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Entrevista a Mónica Tapia: “El proceso constituyente no se acaba con la Constitución. Después hay una gran tarea”

Revista Planeo Nº 46  Ciudad Constituyente, Enero 2021


[Por Denisse Larracilla; Editora Revista Planeo, estudiante del Magíster en Desarrollo Urbano en la Pontificia Universidad Católica de Chile]

Resumen:

Mónica Tapia es directora de Ruta Cívica, organización ciudadana dedicada a promover ciudades sustentables y justas, a partir de redes y campañas cívicas. Es egresada de El Colegio de México, la Universidad de Oxford y la London School of Economics, especialista en política social y desarrollo. Tiene experiencia como funcionaria pública en el gobierno federal y local de México, y trabaja con alianzas multisectoriales, liderazgo colaborativo y sistémico para la resolución de problemas complejos. Ha sido co-fundadora de organizaciones de la sociedad civil como Alternativas y Capacidades, Fondos a la Vista y campañas como #CIUDADania19s, #Verificado19s, #ObraChueca, #Corruptour, #TúConstituyente y la #wikibanqueta. Asimismo, es autora de diversas publicaciones sobre ciudades sustentables, relaciones Estado-sociedad, políticas públicas, sociedad civil e inversión social. Desde México, Mónica Tapia nos comparte su perspectiva y experiencia ciudadana en torno al proceso de creación de la Constitución de la Ciudad de México (2016-2017).

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Im1. Mónica Tapia

  1. ¿Podrías contarnos brevemente el contexto en el que surge la primera Constitución de la Ciudad de México?

La Ciudad de México (CDMX) por muchos años había sido un Distrito Federal (D.F.), lo que quiere decir que estaba subordinado al Gobierno Federal del país. Esto significaba que, a diferencia de otros estados de la República, en la CDMX no había gobernadores, alcaldes y regidores, es decir, no existía una democracia local. México es una República Federal, donde por diseño institucional hay una mayor autonomía de sus estados o regiones, comparado por ejemplo con el caso de Chile.

En este sentido, por cerca de treinta años, la ciudadanía en CDMX había estado demandando una mayor democratización y una reforma política para poder elegir a sus propios gobernantes y no solo tener al presidente de la República Federal como autoridad, sino a una especie de gobernador, que ahora se llama Jefe de Gobierno. También se había demandado poder elegir a las autoridades locales, las llamadas alcaldías; y que el Congreso para la CDMX no fuera solo el Federal, sino que existiera un Congreso Local que no hiciera solo reglamentos, sino leyes que se aplicaran en este territorio. Finalmente, tras muchos años de exigencia y de gradualismo, las fuerzas políticas pactan darle un estado, un estatus especial y se crea la Constitución de la Ciudad de México.

La Constitución se crea a partir de un artículo transitorio en la Constitución nacional para elegir la Asamblea Constituyente; sin embargo, de una manera muy poco democrática. Más de la mitad de la Asamblea estuvo integrada por nombramientos directos por la Presidencia de la República, la Jefatura de Gobierno, la Cámara de diputados y la de Senadores. El resto fue elegido mediante votación, aunque por listas cerradas decididas por los partidos políticos, lo cual también fue poco democrático. Entonces surgieron muchos cuestionamientos: ¿por qué vamos a votar por la mitad de la Asamblea? ¿para qué va a servir? ¿qué costo va a tener?  ¿vale la pena? Me parece que la manifestación de estas inquietudes fue positiva porque representó un factor de presión para que el proceso constituyente se abriera de otras formas, las cuales ya te contaré más adelante.

  1. Sabemos que estuviste muy involucrada en este proceso a través del colectivo #Tú Constituyente ¿podríamos compartirnos cuál fue su rol en el marco de la construcción de una nueva Carta Magna para la CDMX?

#Tú Constituyente fue un colectivo de “intentos” de candidaturas independientes https://www.rutacivica.org/project/tuconstituyente/. Estaba tan cerrada esta forma de participación que era necesario conseguir 84 mil firmas en menos de un mes, lo que por supuesto, fue una tarea sumamente difícil. Esto nos hizo salir a la calle, platicar con las personas y pedirles su firma para postularnos como Constituyentes. Sin embargo, fue interesante saber que la gente no estaba familiarizada con lo que era la Constitución, ni lo que era ser Constituyente. Era algo muy lejano a la realidad ciudadana. Al final, ninguna candidatura independiente ciudadana llegó a ser electa por estas barreras tan altas que se habían establecido. Y eso, sumado a los cuestionamientos derivados de los nombramientos directos y la partidocracia en la integración de la Asamblea, influyó en que hubiera una mayor apertura durante el proceso constituyente.

