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“Seguridad pública en Río de Janeiro 2018. De ciudadanos a sospechosos”

Revista Planeo Nº 35  Violencia Urbana, Marzo 2018


[Por Fernando Espósito Galarce; Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro; Dr. Arquitecto. Profesor del Departamento de Arquitectura y Urbanismo (DAU PUC-Rio), Rio de Janeiro, Brasil.
Amanda Senna Pettená; Becaria de investigación 2018 (Beca TEPP). Departamento de Arquitectura y Urbanismo (DAU PUC-Rio), Rio de Janeiro, Brasil]

Resumen

La crisis política que actualmente vive la ciudad de Río de Janeiro ha derivado en una serie de problemas de orden económico, social y de seguridad, que se expresan finalmente en el espacio público. En ese escenario actual existe una realidad que no es nueva. La imagen de las favelas siempre ha estado asociada al narcotráfico y la violencia urbana, influyendo no solo en la forma en que las políticas públicas son aplicadas en esos territorios, sino que afectando en cómo los ciudadanos de las comunidades que los habitan son vistos tanto por las fuerzas policiales como por otros ciudadanos. Durante la última década y principalmente con ocasión del Mundial de Futbol 2014 y las Olimpiadas 2016, la política de seguridad sufrió grandes transformaciones. Entre ellas se destacan la implementación de las Unidades de Policía Pacificadora (UPPs) y la reciente intervención federal en la ciudad por parte de las fuerzas de seguridad y militar. Esto, sumado a la crisis del Estado de Río de Janeiro, ha llevado a que el panorama de violencia impacte principalmente en los favelados. Desde la perspectiva de los derechos ciudadanos, la intervención del estado basada solamente en la seguridad, se muestra insuficiente cuando lo que realmente se busca es la inclusión social y la disminución del estigma que afecta a las favelas y sus habitantes.

Palabras clave: Favela, violencia, seguridad pública, Río de Janeiro

 

Figura 1a (portada)Im 1. Observación: Vecinos de la favela de Dona Marta entrando y saliendo de ella. La favela es una profundidad de la ciudad, un territorio tratado como si debiese ser constantemente pacificado, recuperado y formalizado. La favela también es ciudad / Fuente: Fernando Espósito

Introducción

La actual crisis política que afecta a Brasil y específicamente a Rio de Janeiro, ha desencadenado una serie de problemas de orden económico, social y de seguridad. Corrupción a nivel Federal y Estatal, reformas económicas que agudizan la desigualdad social, recortes presupuestarios en salud y educación, son algunas de las caras de la crisis que de una u otra forma terminan manifestándose en la ciudad. En este escenario complejo actual existen realidades que no son nuevas.

El imaginario carioca de la violencia urbana siempre ha estado marcado por el binomio favela-narcotráfico. La asociación que se establece entre los territorios favelados y la violencia que se manifiesta en toda la ciudad, influye no solo en las políticas públicas asociadas a la seguridad, sino que también en la percepción que se tiene de la favela y principalmente de quienes allí viven.

A partir de la década de los ochenta, cuando la ciudad comenzó a experimentar un aumento exponencial de la violencia, y guiadas por la lógica de la “guerra al crimen”, las políticas de seguridad pública irrumpieron como otra forma de violencia arbitraria, teniendo como principal objetivo “eliminar al enemigo interno” (Duarte, 2017). Eso llevó a que las favelas se trasformaran en escenarios de permanentes conflictos, donde operaciones y enfrentamientos con armamento de guerra se trasformaron en parte de la vida cotidiana de la población.

A partir del 2007 y 2009, años en los que se anunció que Brasil y Rio de Janeiro organizarían la Copa do Mundo y los Juegos Olímpicos respectivamente, los procesos reestructuradores se apropiaron de la ciudad. Entre las políticas de urbanización aplicadas dirigidas a las favelas, el PAC (Programa de Aceleración del Crecimiento), del Gobierno Federal, se planteó como objetivo incrementar la inversión en infraestructura, mejorar la calidad de vida y disminuir la desigualdad social en las comunidades. En conjunto con el PAC, las UPPs (Unidades de Policía Pacificadora) se hacían cargo de la seguridad pública en estos territorios. El concepto de policía de proximidad aplicado, fundamentado en la colaboración entre la población y las instituciones, consiste en unidades de policía instaladas dentro de las comunidades, con el principal propósito de recuperar territorios hasta entonces controlados por el narcotráfico y las milicias.

