Richard J.
Walter, 2005, 319 páginas. ISBN 0-8047-4982-5. Publicado por Stanford University Press, Stanford, California, EEUU.
[Ernesto López]
Justo al comienzo del intenso período de industrialización que revolucionaría Chile durante los tres primeros cuartos del siglo 20, la “Ley de Comuna Autónoma” (Ley de Municipios Autónomos), promulgada en 1891, significó una transformación profunda de la administración urbana de Santiago. El presente libro comienza con este periodo para analizar, en profundidad y críticamente hasta 1941, el devenir histórico de las formas políticas y administrativas que caracterizaron la regulación urbana de esta ciudad capital nacional.
La ciudad de Santiago pasó a partir de ese momento a convertirse progresivamente en una “metrópolis moderna” con mejor infraestructura y oportunidades de trabajo cada vez más especializadas. Sin embargo, el proceso provocó también un incremento en la gran migración rural-urbana que a su vez generó nuevos problemas (expansión, sobre-densificación, atascos vehiculares, contaminación del aire) y empeoró otros ya existentes (proliferación de asentamientos precarios o “callampas” y pobreza extendida).
El período 1891 a 1910 fue crucial para el gobierno municipal de Santiago, ya que se intentó proporcionar servicios urbanos tecnificados, como los tranvías, el suministro de agua y saneamiento. Entre 1910 y 1920, las capacidades técnicas municipales habían mejorado ostensiblemente con el fin de hacer frente a la rápida proliferación de asentamientos precarios (callampas) en la periferia urbana. Sin embargo, durante 1920-1924, el municipio también experimentaría un número de luchas políticas intestinas y, más tarde, los varios gobiernos nacionales de corta duración durante el período llamado de «la anarquía nacional» (1924-1927) inocularían aún mayor inestabilidad política en la dirección del municipio.
En la década de 1920, debido al intenso proceso de industrialización y la inmigración aparejada, sumados a una aún débil regulación pública del hábitat, el déficit de vivienda social llegaba a niveles dramáticos. Sin embargo, la creación de los Tribunales de Vivienda, compuesto por el gobierno, municipales y representantes de los inquilinos fue un gran avance político hacia el establecimiento de un plan de vivienda social más humano, ayudando a controlar prácticas especulativas escandalosas, desarrolladas hasta entonces por los inescrupulosos dueños de conventillos.
Poco después, la dictadura del general Ibáñez (1927-31) promovería radicalmente grandes intervenciones a escala urbana (el Barrio Cívico que rodea Palacio de La Moneda es probablemente el más emblemático de éstos). Este régimen pudo también mejorar ostensiblemente las competencias técnicas del Estado sobre materias urbanas, así como inaugurar un sistema de planificación urbana metropolitana. El urbanista austriaco K. Brunner, contratado desde 1929 hasta 1934 por el gobierno chileno, elaboró un plan detallado para la zona metropolitana del Gran Santiago, considerando integralmente aspectos tales como la imagen de vivienda, transporte, infraestructura urbana. Brunner también presentó la idea de crear una red de metro que se materializó sólo cuarenta años después. Más tarde, en 1935, vuelve la democracia al país, junto con la elección de Graciela Contreras, la primera alcaldesa socialista y mujer en la historia de Santiago. A partir de este momento, la democracia reinaría ininterrumpidamente en el país y gobierno urbano de Santiago, hasta el golpe militar de Estado de 1973.
Exhaustivo en los detalles y prolijo en el análisis, el presente libro analiza cinco décadas de difíciles las prácticas gubernamentales, irregularidades, períodos de anarquía y autoritarismo, así como también importantes mejoras en las capacidades políticas y técnicas del Estado sobre materias urbanas. En conjunto, tales procesos reflejan la transición de Santiago de ser una ciudad provincial a la metrópolis moderna del siglo 20.