inversión  de éste sector y así cambiar la localización de estos, desarrollándose un margen de acción que potenciaría lugares centrales de otras ciudades en la macro zona central.

Para poder potenciar los otros lugares, se debía desarrollar una política de crecimiento mínimo para Santiago y así acelerar substancialmente el desarrollo del resto de la región central y el resto de Chile. Pudiendo así emplear la política de locación que ejercía limitaciones selectivas del crecimiento industrial de la capital para redistribuirlo a los otros lugares centrales propuestos.

Las ciudades de Valparaíso y Rancagua fueron consideradas óptimas para esta desconcentración con respecto a la capital. Por un lado, Valparaíso ya tenía un gran potencial determinado por el tamaño ya alcanzado, su localización, presencia de puertos, recursos humanos y centros de educación superior. Por el otro, la conurbación Rancagua/Machalí ya se encontraba industrializada y equipada con servicios siendo el lugar central más importante entre las ciudades media de la macro-zona central principalmente por la actividad minera ya existente en su zona de influencia.

El desarrollo de las restantes áreas de la Región Central, estaba ligada a la explotación de sus recursos locales principalmente ligados a la agroindustria debido sus excelentes condiciones para cultivos de alta productividad como el caso de la microrregión del Valle de Aconcagua. También resulta interesante el caso del área metropolitana que pretendía limitar la expansión urbana para el aprovechamiento del suelo para el desarrollo de la agricultura. Más aun, el hecho que la agroindustria acentuaría la calidad de lugares centrales en las ciudades menores dotándolas de una mayor cobertura de servicios.

Consolidados los núcleos de desarrollo industrial, debían aumentar las vinculaciones con los subsistemas (ciudades menores) localizados dentro de su área de influencia. Esto significaba mejorar accesibilidad por medios de la ampliación de los ejes viales y aprovechamiento de las capacidades disponibles como el ferrocarril. Esta mayor interacción y vinculación actuarían como atenuantes de la dependencia con respecto a Santiago.

Es así como ya en los 70’ se pretendía planificar el desarrollo urbano de la macro-zona central para las próximas décadas, la teoría de los lugares centrales desarrollada por Walter Christaller (1933) era el presupuesto teórico de tal acción donde se buscaba redistribuir las concentraciones de población y actividades humanas de Santiago, se potenciaban núcleos urbanos periféricos y de diferentes magnitudes con respecto a lugares centrales. Se establecían límites a su crecimiento para establecer la posibilidad de desconcentrar tanto hacia el resto de la región central como hacia el resto de Chile, de tal forma de dotar de mayor dinámica el territorio nacional y desviar flujos migratorios.

Cabe poner en valor entonces que se entendía que la capital continuaría un ritmo acentuado de crecimiento, dando paso a una sola “gran ciudad” o “campo urbano”, pero que se desconocían las externalidades negativas posibles de una desregulación urbana  que acontecería durante el gobierno militar, generándose grandes deseconomías que afectarían el ambiente urbano, particularmente de la actual Región Metropolitana, la progresiva expansión de la ciudad y la ocupación de los paños urbanos colindantes (antes de uso agrícola) para la construcción de viviendas sociales y proyectos inmobiliarios. Estas nuevas tipologías de expansión, llamadas precariópolis y privatópolis[3] ^{(Hidalgo, Borsdorf, Zunino, & Álvarez, 2008)} cubrirían el valle central, generando un crecimiento horizontal de la capital que obstaculizaría la interacción social, conectividad y distribución homogénea de servicios. El enfoque de quienes desarrollan el estudio de la Región Central de Chile muestran éste contraste existente en el modo de la planificación urbana de ayer y hoy que permiten identificar los quiebres de un paradigma por causa del Gobierno Militar y la consiguiente liberalización del mercado de suelos.