Planeo Digital

Revista Planeo Nº1, Chile sin política, Santiago sin Plan

[Por Lina Llorente Sánchez]

Título: La Rehabilitación Residencial en los procesos de recuperación de centros históricos, la experiencia de La Junta de Andalucía.

Resumen: Para alimentar la reflexión sobre la elaboración para el Plan de Regeneración para el Barrio Mapocho – La Chimba que desarrolla un equipo de profesionales UC entre 2011 y 2012, Lina Llorente realiza una presentación el 28 de octubre de 2011 (ver video) en el Instituto de Estudios Urbanos UC sobre la experiencia de la Junta de Andalucía en Rehabilitación Residencial en los procesos de recuperación de Centros Históricos. Este artículo recoge y sistematiza las prácticas presentadas.

La presentación de las prácticas de Rehabilitación Residencial se organiza en cinco partes según se trate de:

1. Programas de Rehabilitación genérica como la Rehabilitación Autonómica Andaluza y el Programa de Rehabilitación de Cités y Pasajes en Chile;
2. las Actuaciones singulares tanto en Andalucía como en el caso de la Unión Obrera de Valparaíso, Chile;
3. las Delimitaciones de áreas de intervención y la definición de Proyectos de intervención integral como las Áreas de rehabilitación Concertadas de Andalucía o la Ley de mejora de barrios, áreas urbanas y villas de Cataluña;
4. las Empresas Públicas de Gestión  y
5. una serie de siete Propuestas de intervención en casos chilenos como el del Barrio Mapocho – La Chimba referidos tanto a los

•  Programas de ayudas a la mejora de espacios comunes de edificios plurifamiliares
• como el Programa de ayudas para la mejora del interior de viviendas,
• la Rehabilitación singular,
• la Masovería urbana,
• el Derecho de tanteo y retracto y valor máximo de los inmueble,
• la Línea de créditos preferentes
• y el Programa especial para propietarios residentes mayores de 70 años.

Mantener la función residencial de los centros históricos es fundamental para  mantener sus señas de identidad, para fijar la población y para mantener la pluralidad de usos que constituye la principal riqueza de estos conjuntos. Los principales objetivos de esta rehabilitación se pueden resumir en:

• Mejorar las condiciones de vida de la población residente, propiciando su integración social y evitando procesos de gentrificación.
• Atraer población joven y nuevas familias que mejoren el espectro social y que devuelvan al centro su dinamismo.
• Recuperar el patrimonio urbano residencial y potenciar la arquitectura con valores tipológicos frente a los Monumentos Nacionales.
• Mejorar las condiciones de cualificación laboral de los habitantes más desfavorecidos.
• Concienciar a la población sobre las virtudes de la arquitectura patrimonial residencial, fomentando así, la autoestima y el arraigo.
• Delimitar un marco legal, financiero e institucional para las actuaciones.

Este artículo expone algunas maneras de intervenir que se desarrollan en España, en América Latina y especialmente en Chile. Dichas experiencias se han desarrollado durante los últimos 20 años como fruto de la política de rehabilitación de la Junta de Andalucía en su propio territorio, y del Programa de Cooperación que esta Administración desarrolla en Latinoamérica y Marruecos. Así mismo,  se exponen las políticas de otras administraciones como la Generalitat de Cataluña y Programas de Recuperación de Centros Históricos financiados por el Banco Iberoamericano de Desarrollo en varias ciudades, como Quito o Valparaíso.

Se propone ordenar la exposición en función del tipo de práctica presentada y su síntesis. Las partes de esta exposición son:

1. Programas de Rehabilitación genérica.
2. Actuaciones Singulares.
3. Delimitación de áreas de intervención y la definición de Proyectos de intervención integral.
4. Empresas Públicas de Gestión.
5. Propuestas de intervención.

1. Programas de Rehabilitación genérica.

Los programas de rehabilitación habitacional genérica normalmente corresponden a políticas de intervención generales a nivel nacional o regional. Su funcionamiento se recoge en leyes o decretos como el Plan Andaluz de la vivienda.