El uso del término “pacificación” cuando se refiere a las UPPs ha generado algunas tensiones desde que estas fueron implementadas. Hasta ahora son 38 unidades con alrededor de 10.000 efectivos. Las operaciones policiales que dieron inicio al programa de las UPPs contaron con un enorme despliegue de tropas policiales y militares y fueron ampliamente cubiertas por los medios de prensa, alimentando el carácter teatral y heroico de las intervenciones.

Hoy el programa cumple 10 años desde su implementación el 2008. Los cambios ocurridos principalmente una vez finalizados los Juegos Olímpicos 2016 colocaron en jaque su eficacia y continuidad, cuando en octubre del mismo año el Secretario de Seguridad del Estado de Río de Janeiro, José Mariano Beltrame, principal gestor del programa de las UPPs, renunciaba al cargo. Esto tuvo un impacto político inmediato, lo que se agravó aún más con  la crisis financiera del Estado que a esa altura se hacía palpable.

Desde las primeras señales de fragilidad de la seguridad pública, diversos conflictos volvieron a manifestarse con mayor frecuencia e intensidad en la ciudad, impactando no solo a quienes viven en los “morros”, sino que también a los ciudadanos del “asfalto”[1]. Avenidas y autopistas cerradas, presencia de fuerzas armadas del ejército en las calles, incremento de muertes en las favelas como consecuencia de “balas perdidas” y enfrentamientos, son algunas de las consecuencias (Im 2).

Figura 2Im 2. Gráfico que indica el número de homicidios violentos en Río de Janeiro, destacándose la disminución a partir de 2009 (con las UPPs siendo implementadas) y el aumento a partir de 2015 con su máximo en 2017. El gráfico fue divulgado por el periódico OGlobo basado en las estadísticas del Instituto de seguridad Pública de Río de Janeiro. (Fuente: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/crise-falencia-de-upps-banalizacao-de-fuzis-violencia-na-folia-veja-motivos-que-levaram-a-intervencao-federal-no-rj.ghtml)

Finalmente, el detonante mediático  de los conflictos fueron los  arrastões [2] y asaltos ocurridos durante el reciente Carnaval 2018, los que revivieron la sensación de inseguridad de décadas anteriores, nuevamente en áreas “nobles” de la ciudad. Como consecuencia de toda esta inestabilidad política y de seguridad, el día 16 de febrero de 2018 fue anunciada la intervención del Gobierno Federal en la seguridad pública de Río de Janeiro. Ahora los ciudadanos de las favelas no solo deberán convivir con una policía de proximidad, sino que además con el ejército en sus puertas, como irónicamente lo representa una de las ilustraciones del periódico O Dia. (Im. 3).

fig. 3aIm 3. En la ilustración se lee. “Ustedes están rodeados de prejuicios por todos lados. Salgan con las manos en alto. Fuente: Periódico O Dia del 22 de febrero del 2018.

EL ESPACIO PÚBLICO EN LAS FAVELAS: VECINOS Y SOSPECHOSOS

Desde la implementación de las UPPs fue posible constatar que esa proximidad de la policía derivó en un control de la vida social y cultural, producto de la permanente observación en busca de potenciales actividades delictivas y ciudadanos sospechosos. La militarización gradual de las favelas se dio en nombre de la seguridad y toda la gestión del espacio social fue llevada adelante a través de un complejo proceso de vigilancia e inmovilización de la vida urbana (Haesbaert, 2014). La regulación de la rutina de los habitantes por parte de la policía se extendió a diversas actividades, como celebraciones y encuentros familiares, incluso dentro de las propias residencias. Un claro ejemplo de esto fue la prohibición de eventos como el baile funk y hip-hop en los primeros años de la intervención de las UPPs (los bailes fueron autorizados nuevamente en 2011). Acciones como esa estereotipan las expresiones identitarias de la comunidad, interpretándolas erróneamente como prácticas delictivas a partir de una visión asistencialista proyectada sobre las favelas, como si se tratase de ciudadanos que deben ser disciplinados y tutelados (Duarte, 2017). Durante el 2017 y 2018, esas interferencias han vuelto. (fig.4).

