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“Hic svnt dracones: las manchas excluidas de la comunidad”

Lo que hacen estas políticas es declarar que estos espacios están geográficamente excluidos de la comunidad política y sus habitantes, y al ser designados como ocupantes de lugares que requieren ser intervenidos, difícilmente pueden ser considerados como parte de una idea común de ciudadanía.
Revista Planeo Nº 29  Fronteras urbanas y territoriales, Septiembre 2016.
[Por Pascual Cortés, Abogado de la Universidad de Chile. Miembro del Comité de Defensa y Promoción de Derechos Humanos de la Población La Legua.
Martín Montes, Licenciado en Ciencias Sociales, Sociólogo y estudiante del Magíster en Desarrollo Urbano PUC. Tesista del proyecto FONDECYT de investigación “Marginalidad Urbana y Efectos Institucionales
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Resumen: 
Esta reflexión discute sobre los efectos simbólicos que tienen las intervenciones que han tenido los programas de seguridad que se han implementado en los denominados “barrios críticos” en Chile durante los últimos años. Para ello se toma como ejemplo el caso de la Legua (San Joaquín), el cual da cuenta de que la falta de planificación y la carencia de evaluaciones que tienen éstos programas finalmente terminan colaborando con la estigmatización del barrio, más que mejorando las condiciones de vida de sus habitantes. Se plantea, en definitiva, que este fenómeno perpetúa y agrava la exclusión de ciertos espacios geográficos de cualquier proyecto de construcción de una comunidad de ciudadanos.

Palabras claves: Políticas públicas, estigmatización, barrios críticos.

 

HIC SVNT DRACONES (‘aquí hay dragones’) es una frase que se utilizaba en la edad media para referirse a territorios inexplorados o peligrosos, los cuales eran identificados en la cartografía de la época para ser evitados o para tomar los resguardos necesarios en caso de pasar por allí. Estos sectores eran representados en los mapas a través de serpientes marinas u otras criaturas mitológicas amenazantes.

Im1_PRAIm1. Carta Marina Olaus Magnus (1539) / Fuente: www.vozpopuli.com

Casi 500 años después, en Chile (y probablemente en otros países también), diversas instituciones han determinado que ciertos sectores específicos de la ciudad son lo suficientemente peligrosos o amenazantes como para ser evitados o tratados de manera “especial”. Si bien ya no se habla de dragones, aún existen las llamadas “zonas rojas”, las cuales están muy bien identificados en las hojas de ruta de varias empresas de servicios. En estos lugares no hay cobertura de telefonía e internet, no se reparten despachos, los técnicos de reparación de servicios de agua y luz no llegan, los taxis o colectivos no entran, entre otros. Esta situación se vuelve aún más compleja cuando incluso los servicios públicos brillan por su ausencia. Según un estudio realizado por el Centro de Investigación e Información Periodística (CIPER) en estos sectores “ni las policías ni las ambulancias ni los bomberos responden a sus llamados” (CIPER, 2009). Dicho estudio identificó que esta situación se da, con mayor o menor medida, en al menos 80 poblaciones de Santiago, lo que significa que más de 650 mil personas viven en sectores en donde los servicios básicos le son negados. De este modo, la segregación ya existente que se da por la falta de equipamiento urbano, se ve reforzada a través de una negación (y exclusión) por parte de los prestadores de servicios.

Frente a esta situación, el Estado ha decidido intervenir implementando programas “especiales”, los cuales se focalizan exclusivamente en los denominados “barrios críticos”. Estos programas consisten en intervenciones diseñadas por el gobierno central, por lo general enfocados en el tema de seguridad durante un período de tiempo definido (por lo general entre 2 y 4 años), y con una inversión aproximada de $100 millones de pesos anuales por barrio. ¿Cuáles han sido los criterios para seleccionar dichos barrios? Para el caso del programa Barrio Seguro del Ministerio del Interior el cual intervino doce poblaciones, esto es un misterio ya que los criterios de selección no eran públicos, sin embargo se cree que se consideró “la visibilidad y presencia en los medios de los lugares intervenidos, que precisamente los convertía en emblemáticos” (Frühling y Gallardo, 2012, p. 161). Programas más recientes como el Barrio en Paz, toman en cuenta estadísticas delictuales y de vulnerabilidad social, seleccionando así aquellos casos “más críticos” (Frühling y Gallardo, 2012).

Pero, ¿qué efecto tiene el hecho de que en nuestro mapa haya ciertos lugares señalados como “críticos”? ¿Es inocuo que se diga públicamente que dichos lugares deben ser objeto de “intervenciones” estatales?

