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“El postconflicto en Colombia: Una oportunidad para el desarrollo rural”

Uno de los puntos más estratégicos de las negociaciones hace referencia a una Reforma Agraria Integral, que se presenta como una oportunidad para promover el desarrollo sustentable en el campo colombiano, el cual ha sufrido los efectos de la guerra, la pobreza y el abandono del Estado.
Revista Planeo Nº 29  Fronteras urbanas y territoriales, Septiembre 2016.
[Por María Fernanda Martínez; Politóloga. Tesista Magíster en Medio Ambiente y Asentamientos Humanos, Universidad Católica de Chile]
Resumen: Hace 4 años comenzó el proceso de paz en Colombia, en el cual la principal guerrilla del país, las FARC-EP y el Gobierno Nacional se sentaron en la Habana a negociar puntos estratégicos para finalizar un conflicto armado que lleva más de 50 años. Uno de los puntos más estratégicos de las negociaciones hace referencia a una Reforma Agraria Integral, que se presenta como una oportunidad para promover el desarrollo sustentable en el campo colombiano, el cual ha sufrido los efectos de la guerra, la pobreza y el abandono del Estado. Este año, las negociaciones en la Habana finalizaron y el Acuerdo ha sido presentado a la sociedad como una oportunidad para la reconciliación nacional y para cerrar la enorme brecha urbano- rural que ha habido históricamente en el país.
Palabras clave: campo, conflicto, Colombia.


PRA2Im1. El presente colombiano Juan Manuel Santos, Raúl Castro y el máximo líder de las FARC “Timochenko” se dan la mano. Fuente: BBC.com

Colombia está viviendo un momento histórico en la actualidad; después de más de 50 años de conflicto armado, el país inicia una etapa de reconciliación gracias al Acuerdo de paz que se ha negociado en la Habana entre las FARC-EP y el Gobierno nacional. El proceso de negociación ha despertado la esperanza en millones de colombianos que nacieron y crecieron en un país donde los secuestros, las muertes y el desplazamiento forzado eran parte de la cotidianidad. No obstante, el Acuerdo de paz ha despertado algunos cuestionamientos entre algunos sectores de la sociedad y se ha consolidado una fuerte oposición de aquellos que no están dispuestos a dar concesiones a la guerrilla y permitir su participación política. El próximo paso será la votación de un plebiscito que se llevará a cabo el 2 de octubre y frente al cual los sondeos previos advierten que los resultados estarán reñidos.

El conflicto en Colombia ha tenido dos caras que han estado profundamente relacionadas: el enfrentamiento militar de diferentes actores -guerrilla, paramilitares, Estado- por el poder territorial y el control de actividades ilegales como el narcotráfico; y por otra, el conflicto agrario que surge de la disputa de tierras y la ausencia de reconocimiento de lo rural en las políticas nacionales (PNUD, 2011). El fracaso de las políticas gubernamentales de redistribución de la tierra y la creciente presión demográfica impulsaron dinámicas de colonización a las que se sumaron la disputa armada de territorios productivos por el control del cultivo de coca, el petróleo o el oro, entre otros recursos (Palacios & Safford, 2002). Además, los ecosistemas también ha sido víctimas del conflicto debido a la tala de árboles para el cultivo de coca y los impactos negativos de las fumigaciones con glifosato, la promoción de la ganadería extensiva, los ataques guerrilleros a oleoductos, la contaminación de aguas y suelos por la minería ilegal, entre otras cuestiones. En 2015 se llevó a cabo un censo rural que evidenció que el área sembrada con cultivos en es del 6,3 % que equivalen a un poco más de 7 millones de hectáreas y comprobó que los niveles de concentración de la riqueza, pobreza y educación en el campo son alarmantes (DANE, 2015).

Los acuerdos de la Habana surgen como una oportunidad para repensar el presente y futuro del campo colombiano y de las relaciones que deben gestarse en un país de ciudades, que no sólo se caracteriza por la consolidación de diferentes centros urbanos en el territorio nacional, sino también por la expresión de rivalidades regionales y fragmentaciones socio-culturales en un país con gran diversidad cultural y étnica. Las políticas de ordenamiento territorial en el país requieren ajustarse al proceso de postconflicto que reconozca las relaciones entre lo urbano y lo rural y reafirme el papel estratégico que cumple el campo colombiano en la construcción del desarrollo sustentable.

El Acuerdo negociado entre el Gobierno y las FARC busca asegurar la desmovilización y la participación política de la guerrilla, garantizar los derechos de las víctimas a la reparación, la verdad y la justicia y cuenta con un capítulo especial para el desarrollo rural (León, 2016). La Reforme Rural Integral, RRI, es la propuesta que se ha gestado en el marco de las negociaciones y pretende promover la transformación del campo, cerrar las brechas entre los espacios urbanos y rurales y mejorar la calidad de vida en sectores rurales que no sólo viven en condiciones precarias sino que históricamente han sido afectados por el conflicto armado, los cultivos ilícitos y el abandono del estado (García, 2016).

