Frente a la desaparición del Estado benefactor y la pérdida de su capacidad para regular las condiciones del mercado, los gobiernos han intentado “equilibrar” la realidad sociopolítica de los países que lideran, de manera de generar una impresión positiva a los inversores y potenciales inversores. Sin embargo, las decisiones han ido en desmedro de los intereses ciudadanos, situaciones que se tornarían aún más conflictivas porque los administradores del capital tienen percepciones contrarias y capacidades diametralmente diferentes a la ciudadanía en relación a la producción del espacio. Aun así, el presente artículo se propone demostrar que a pesar de verse limitada por estructuras que no pueden ser manejadas a nivel local, la ciudadanía ha sabido tomar tanto herramientas institucionales como no institucionales para apalear, en la medida de lo posible, la aplicación de medidas que atentan en contra de sus derechos urbanos. Para ejemplificar tales capacidades, tomaremos el caso de los vecinos del Barrio Yungay, quienes por medio de la gestión patrimonial, y amparados por la institucionalidad que el Estado ha configurado para ello, han logrado proteger una zona de la ciudad que se ve potencialmente amenazada por el boom inmobiliario en la comuna de Santiago.
Palabras clave: Patrimonio, Presión Inmobiliaria, Ciudadanía, Barrio Yungay