La tendencia a mostrar ciertos espacios como lugares “críticos” tiene un potente efecto simbólico. Lo que hacen estas políticas es declarar que estos espacios están geográficamente excluidos de la comunidad política y sus habitantes, y al ser designados como ocupantes de lugares que requieren ser intervenidos, difícilmente pueden ser considerados como parte de una idea común de ciudadanía. El etiquetamiento de espacios como barrios críticos no hace más que perpetuar el histórico patrón de exclusión de estos lugares, reforzando en el resto del territorio (las zonas “pacificadas”, allí donde no hay dragones) la construcción de un “otro” que habita sectores desconocidos y peligrosos y que puede incluso constituirse como una amenaza.

Este efecto se radicaliza cuando se considera que muchas veces, a la vez que se designa un espacio como “barrio crítico” las políticas desplegadas no pasan de ser un ejercicio retórico. Así, respecto de lugares que han vivido históricamente el abandono del Estado, siendo excluidos sistemáticamente del acceso a los bienes y servicios de la vida urbana, recae además un etiquetamiento estigmatizador carente de sustancia.

Efectivamente, existe una tendencia a crear programas o planes de seguridad o recuperación de barrios que no se traducen en una política concreta, carecen de responsables directos y no son debidamente evaluados. De esto da cuenta, por ejemplo, el hecho de que en su oportunidad, Patricio Rosende, Subsecretario del Interior durante el primer gobierno de la actual presidenta, dijera que no sabía si se podía hacer una evaluación de los efectos del programa Barrio Seguro (CIPER, 2009). Asimismo, respecto a la intervención en La Legua en Santiago, uno de los planes más emblemáticos, se ha develado que en realidad no existe planificación alguna (Álvarez, et al., 2009). Según dijo el Ministerio del Interior en 2009 ante el Consejo para la Transparencia, lo de “plan” no es más que “un nombre de fantasía” (Amparo C39-2010). Sobre el mismo plan, en el año 2013 se dijo que éste era una mera coordinación interministerial, sin presupuesto asignado y sin que sea posible técnicamente contar con una evaluación (Oficio 1889 de la Subsecretaría de Prevención del Delito). Tanto el Ministerio del Interior y Carabineros de Chile han negado la existencia de un plan de intervención (Corte de Apelaciones de San Miguel, Amparo Rol 217-2014) y recientemente el Subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey, reconoció que en realidad, hasta la fecha, a pesar de que van ya 15 años desde que se habla de una intervención en La Legua, no existe propiamente un plan (Comité DD.HH. La Legua, 2016). Por su parte, un reciente estudio realizado por el INDH señala que la intervención policial de La Legua ha traído más violencia y estigmatización al barrio. Los datos muestran que cada año se realizan más allanamientos y las infracciones por la ley de drogas casi se han triplicado entre 2008 y 2015. Según constata un reportaje de La Tercera, los vecinos dicen que si bien “los narcos han ido siendo arrestados, hoy hay más balaceras que nunca”. A pesar de todo esto, el actual Intendente Orrego ha dicho que la experiencia del “plan” de La Legua pretende ser utilizada en otros sectores tales como las poblaciones Parinacota (Quilicura) y El Castillo (La Pintana).

El Chile de hoy está atravesado por múltiples formas de desigualdad y segregación. Pero una particularmente grosera es aquella de la que intentamos dar cuenta: aquella que queda literalmente estampada en el mapa. Y las consecuencias ya las anticipábamos. Contar con un mapa donde se designan ciertos espacios como zonas “rojas” o “críticas”, implica una doble exclusión de estos lugares y sus habitantes de la comunidad política. En un primer sentido, porque son lugares que no han sido parte de un verdadero acceso a servicios básicos, donde derechos sociales como la educación, la vivienda, la salud, entendidos como esferas donde los ciudadanos se encuentran en su igualdad, no significan absolutamente nada. En un segundo sentido, porque, junto con lo anterior, se les señala y estigmatiza, como destinatarios de políticas para su rescate o recuperación, pero que muchas veces no pasan de ser un mero juego de palabras, acercándose más a una estrategia política que busca mostrar que existe una preocupación por los sectores que hasta entonces han sido abandonados, más que un plan efectivo capaz de mejorar la calidad de vida de los habitantes de dichos sectores. De este modo, la posibilidad de construir una comunidad política, donde los ciudadanos se reconocen unos a otros como iguales, encuentra entonces explícitas fronteras internas, ya que aparecen manchas en el mapa donde a veces es el mismo Estado el que se permite decirle al resto que ahí viven los dragones.

Referencias bibliográficas:

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