Uno de los más sencillos fue el denominado “Rehabilitación Autonómica” que alcanzó grandes resultados en Andalucía ya que, desde su origen en el año 1985, se han intervenido unas ciento ochenta mil viviendas en toda la Región. Se trataba de rehabilitar, dotando de seguridad constructiva y condiciones de habitabilidad, a viviendas unifamiliares en los llamados “cascos antiguos”. Los proyectos eran encargados y financiados por la Administración, sin cargo para los propietarios, que una vez redactados debían mostrar su conformidad. La Junta de Andalucía subvencionaba el 50% del coste de la actuación, hasta una cantidad máxima, y el coste de la dirección de obra. Las operaciones se desarrollaban en colaboración con los Ayuntamientos que se encargaban de la gestión económica global de las operaciones y de elegir a los beneficiarios. El propietario debía buscar a la empresa constructora y con mucha frecuencia participaba en las obras, por el protagonismo que los propietarios-usuarios tenían, el programa también ha sido denominado como de  “auto-rehabilitación”.  El control técnico por parte de los equipos de arquitectos y aparejadores contratados por la Junta, constituyó una garantía y de alguna forma contribuyó a romper con prácticas poco escrupulosas en lo constructivo y en lo tipológico.

En otro aspecto, contribuyó poderosamente a “socializar” el concepto de Rehabilitación, que pasó para miles de usuarios, a constituir una opción real frente a la sustitución  o la intervención destructivas. Implicó además una importante acción  de animación económica y generó ocupación de forma masiva.

En opinión general de los expertos, este programa contribuyó poderosamente a la puesta en marcha, por toda Andalucía, de una auténtica “marea rehabilitadora”, posiblemente responsable de la puesta en valor arquitectónico y urbanístico de muchos pueblos y ciudades. El programa ha sido después aplicado, en el marco de la Cooperación Internacional, en ciudades como Montevideo en el barrio Sur y barrio Reus, en Quito con el programa “Pon a punto tu casa” o en Potosí en el barrio de San Pedro.

En Chile se aplicaron estos criterios en varias intervenciones, como las realizadas en Población Centenario o en el programa de recuperación de Cites y Pasajes en Santiago Poniente. Para desarrollar estas actuaciones se suscribió un convenio con la Corporación para el Desarrollo de Santiago.

Población Centenario, es un conjunto de viviendas construido para Carabineros de Chile a principios del siglo XX, contiene aproximadamente 250 viviendas, agrupadas en 11 pequeñas manzanas de un piso. Son construcciones de fachada continua, conforman una interesante morfología urbana de escala doméstica y alta densidad.

Los términos establecidos para este programa fueron que la Junta de Andalucía aportara la mitad del costo de las obras de reparación y los propietarios abonaran la diferencia a través de un ahorro previo o suscribiendo un crédito bancario. Se programó una primera etapa de 50 intervenciones y una segunda etapa de otras 50. La Corporación aportó la gestión y la asesoría técnica necesaria para los proyectos y la supervisión de las obras. Los tipos de mejoramientos fueron de carácter básico, como cambio y reparación de techumbre, mejoramiento de fachadas, de las instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas, ampliaciones menores, reparación de muros y mejora de baños.

Programa de Rehabilitación de Cites y Pasajes:

Esta tipología edificatoria tiene su origen a fines del siglo XIX y son construidas hasta 1940 aproximadamente, son edificaciones destinadas a albergar a la población obrera procedente del campo. Un aspecto importante de esta tipología, es que sin modificar la cuadrícula original de la trama urbana, la densifica manteniendo la estructura de fachada continua de la cuadra en la que se insertaban, resaltando únicamente los pórticos de acceso al conjunto.

En la ciudad se catalogan unos 520 conjuntos de esta tipología, cada uno de ellos en distinto estado de mantenimiento, pero que suponen un importante patrimonio urbano y social y cuya conservación era prioritaria para la Municipalidad. Como experiencia piloto, se propuso intervenir en 6 de estos conjuntos. La meta planteada para el Programa fue  la restauración integral de los espacios comunes y el  mejoramiento interior de unas 120 viviendas.

En cuanto a las intervenciones del espacio común el compromiso fue por parte de la Junta de Andalucía financiar el 75 % del costo total de las obras y el 25 % restante fue financiado por la Corporación.

Para financiar las obras del interior de las viviendas, la Junta de Andalucía aportó la mitad del costo de las obras de reparación y los propietarios abonaron la otra mitad a través del ahorro previo o solicitando un  crédito. La Corporación aportó la gestión y la asesoría técnica necesaria para la redacción de los proyectos y la supervisión de las obras.

2. Rehabilitación Singular.

Se trata de intervenciones de Rehabilitación Integral efectuadas sobre inmuebles de interés arquitectónico, que habían perdido su uso original y eran susceptibles de ser destinados para el uso residencial. A veces también se actuaba sobre solares vacíos situados en el centro de las ciudades.