La RRI se centra en cuatro temas principales, a saber: 1. El uso y acceso a la tierra, enfocado en incentivar el uso productivo del suelo, subsanar los conflictos derivados de la ganadería extensiva y el bajo porcentaje de suelos con vocación agrícola, formalizar la pequeña y mediana propiedad rural, actualizar la información catastral en las zonas rurales además de garantizar el acceso de las familias campesinas a la tierra por medio de instrumentos como créditos, subsidios y el Fondo de Tierras[1]; 2. Programas Especiales de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, los cuales se basan en el empoderamiento comunitario y se desarrollan en los territorios que requieren atención prioritaria; 3. Planes Nacionales Sectoriales para reducción de la pobreza rural en un 50%, el mejoramiento de la productividad agrícola, el fomento a la economía campesina solidaria y la inversión en infraestructura (vías terciarias, sistemas de riesgo y drenaje a pequeña escala, electrificación y la conectividad digital en el campo), además del mejoramiento de las condiciones de   productividad agrícola, vivienda, trabajo y servicios básicos en las áreas rurales; 4. Sistema especial de seguridad alimentaria y nutricional, a través del cual se pretende incentivar la producción de alimentos agrícolas, fortalecer los mercados locales y regionales, desarrollar programas contra el hambre y robustecer la institucionalidad en temas de seguridad alimentaria (García, 2016) (Equipo paz gobierno , 2013).

Img2_PRAIm2. Trabajadores rurales. Fuente: PNUD, 2011.

A este kit de herramientas propuesto en el marco de las negociaciones se suma la necesidad de llevar a cabo planes de zonificación ambiental que limiten la frontera agrícola, conserven áreas de interés ambiental y promuevan cuestiones como el pago por servicios ambientales. De igual forma, se pretende promover la participación ciudadana en el ordenamiento local en la definición de orientaciones para el uso del suelo rural y la promoción del diálogo social para la resolución de los conflictos de tierras.

La articulación de las políticas territoriales con las estrategias de reinserción de actores armados, reparación de víctimas y recuperación de ecosistemas afectados, es una práctica necesaria para un país rico en recursos naturales y sociales, pero con graves problemas de violencia y degradación ambiental. Por esta razón, los puntos de Acuerdo en el tema rural, pueden ser una oportunidad para promover el desarrollo territorial en Colombia y se espera que las propuestas puedan ser llevadas a la práctica, para lo cual se requiere no sólo la voluntad de los actores negociadores sino de todos los colombianos.

Notas
[1] Este fondo lo constituyen las tierras adquiridas por narcotraficantes y testaferros, así como los territorios baldíos indebidamente ocupados salvando los derechos de las comunidades indígenas o afrocolombianas (García, 2016)


Referencias Bibliográficas
Acción Social . (2011). Campesinos, tierra y desarrollo rural. Bogotá: Unión Europea.
Alban, A. (Primer semestre de 2011). Reforma y contrarreforma agraria en Colombia. Revista de Economía Institucional, 13(24), 327-356.
Corredor, C. (2001). La revolución inconclusa . En A. Varios, Desarrollo económico y social en Colombia en el siglo XX (págs. 15 – 37). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
Equipo paz gobierno . (2013). En qué va el proceso de paz. Política de Desarrollo Integral. . Obtenido de http://equipopazgobierno.presidencia.gov.co/especiales/abc-del-proceso-de-paz/politica-de-desarrollo-agrario-integral.html
García, A. (2016). Conoce el Acuerdo sobre el Desarrollo rural. Obtenido de Oficina del Alto Comisionado para la Paz : http://equipopazgobierno.presidencia.gov.co/especiales/abc-del-proceso-de-paz/politica-de-desarrollo-agrario-integral.html
León, J. (24 de Agosto de 2016). El Acuerdo con las Farc: una oportunidad histórica. Obtenido de La silla Vacía : http://lasillavacia.com/historia/el-acuerdo-con-las-farc-una-oportunidad-historica-57675
Palacios, M., & Safford, F. (2002). Colombia: país fragmentado, sociedad dividida. Su historia. Bogotá: Norma.
PNUD. (2011). Tierra y conflicto . En PNUD, Informe Nacional sobre Desarrollo Humano. (págs. 180-214). Bogotá : Naciones Unidas.
Ruiz, N. Y. (enero-abril de 2011). El desplazamiento forzado en Colombia: una revisión histórica y demográfica. Estudios Demográficos y Urbanos, 26(1), 141-177.
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