Al respecto, valdría la pena hacer un reconocimiento a la efectividad de la Unidad de Transparencia durante el proceso, encabezada por Maricarmen Nava, pues logró que todas las discusiones fueran fácilmente consultables a través de minutas y dictámenes. Pero además, que todas fueran transmitidas en vivo y en directo, incluso las discusiones más mínimas que se realizaban a las 3:00 am. Igualmente, uno podía presentarse a las sesiones de las comisiones a escuchar, opinar o darles documentos a los constituyentes y escuchar en vivo el debate en el pleno. Quizás lo bueno de este proceso constituyente es que como no existían protocolos de seguridad muy estrictos y muchos de los integrantes de la Asamblea no estaban familiarizados con estas prácticas parlamentarias muy cerradas, se generó un ambiente de mucha interacción que posibilitó el cabildeo ciudadano. Al respecto, fue muy remarcable que la ciudadanía pudiéramos presentar iniciativas y que valieran casi lo mismo que cualquier iniciativa de otro constituyente. Por supuesto, eran iniciativas que requerían de la capacidad técnica de ciertos colectivos para redactarlas de la forma más adecuada.

Lo que hicimos como colectivo fue buscar que nuestras propuestas estuvieran respaldadas con las firmas de un grupo de constituyentes. Luego, hubo audiencias ciudadanas y con ellas la posibilidad de participar opinando en las Comisiones Legislativas. Si bien no participamos en el debate del Pleno, en las Comisiones pudimos argumentar las iniciativas propuestas, y posteriormente ayudar a defenderlas o meter reservas cuando los propios constituyentes las discutían. Entonces este proceso fue muy útil, e incluso pienso que hasta la fecha nos dejó como “mal acostumbrados” a las posibilidades de incidencia que representa un congreso o un parlamento abierto.

También puedo decir que la experiencia fue muy didáctica para los ciudadanos que hacemos activismo de calle. Entrar a estos espacios y escuchar las discusiones ofrece otra perspectiva sobre lo que es posible lograr y sobre cómo se negocian los acuerdos. Hubo muchas cosas que a nosotros no nos gustaron; pero hasta la fecha entendemos por qué se redactó así, como se argumentó y negoció (y de todo hay un registro histórico): había cincuenta iniciativas diferentes y la forma de que todos quedáramos “semi contentos” se materializó en un diseño muy complejo.

  1. ¿Qué papel tienen la ciudad y el territorio en el contenido de la Constitución de la CDMX? ¿Consideras que fue la aproximación más adecuada?

Hay un buen avance en los artículos 12, 15 y 16 de la Constitución de la CDMX que son ejemplares en términos del derecho a la ciudad, la planeación y el ordenamiento territorial. Se habla del agua, suelo, espacio público, de movilidad, de tecnología, infraestructura, vivienda, gestión de riesgos, con un sesgo muy progresista respecto a la redistribución y el acceso universal a estos satisfactores. Es un texto muy inspirador, pero cuando uno consulta la Ley de Vivienda, la del Sistema de Planeación, la de Movilidad o la de Gestión de Riesgos es un poco decepcionante encontrar que no están empatadas en su totalidad con los principios y conceptos que plantea la Constitución. La Ley de Espacio Público aún no existe, y ni se diga la de Tecnología, Infraestructura o Regulación de plusvalías. Me atrevería a decir que muchos de los contenidos de estos artículos son aspiraciones porque la legislación secundaria y los instrumentos que “aterrizan” estas visiones, hasta ahora, son muy limitadas o las vuelven “letra muerta”. Es bonito tener una Constitución muy bien redactada, pero hay una enorme brecha cuando “bajan” a legislaciones y políticas públicas, que no las hacen realidad. Y ni se diga de la práctica….

  1. Sabemos que la Ciudad de México tiene integrado el Derecho a la ciudad en su Constitución. ¿Por qué dirías que fue importante integrarlo y cuáles son los principales desafíos para materializar el pleno ejercicio del Derecho a la Ciudad de México?

El Derecho a la Ciudad es uno de los 42 derechos (y otras tantas libertades) que integran la Carta de Derechos de la Constitución de la CDMX. Hubo una comisión redactora dedicada a trabajar en su primer borrador, así como muchos foros y discusiones. Incluso, me parece que esta carta es lo más progresista que se conoce en América Latina y vale la pena tomarlo como un buen referente. Sin embargo, considero que también es necesario hacer políticas públicas y diseños institucionales que respalden y garanticen esos derechos, porque si no solo se quedan como buenas intenciones. Me parece que hay una tendencia por redactar cosas maravillosas que, por supuesto, sirven después para litigar o ganar causas en lo judicial, pero no es suficiente.

Entonces, yo juntaría el Derecho a la Ciudad con la planeación, con el sistema de indicadores, el sistema de seguimiento a los derechos humanos y con un sistema mucho más robusto de evaluación. En estos momentos, y a dos años que entró en vigor la Constitución, me cuesta trabajo decir que este derecho está implementándose y haciéndose realidad. Por supuesto, es un buen ideal y las discusiones se prestaron para reflexionar y aprender que el Derecho a la Ciudad es mucho más que los derechos individuales, civiles o de primera generación. Involucra derechos políticos, colectivos, sociales y económicos. Pero como advertencia para futuros constituyentes, diría que plasmar eso no es suficiente. En paralelo hay que dar una batalle grande para bajar esos derechos a instituciones y políticas públicas; y sobre todo a la ciudadanía, para que tenga la conciencia de exigirlos y volverlos realidad, sino serán letra muerta.