El objetivo era siempre la producción de viviendas sociales en alquiler para familias necesitadas del municipio, que residieran anteriormente en el mismo sector. Era, por tanto Promoción Pública. Los inmuebles o solares eran obtenidos por compra o cesión de los ayuntamientos, incluso en algunos casos se llegaron a obtener mediante expropiación.

Gracias a este programa se recuperaron cientos de edificios como corrales y casas de vecinos, antiguos palacios, cuarteles, conventos, escuelas sin uso y antiguos centros productivos. A través de estas actuaciones se obtuvieron alrededor de tres mil viviendas en toda Andalucía.

El programa hubo de superar una objeción inicial: según algunas voces, era un peligro entregar edificios de gran valor arquitectónico al uso de familias con bajo niveles de ingresos, ya que causarían, sin duda, un notable deterioro. Pasados ya muchos años de la ocupación el deterioro anunciado no se produjo,  los cambios no han sido diferentes de los que capas sociales de “mayor nivel” han introducido en actuaciones similares ejecutadas después por la iniciativa privada.

El programa constituyó un pilar básico de las actuaciones que se desarrollaron, en el marco de la Cooperación Internacional, en Marruecos y en numerosos países de América Latina, ejemplos relevantes podrían ser la casa de los siete patios en Quito, la manzana de San Francisco en Buenos Aires o la rehabilitación del edificio de la Unión Obrera en Valparaíso.

VALPARAÍSO.

La ciudad de Valparaíso, nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, posee un centro histórico y una situación topográfica de gran singularidad. La ciudad ha recibido un importante plan de inversiones de distintas instituciones destinado a la recuperación y puesta en valor del patrimonio. En este sentido cabe destacar el Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso que se financia a través de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo y es gestionado por la SUBDERE (Subsecretaría de Desarrollo Regional) en colaboración con la Municipalidad.

Rehabilitación del edificio de viviendas denominado Unión Obrera.

La “Población Obrera de la Unión” es un edificio de vivienda ubicado en el Cerro Cordillera de Valparaíso. Fue fundado en beneficio de la Unión Social del Orden y el Trabajo por Juana de Ross de Edwards e inaugurado el 09 de enero de 1889. El edificio representa un excepcional ejemplo de la vivienda social en Chile de fines de siglo XIX.

Sus cualidades arquitectónicas están intrínsecamente vinculadas a la respuesta social y espacial que reciben las clases obreras de su época, adquiriendo un rol no sólo como vivienda, sino también como documento testimonial vivo de una arquitectura ligada a las condicionantes de su entorno.

El edificio de tres pisos se articula en torno a un patio. Posee una estructura perimetral de gruesos muros exteriores de albañilería. La estructura interior es mucho más frágil, de madera y adobillo, que presentaba un avanzado estado de deterioro al inicio de la intervención. A nivel estructural, se detectaron una gran cantidad de daños y fallas, producidas por la antigüedad del inmueble y los efectos sísmicos reiterados (terremotos de 1906, 1971 y 1985), esto sumado al insuficiente mantenimiento periódico, causó una situación de riesgo a los habitantes y a la integridad física del inmueble.

El proyecto de arquitectura se planteó como un diseño participativo, en que finalmente quedaron reflejadas las necesidades de las familias en cada una de las viviendas, todas ellas distintas entre sí.

El proceso de rehabilitación del edificio supuso un esfuerzo de gestión considerable para la comunidad de vecinos que se mostró muy activa desde el inicio y para todas las administraciones participantes. La SEREMI de Vivienda y Urbanismo se encargó de las gestiones necesarias para poner en marcha la operación. El primer problema que surgió fue la propiedad del inmueble, había que regularizar la titularidad y otorgársela a los ocupantes del edificio. Para ello se contó con la colaboración del Ministerio de Bienes Nacionales. Finalmente se constituyó una copropiedad y se regularizaron los títulos de dominio, requisito necesario, además, para poder otorgar los subsidios del Fondo Solidario con los que se abordaría el costo de la operación. Usar este tipo de subsidios para una obra de rehabilitación fue una gran innovación en un momento en el que no existía ningún subsidio en el MINVU destinado a este tipo de obras. La viabilidad económica de la operación se consiguió gracias a la colaboración de distintas instituciones. La participación de la Junta de Andalucía consistió en financiar el proyecto de arquitectura y una parte del coste de la obra, a  las aportaciones ya mencionadas se sumaron los esfuerzos del programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso.