Figura 4aFigura 4: Titular del periódico independiente “Voz das Comunidades: “Policía impide que el bloco de carnaval Unidos da Grota [3] desfile por las calles de la comunidad”, en el que se denuncia policial de la UPP de la favela del Complexo do Alemão, durante el Carnaval 2018 / Fuente: http://www.vozdascomunidades.com.br/comunidades/complexo-do-alemao/policiais-impedem-bloco-unidos-da-grota-de-desfilar-pelas-ruas-da-comunidade/)

De la misma forma en que se asocia el narcotráfico a las favelas, muchas veces a los favelados se les estigmatiza como infractores. Son tratados como aquellos “otros” en comparación a los miembros legítimos de la sociedad, lo que los degrada en su humanidad, cuestionando sus derechos de ciudadanía. (Freire, 2014).

Así, la acción policial dentro de las favelas no solamente actúa en respuesta a los conflictos de seguridad, tráfico y violencia. Ella se ha transformado en un agente inhibidor de toda actividad que pueda ser interpretada como un riesgo potencial a la seguridad, lo que relativiza muchas veces los límites entre la función policial y los derechos de la ciudadanía para expresarse libremente en el espacio urbano, agravando aún más los procesos de estigmatización física y social.

Hoy, la intervención del Gobierno Federal en la seguridad pública del Estado de Río de Janeiro revela al mismo tiempo la fragilidad estatal frente a la complejidad del problema de la violencia urbana y expone la necesidad de constantes acciones paliativas. La permanente observación que intenta mitigar los riesgos y “eliminar el enemigo interno”, acaba teniendo efectos colaterales de censura sobre las comunidades y provocando una reducción en el uso del espacio público en esos territorios. Se corrobora así que la presencia policial como acción aislada no es suficiente. Mientras las políticas sociales e inclusivas asociadas a la seguridad pública continúen siendo tratadas como algo dispensable y como eventos de exposición mediática para el gobierno de turno, la disminución de la violencia, la desigualdad y la estigmatización no será posible. El ya clásico funk da felicidade [4] seguirá sonando como un llamado de atención desde las favelas:

“Eu só quero é ser feliz
Andar tranquilamente na favela onde eu nasci,
E poder me orgulhar
E ter a consciência que o pobre tem seu lugar.”

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Notas
[1] En Rio de Janeiro una de las forma para referirse a quienes viven en favelas se les denomina habitantes de los morros (cerro en español), diferenciándolos de los que viven en la ciudad formal y regulada, en la ciudad del asfalto.
[2] Se denomina arrastão a un robo en el que actúa un grupo organizado de personas, que de forma rápida y violenta se apodera de las pertenencias de otros. En Río de Janeiro  estas prácticas proliferaron durante la década de 1980 y 1990, generalmente en playas.
[3] En Río de Janeiro, los blocos de carnaval son grupos organizados que desfilan festivamente por la ciudad durante la semana anterior y posterior al carnaval. Existen cientos de ellos y se identifican por la música, barrio, vestimenta, motivo o tema al cual le rinden algún homenaje.
[4] https://www.youtube.com/watch?v=qKkQjwji8LM
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Referencias bibliográficas:
Haesbaert R. (2014). Viver no Limite. Edit. Bertrand Brasil. 231 a 233p.
Duarte M. (2017). Las políticas públicas em las favelas de Río de Janeiro: Convergencias y tensiones en el desarollo de la ciudadanía (neo)liberal. Em: Edital Conferência Internacional Santiago 2017 Proyecto Muei, p.985-1000.
Freire J. (2014). ‘Violência urbana’ e ‘cidadania’ na cidade do Rio de Janeiro: Tensões e disputas em torno das ‘justas atribuições’ do Estado. Revista de Estudos de Conflito e Controle Social, Vol. 7, no.1- p.73-94.

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