Por otro lado, la planeación del territorio de la ciudad está pensada a veinte años, junto con un entramado institucional bastante complejo sobre qué le compete al gobierno de la CDMX -que sería una especie de gobierno estatal o regional- y qué les corresponde a los gobiernos de las alcaldías. Al respecto hicimos muchas propuestas, pero me parece que una de las más interesantes fue que la planeación no se centralizara ni se sectorizara en ningún área. Así, las aprobaciones de estos planes tienen que pasar por el Congreso y en algunos casos por las alcaldías; y dentro de las alcaldías hay un Concejo -una suerte de “pequeño parlamento”- que es una figura nueva para la CDMX, derivada de la Constitución. Nosotros propusimos mucho de las funciones de dicho Concejo; por un lado, porque nos parecía que representaba un contrapeso para el alcalde; y por otro, porque los concejales tendrían que ser los representantes más cercanos a los vecinos y la ciudadanía.

Propusimos también que en el Instituto de Planeación de la CDMX la representación ciudadana, académica y del sector privado estuviera a nivel de su Consejo más alto –es decir, de Junta de Gobierno–, pero que además hubiera una oficina de participación ciudadana y el uso de metodologías participativas para la generación de planes. Si bien esto representa un entramado bien complejo, implica que ante cualquier iniciativa de plan deba existir un consenso previo desde muchos espacios. Y si no, que el proceso pueda ser litigable; es decir, que cualquier ciudadano pueda llevarlo a un juicio para exigir el derecho a la ciudad e incluso pueda ampararse.

En este sentido, consideramos que el titular de este organismo de planeación tendría que ser alguien que promueva la discusión y busque los consensos, ya sea que esto tome tres o cuatro años. Sobre todo, porque el titular tendrá el poder y el legado para incidir sobre asuntos que tendrán impacto durante muchos años, y posiblemente por varias generaciones; por ejemplo, determinar qué suelos se conservan o qué usos se le darán al agua. Sin embargo, como colectivo estamos un poco decepcionados sobre cómo se ha concretado el tema de la planeación en estos dos años en la Ciudad de México; e incluso sobre a quién se nombró como titular del Instituto hace unas semanas. Y ya lo comenzamos a litigar, usando justamente los derechos que nos da la Constitución.

  1. Como sabes, Chile se encuentra en el proceso de cambiar la Constitución actual de la República, como resultado de una significativa demanda social. Desde tu experiencia cercana al proceso constituyente mexicano, ¿qué le dirías a los chilenos?

Siempre es difícil dar consejos a otros contextos, pero me parece que uno podría ser construir colectivos interdisciplinarios. Nosotros trabajamos con grupos interesados en el medio ambiente, el desarrollo urbano y la movilidad, pero también con derechos humanos, justicia, educación y otros derechos y temas. A partir de esto, pudimos armar una agenda interdisciplinaria que ayudó a posicionarnos frente a los constituyentes. Incluso, a partir de esta agenda varios de ellos ya nos reconocían como “los del librito” (porque publicamos todas las propuestas en un cuadernillo www.rutacivica.org/wp-content/uploads/2019/11/TuConstituyente-Agenda-web.pdf).

En el caso de Chile, no estoy segura si habrá un borrador y un grupo redactor como hubo en la CDMX, pero si fuera así recomendaría estar involucrados desde el principio, conocer muy bien y participar en todas las etapas del proceso. Incluso, tener aliados en el grupo redactor y desde ahí “poner el pie en la puerta, para que no la cierren”. En nuestra experiencia, esas redes y articulaciones fueron muy importantes durante todo el proceso, porque aun cuando la redacción no fue totalmente como la esperábamos, hubo muchas oportunidades para la incidencia: en la redacción del borrador, con las iniciativas, con la audiencia, en la discusión, e incluso con las reservas en comisiones y en el pleno.

También aconsejaría considerar que el proceso constituyente no se acaba con la Constitución. Después hay una gran tarea, que es elaborar los artículos transitorios y calendarizarlos de manera óptima. Estos transitorios implican la creación de leyes secundarias e instituciones necesarias para seguir incidiendo en la agenda, por lo que son tan importantes como el propio texto de la Constitución.

Finalmente, recomendaría ser pacientes. Y comprendo que a Chile no le gustaría ser paciente nunca más, pero las instituciones que se construyen con trabajo y consensos son las más perdurables. Si bien en México a dos años de la Constitución de la CDMX vemos con cierta decepción muchas cosas, también es importante reconocer que estamos viendo el corto plazo. Es fundamental tener paciencia y persistencia, visualizar horizontes y transformaciones de derechos e instituciones en el mediano y largo plazo, porque ahí es donde veremos realmente el impacto de la Constitución. Así se lo explicábamos a la gente en la calle, la Constitución es un legado de instituciones que nos dejaron generaciones anteriores que se pusieron de acuerdo.

 

 

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