El edificio actualmente contiene 34 viviendas y dos locales, uno destinado a la administración y otro que funciona como sede de grupos deportivos. Entre las 34 viviendas, hay tres tipologías, con departamentos de uno, dos y tres dormitorios. En el tercer nivel del inmueble hay 17 dúplex de 90 metros cuadrados. Las soluciones habitaciones se adaptan a las necesidades de las familias y tienen módulos diferentes. En el último nivel del edificio, se ha construido una gran terraza con vistas sobre la bahía que se ha convertido en el espacio de encuentro de la comunidad.

El proceso culminó en Julio de 2008 con la inauguración del edificio que estuvo presidida por la presidenta Michelle Bachelet.

3. Delimitación de áreas de intervención.

Hasta ahora hemos visto programas que se desarrollan en un territorio nacional amplio o intervenciones puntuales en edificios significativos. Una evolución necesaria en los programas de rehabilitación fue la necesidad de abordar la problemática de los centros históricos de manera integral. Para ello se crearon herramientas de gestión vinculadas al planeamiento urbano y que se localizaban dentro de ámbitos definidos mediantes criterios de continuidad morfológica y evolución histórica. Así se crearon las áreas de rehabilitación Concertadas de Andalucía.

Áreas de rehabilitación Concertadas de Andalucía.

Este programa se regula en el Plan de Vivienda y Suelo 2008-2012, que tiene rango de ley autonómica.

En las Áreas de Rehabilitación pueden aplicarse los distintos Programas y subsidios previstos en el Plan de Vivienda, con una mayor flexibilidad en cuanto a las exigencias generales de cada uno de ellos en lo relativo a niveles de ingresos familiares, antigüedad de los edificios o superficies de las viviendas.

También se aplican Programas de financiación municipal, autonómicos, estatales y de la Unión Europea que resulten coherentes con los objetivos de recuperación marcados, incluso podrán definirse otros con carácter exclusivo o complementario a los existentes, que se estimen necesarios para conseguir la recuperación urbana, residencial, social y económica de los ámbitos en los que se lleve a cabo cada actuación concreta.

La coordinación entre las distintas Administraciones Públicas actuantes y entre las distintas Consejerías de la Junta de Andalucía es esencial para el desarrollo de estas actuaciones, así como la imprescindible presencia en el proceso de los colectivos vecinales afectados.

La delimitación de los ámbitos de actuación se realiza en colaboración con los ayuntamientos atendiendo a criterios morfológicos e históricos.

Una vez delimitada el área, la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) se encarga de la redacción del Programa de Actuación, donde se definen los objetivos en cada campo de actuación (vivienda, infraestructuras, equipamiento, espacio público, comercio, integración social y empleo). También se definen las distintas actuaciones, el presupuesto, los compromisos de los distintos agentes, la participación ciudadana y la programación temporal.

Para el desarrollo de la actuación es fundamental la creación de la Oficina Técnica de Gestión, que la Empresa Pública de Suelo de Andalucía instala en cada área y que actúa ante los vecinos como ventanilla única.

Estas Oficinas tienen una composición multidisciplinar, atendiendo las diferentes necesidades que se presentan en este tipo de intervenciones integradas, combinando para ello labores urbanísticas, arquitectónicas y de trabajo social, procurando la participación y coordinación permanente con el movimiento vecinal, fundamental para garantizar el éxito de la actuación en su conjunto.

Las Áreas fueron pensadas para Centros Históricos pero también se han aplicado a barrios periféricos. En el momento actual existen más de 40 Áreas declaradas en todas las capitales de provincia y municipios de relevante valor patrimonial. El horizonte temporal para la comprobación de los cambios introducidos se establece en diez-doce años.

Otro modelo de gestión interesante es el que se deriva de la aplicación de la ley de mejora de barrios, áreas urbanas y villas de Cataluña.

Ley de mejora de barrios, áreas urbanas y villas de Cataluña.

La Ley establece la creación de un Fondo de fomento como instrumento de colaboración institucional y financiera de la Generalitat con los ayuntamientos.

Se trata de un fondo concursable al que los municipios tienen que postular presentando un Proyecto de Intervención Integral con los contenidos establecidos en la ley, que son los siguientes:

1. La delimitación del área en qué se quiere intervenir, que debe tener un carácter homogéneo y  continuidad geográfica.
2. La descripción de su:

• Situación urbanística es decir, del régimen jurídico del suelo, la clasificación urbanística de los terrenos y el estado de ejecución del planeamiento vigente.
• Situación social actual, con una descripción de las desigualdades sociales, de género y edad y su repercusión en el acceso a la renta y a los servicios.

3. La propuesta de actuación, incluyendo la estrategia, las prioridades y la forma de gestión.
4. La justificación de la necesidad de la actuación, el sistema de revisión de los resultados mediante indicadores y los requerimientos de continuidad y mantenimiento una vez completada la ejecución.
5. El calendario de despliegue.
6. Los recursos previstos, con la aportación que se propone de cada administración.
7. El marco institucional y de participación ciudadana.
8. Descripción de otras intervenciones públicas en curso o proyectadas en el mismo ámbito.
9. Delimitación, si fuera necesario, de áreas para el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto.

Los proyectos de intervención integral que se presenten deben incluir intervenciones en todos los campos siguientes:

1. La mejora del espacio público y la dotación de espacios verdes.
2. La rehabilitación y mejora de la accesibilidad de los edificios residenciales
3. La provisión de equipamientos para el uso colectivo.
4. La incorporación de las tecnologías de la información en los edificios.
5. El fomento de la sostenibilidad del desarrollo urbano, especialmente con respecto a la eficiencia energética, el ahorro en el consumo de agua, y el reciclaje de residuos.
6. La equidad de género en el uso del espacio urbano y de los equipamientos.
7. El desarrollo de programas que comporten una mejora social, urbanística y económica del barrio.
8. El mejoramiento de la accesibilidad y la supresión de barreras arquitectónicas.

 Los proyectos son cofinanciados por la administración local y por la Generalitat de Cataluña. Para la ejecución del Plan se instala una Oficina de Gestión Técnica en el sector con funciones idénticas a las ya descritas.

En el componente residencial se ejecutan programas de mejora de los elementos comunes de los edificios residenciales, entendiéndose por tal la cubierta, fachadas, patios de luces, acceso y escaleras y redes de suministro de agua, electricidad, gas y saneamiento. Así mismo se ofrecen ayudas para la instalación de ascensores y rampas que mejoren la accesibilidad a los edificios. Desde las Oficinas Técnicas de Gestión se tramitan las ayudas que otorga la Generalitat, y se ofrecen subvenciones extraordinarias que se suman a esta ayudas. El modo de operar se diferencia del modelo andaluz.

En primer lugar un técnico de la Oficina de Gestión visita el edificio y emite un Informe de Inspección Técnica (ITE) describiendo el estado de mantenimiento del edificio, enumerando los elementos que necesitan ser reparados y estableciendo distintos grados de urgencia. Posteriormente la Comunidad de propietarios encarga un proyecto a un arquitecto. El proyecto debe considerar la reparación de todas las anomalías registradas en el ITE. Con este documento y la licencia de obra se presenta la solicitud de ayuda. Una vez concedida la subvención se ejecutan las obras y finalmente, previa justificación con las facturas y la documentación técnica que acredite el final de la obra se efectúa el pago de la ayuda otorgada.

4. Entes gestores.

Para la ejecución de todas las actuaciones se necesita una institución ágil, con recursos propios y con capacidad técnica, que se instale en el ámbito para facilitar el acceso a la información a los vecinos y ofrezca servicios de ventanilla única. Así mismo debe depender institucionalmente de las administraciones que tengan competencias sobre los campos a tratar establecidos en el Programa de Intervención. Con frecuencia son empresas públicas encabezadas por administraciones municipales y con representación de instancias regionales, y de los ministerios competentes. Tienen que poseer una naturaleza jurídica y administrativa que le permita la compra-venta de inmuebles, la gestión financiera de posibles promociones inmobiliarias y la capacidad de generar recursos propios.

5. Propuestas

Finalmente, y a modo de síntesis podríamos enumerar una variedad de fórmulas de intervención, extraídas de las experiencias que hemos mostrado:

Programa de Ayudas a la mejora de los espacios comunes de edificios plurifamiliares. Sería el caso de edificios con una comunidad de vecinos establecida, que presenten problemas puntuales pero que su distribución y uso cumplan las condiciones de habitabilidad requeridas. Las ayudas irían destinadas a mejorar los elementos comunes de los edificios, estructura, fachada, acceso, patios, cubiertas e instalaciones de agua potable, electricidad, gas, saneamiento y comunicaciones. El programa financiaría el proyecto y la dirección facultativa. La subvención cubriría un porcentaje del presupuesto de ejecución material de la obra y se podría facilitar un crédito a la comunidad de propietarios para financiar el resto del valor de la intervención. En este caso la ayuda iría destinada a la comunidad de propietarios. El reparto de dicha ayuda sería objeto de un acuerdo de la comunidad. Se podría establecer un fondo solidario para ayudar a las familias más necesitadas a cubrir la cuota que les correspondería. Se podría requerir un ahorro previo por familia. Para financiar estas intervenciones se buscarían además, programas actualmente vigentes dentro del panorama nacional y regional, como los subsidios de condominios sociales y de protección del patrimonio familiar otorgados por el MINVU.

Programa de Ayudas para la mejora del interior de viviendas. En estos casos se operaría de una forma similar. El programa financiaría el proyecto y la dirección facultativa. La subvención cubrirá un porcentaje del presupuesto de ejecución material de la obra y se podría facilitar un crédito para financiar el resto del valor de la intervención. En este caso las ayudas y créditos suscritos serían destinados a los propietarios de cada vivienda. Para que las personas con ingresos irregulares pudieran acceder al crédito se podría constituir un fondo de garantía.

Rehabilitación singular. El ente gestor podría adquirir el inmueble, rehabilitarlo y poner en el mercado las unidades obtenidas a través de la venta o el alquiler. Los beneficios obtenidos y el capital invertido que se recuperara se destinarían a nuevas operaciones.

En esta modalidad el ente gestor operaría como un promotor que se encargaría de todo el proceso, incluido la adjudicación y gestión de los alquileres de las viviendas y los locales comerciales. En el caso de que se optara por la modalidad del alquiler, el ente gestor constituiría un patrimonio de bienes inmuebles que debería gestionar con el fin de autofinanciarse.

Masoveria urbana.  En edificios que sean de un solo propietario se podría proceder del siguiente modo: El personal técnico municipal realizaría un proyecto de rehabilitación y un presupuesto. Por otra parte se evaluaría el valor del inmueble en el estado actual y el valor que tendría una vez rehabilitado. Se calcularía la diferencia entre ambos y se asociaría ese valor al uso de una parte o del total del inmueble. El programa aportaría el valor del presupuesto de rehabilitación y a cambio, el propietario cedería el uso de una o varias viviendas en las que quedara subdividido el inmueble una vez realizadas las obras. Si hubiera inquilinos, el propietario se comprometería a mantenerlos con un valor de las rentas acordado en el convenio suscrito para la ejecución de las obras. Esta fórmula podría tener una buena acogida entre propietarios que no dispongan de capital para acometer las obras, pero que no quieran perder la propiedad.

Derecho de tanteo y retracto y valor máximo de los inmuebles. Uno de los efectos menos deseables de las  políticas de rehabilitación es la subida del precio de los inmuebles situados en el ámbito de intervención. Para controlar este efecto se podría constituir sobre los edificios intervenidos el derecho de tanteo y retracto, es decir, reservar al Ente Gestor el derecho de adquirir cualquier vivienda del inmueble que se ponga a la venta en el edificio. Así mismo se puede limitar el valor máximo de los edificios susceptibles de ser intervenidos, es decir, establecer un precio máximo de compra por m² para la adquisición de edificios que se vayan a rehabilitar. También, se puede imponer un valor máximo de venta o alquiler de las viviendas y locales obtenidos en las intervenciones de promoción pública y en las de promoción privada subsidiadas.

Línea de créditos preferentes. Con el objetivo de implicar al sector privado en el proceso de rehabilitación se podría ofrecer, en colaboración con las entidades bancarias, una línea de créditos preferente destinado a los propietarios de las viviendas, a promotores y constructores privados. Estos créditos podrían destinarse tanto a la compra de inmuebles como a las obras de rehabilitación o construcción. Las entidades resultantes tendrían un precio límite de venta o alquiler, al igual que las viviendas sociales.

Programa especial para propietarios residentes mayores de 70 años. En muchos casos los propietarios de las viviendas son personas de avanzada edad que no pueden hacer frente a los gastos ocasionados por las obras. El objetivo es que estas personas no sean expulsadas de sus viviendas por el proceso rehabilitador. Para conseguir esto, se podría montar un sistema de financiación especial en el que el programa sufragara todos los gastos de la rehabilitación de la vivienda. A cambio se produciría un gravamen en el título de propiedad que indicara que, una vez fallecido el propietario beneficiario de la ayuda, la municipalidad podría disponer de la vivienda por un tiempo estipulado en el convenio de intervención previamente establecido, o bien, los herederos tendrían que devolver la cantidad abonada por el programa.